Espinosa fue sancionado por una obra ilegal que le endosó al productor de ‘Ocho apellidos vascos’

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, fue sancionado en firme en 2010 por hacer una obra ilegal en su casa, un proyecto de Rocío Monasterio que llevó a cabo sin licencia y burlando una orden de paralización. La justicia confirmó ese año una multa de 17.784 euros y la orden de demolición que le había impuesto el Ayuntamiento de Madrid en 2005. Pero Espinosa no solo no derribó lo construido, sino que vendió la casa con la demolición pendiente sin decírselo a su comprador, que pagó 1,1 millones de euros. El nuevo propietario era uno de los productores de Ocho apellidos vascos, David Naranjo, que siete años después descubrió lo ocurrido y ahora debe afrontar el gasto, valorado en 22.000 euros. El cineasta, que no ha querido hacer declaraciones, recurrió la decisión, pero una sentencia firme del pasado mes de julio le obliga a demoler el sótano, toda una nueva planta con cocina en lo que era simplemente una carbonera, y volver a dejarlo como estaba.

Este es el décimo caso de irregularidades urbanísticas que involucra a Espinosa de los Monteros y a su esposa, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, que en las fechas de esta operación dirigía un estudio de arquitectura a su nombre y firmaba planos cuando en realidad todavía no había acabado la carrera. Este periódico ha intentado recabar la versión de los dos dirigentes de Vox, pero no ha obtenido respuesta.

En esta ocasión el nombre que aparece en los expedientes municipales, a los que ha tenido acceso este periódico, es el de Espinosa, que construyó sin licencia, ignoró los requerimientos de Urbanismo, impidió el acceso de los inspectores a la obra y dilató el proceso hasta que un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid lo condenó a pagar una multa de 51.331,68 euros. El dirigente ultraderechista presentó dos recursos y al final abonó 17.784 euros. En medio de todo ese proceso fue cuando se deshizo de la casa, un chalé de dos plantas en Fuente del Berro, una colonia histórica de Madrid con restricciones de protección especial.

La aventura urbanística de la pareja de Vox en este barrio junto a la M-30 comenzó en 2005, cuando compraron la vivienda, en el número 11 de la calle Aralar. En los siguientes cinco años compraron, reformaron y vendieron tres casas de la colonia. En al menos dos de ellas vivían y las enseñaron a sus compradores cuando ellos estaban dentro. Monasterio y Espinosa no solo vendían una casa, vendían su casa. Los compradores adquirían, de paso, cierto estatus. El padre de Espinosa, marqués de Valtierra, era entonces presidente de Mercedes Benz España y, anteriormente, presidente de Iberia.

Al poco de adquirir la vivienda, en septiembre, Espinosa presentó una solicitud de actuación comunicada por obras de "pocería y saneamiento". Pero en noviembre unos inspectores se presentaron en la casa y detectaron graves irregularidades. Las obras eran de mucha más envergadura de lo comunicado al Ayuntamiento. Los funcionarios descubrieron que no existía la licencia. En diciembre de ese año el departamento de disciplina urbanística ordenó la paralización de las obras. Le dieron a Espinosa dos meses para que presentara una licencia que amparase unas obras de esa dimensión, pero hizo caso omiso.

Cuatro meses después, la inspección volvió y descubrió que los obreros continuaban sus labores en el sótano. Regresaron 15 días después para precintar la obra. Entonces les abrió la puerta una asistenta del hogar de nacionalidad rumana. "Se accede a su interior y se comprueba que las obras están terminadas a falta de remate y a falta de protección de barandillas y huecos. Y aparentemente se está residiendo", señala el expediente. Los inspectores avisaron de que iban a proponer la demolición de lo construido y que abrirían un expediente sancionador por incumplimiento de la orden de paralización.

En mayo de 2006 se cerró el expediente de solicitud de licencia de obras de conservación por desistimiento. Esa fue una constante en el modus operandi del tándem Monasterio y Espinosa de los Monteros. Comunicaban al Ayuntamiento una actuación menor, con lo que se saltaban el trámite de presentar un proyecto visado, algo que no podía hacer todavía Monasterio al no tener el título. Así comenzaban una ida y vuelta con la administración de solicitudes y recursos que dilataban en el proceso. Cuando el Ayuntamiento comunicaba el archivo de la petición ya era tarde, y las obras, como en este caso de Fuente del Berro, ya estaban acabadas.

El Ayuntamiento dio un mes de plazo para derribar esas "obras abusivas". La pareja trató de legalizar una obra que en realidad ya estaba ejecutada ilegalmente. Espinosa alegó que esa actuación "no estaba prevista y tuvieron que realizarse al descubrirse su mal estado de conservación". Incluso presentó el proyecto técnico en el Colegio de Arquitectos más de dos años después de los trabajos.

Al final, la administración le comunicó que la resolución era definitiva en vía administrativa. Había que demoler sí o sí. Empezó entonces la ofensiva final de sanciones del Ayuntamiento y fue justo entonces cuando Espinosa decidió vender la casa. En febrero de 2008 se abrieron los trámites para una "ejecución sustitutoria", es decir, que como el dueño no procedía a la demolición lo haría una cuadrilla de obreros acompañada de la policía municipal. En julio se impuso a Espinosa una multa de 50.000 euros, que tras sus recursos ante los tribunales luego se quedaría en casi 18.000 euros. Pero dos meses después, en septiembre, vendió la casa a David Naranjo.

El productor de cine se enteró de todo este lío, según relata en el recurso que presentó en el Ayuntamiento, casi ocho años después, en marzo de 2016, al recibir un requerimiento de demolición. En sus alegaciones explicó: "Desconocía completamente que el inmueble adquirido en 2008 estaba sometido a ningún expediente de demolición, sobre la base o consecuencia de unas obras supuestamente fuera de la legalidad construidas por su anterior propietario".

El productor insistió en su recurso que él compró de "buena fe" y consideró "injusto" que cargue con la demolición sin ser el responsable. Acudió a los tribunales, que tampoco le dieron la razón. Llevó el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo consideró culpable por el principio de subrogación urbanística, es decir, que la responsabilidad no es solo sobre quien hizo la obra ilegal, Espinosa en este caso, sino también sobre "los sucesivos titulares de la misma". En julio de este año el Ayuntamiento le comunicó que el sótano deberá reponerse "a su estado original". Naranjo deberá pagar por unas ilegalidades de las que, según dijo ante los tribunales, no tenía ni idea.

La exesposa del productor David Naranjo continúa viviendo en la casa que compraron al matrimonio de Vox. “Hicieron una obra estética —explica la mujer— pero todo se ha roto porque en realidad estaba mal hecho. Se hizo solo para figurar. Se me han descolgado desde entonces los radiadores, la fosa séptica se me inundó de aguas fecales. Imagínate lo que es eso. He tenido todo tipo de problemas con la construcción. Averías constantemente. Hay grietas, filtraciones de agua, he tenido goteras desde la terraza. Las calidades de la casa, salvo las ventanas, eran un desastre. No vale el precio que se pagó”.

La mujer pidió información al Ayuntamiento sobre el proceso de demolición del sótano porque, en última instancia, es ella la más perjudicada, ya que vive en la casa con sus dos hijos adolescentes. Cuando comience la obra, de gran envergadura porque la cocina que está ahora en el sótano deberá recolocarse en la primera planta y el dormitorio de uno de sus hijos quedará inutilizado, estará obligada a mudarse durante unos meses. La exesposa de Naranjo recuerda llegar a la casa cuando pensaban comprarla y ver a Monasterio y Espinosa viviendo allí. “No había ni un solo libro, ni una estantería. Eso me sorprendió. Muchas cámaras sí, para vigilar al servicio me dijeron. Yo di por hecho que Rocío era arquitecta, por supuesto. Tenía su estudio cerca de aquí”, añade la mujer.