‘Caso ERE’: el PSOE andaluz afronta su sentencia más difícil

En 2009, dos empresarios hosteleros de Sevilla sufrieron un intento de extorsión y decidieron grabar de manera oculta a los exdirectivos de la lonja municipal Mercasevilla. Ninguno imaginó que de esa grabadora brotaría dos años después el mayor caso de corrupción investigado en Andalucía: los ERE fraudulentos. La macrocausa acumula 507 imputados y su pieza política —de un total de 146— empieza este martes a poner orden al rompecabezas con la primera sentencia sobre el procedimiento de pago del fondo.

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El fallo vendrá a acotar la responsabilidad de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como la de seis exconsejeros —la exministra Magdalena Álvarez, entre ellos— y 13 ex altos cargos como el interventor general y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de aquella etapa. Tras un año de juicio y 152 sesiones, definidas como “eternas” y “sesudas” por las defensas y las acusaciones, desde el pasado enero los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla han deliberado para plasmar una sentencia que alcanzará las 1.700 páginas, una extensión parecida a la del caso Gürtel (1.687 páginas) y que triplica la del reciente juicio del procés (493 páginas).

Los tres jueces que formaron el tribunal han intentado a toda costa evitar las filtraciones para eludir las críticas. Pese a ello, los abogados del caso consultados han virado desde la expectación que mantenían hace unas semanas a un prudente pesimismo respecto a la prevaricación y malversación continuadas, tanto por la extensión de la sentencia como por los comentarios de pasillo, tan dados a las especulaciones.

Este martes se despeja la incógnita que marcará el paso al centenar y medio de piezas que todavía están bajo investigación, pero en cualquier caso será, previsiblemente, el Tribunal Supremo el órgano que fije de manera firme la responsabilidad penal de los políticos procesados por una década de ayudas públicas que sumaron 680 millones de euros. Hasta llegar a la resolución de esta semana, durante nueve años de investigación los ERE fraudulentos han atravesado múltiples etapas con hasta siete jueces instructores. ¿Qué abarca esta compleja macrocausa?

Hace una década, el caso Mercasevilla, en cuyo expediente de regulación de empleo la policía halló varias personas prejubiladas ajenas a la empresa, fue el hilo del que tirar para destapar un complejo sistema instaurado en la Junta andaluza para beneficiar con prejubilaciones a amigos del director general de Trabajo, alcaldes y altos cargos del PSOE. La montaña de irregularidades y delitos fue creciendo durante años hasta convertirse en un dinosaurio de dos millones de folios y centenares de tomos que abarcan una década de ayudas públicas de empleo (2000-2009) otorgadas desde el Gobierno andaluz.

La juez Mercedes Alaya lideró la investigación junto a la Guardia Civil —que pronto relevó a la policía— y la Fiscalía Anticorrupción para analizar 270 ayudas directas y ERE subvencionados por la Consejería de Empleo. Salieron a relucir gastos en cocaína con fondos públicos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero y su chófer, empresas fantasma y una red clientelar con cientos de empresarios, aseguradoras, abogados y trabajadores implicados en el fraude.

Sin embargo, al margen de sobrecomisiones y pólizas ilegales, el fondo estuvo dotado con 680 millones, y el 85% de este dinero, según fuentes del caso, fue destinado a las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores, muchos de los cuales aún perciben retribuciones hoy día. “Los titulares con mensaje grueso sobre el caso de corrupción más grande de la democracia han sido una lluvia fina que ha calado, a pesar de estar basada en prejuicios”, censura un abogado del caso, que solicita el anonimato.

La investigación fue escalando peldaños en la jerarquía de la Junta hasta que, en 2013, Alaya inculpó a la excúpula de la Junta por supuestamente diseñar el sistema para que los ERE se materializaran y así beneficiar a empresas afines a los socialistas.

Mientras las líneas de investigación se multiplicaban en todas direcciones, la juez mantenía su proa hacia los exdirigentes del Gobierno andaluz, unas pesquisas que han culminado en la pieza política, que es la única juzgada hasta ahora y de la que este martes se conocerá la sentencia. En 2015 Alaya ascendió a la Audiencia de Sevilla y fue sustituida por María Núñez, que dividió la causa en 187 piezas, de las cuales 146 siguen vivas. De ellas, hay cuatro sumarios próximos a enjuiciarse.

Durante nueve años de instrucción la causa ha tenido siete jueces. En los últimos años Núñez avanzó en las causas, pero lo hizo entre tirones de oreja desde la Fiscalía, que recurría todas sus decisiones ante la Audiencia con relativo éxito. Hasta que el pasado verano Anticorrupción denunció a Núñez ante el Poder Judicial por provocar “la parálisis” de la investigación e incurrir en “retrasos injustificados”. El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente decidir si sanciona a la magistrada. Esta semana se conocerá si la instructora presenta la quinta baja por enfermedad consecutiva que la mantiene alejada de la macrocausa, según fuentes del decanato de la capital andaluza.

Por el camino, las defensas ganaron una pelea crucial cuando la Audiencia de Sevilla decidió que los responsables políticos de las subvenciones no serán acusados en ninguna de las 146 piezas separadas —una por cada ayuda—, dado que ya han sido procesados por el total del fondo en la pieza política.

Nadie se atreve a fijar un final para esta procelosa investigación si discurre al ritmo que ha seguido hasta ahora —una sentencia y cuatro sumarios en la Audiencia tras nueve años—. Sin embargo, este martes se dilucida gran parte de la historia de esta macrocausa que ha marcado la política reciente andaluza.