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Alaya torpedea la defensa de Chaves y Griñán en el Supremo por los ERE

La instructora quiere ratificar en su juzgado la prueba clave contra los aforados

Los expresidentes presentaron un contrainforme para desmontar la acusación

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos el pasado enero. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos el pasado enero.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha emprendido una maniobra de última hora para torpedear la estrategia de defensa de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Alaya ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado el próximo jueves para que ratifiquen el informe en el que la magistrada sustenta sus acusaciones contra la excúpula del Gobierno autónomo. Sin embargo, el pasado 30 de septiembre, la magistrada dictó un auto en el que rechazaba la ratificación de ese mismo informe pericial en su juzgado, un paso imprescindible para dar validez procesal a la prueba. La juez argumentaba entonces que la ratificación debía producirse en el Supremo, ya que el informe de los interventores afectaba a aforados. Y añadía que la ratificación del informe en su juzgado causaría “indefensión” a los ex altos cargos de la Junta andaluza.

¿Qué ha pasado para que la juez cambie de opinión en solo cinco meses de forma tan drástica? La clave está en que Griñán ha presentado en el Supremo otro informe pericial, elaborado por los catedráticos de Derecho Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, en el que se impugna la tesis de los peritos de la Intervención del Estado.

Estos últimos sostenían en su informe, entregado oficialmente a la juez en diciembre de 2013, que la cúpula de la Junta hizo un uso ilegal de la herramienta presupuestaria con la que se pagaban los ERE (las transferencias de financiación). Basándose en ese informe, Alaya mantiene que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal para repartir ayudas entre trabajadores y empresas y ve indicios de prevaricación y malversación en los expresidentes Chaves y Griñán y en siete exconsejeros. En agosto, la juez elevó la exposición razonada al Supremo, que en noviembre abrió una causa a los cinco aforados en Cortes, mientras que el Tribunal Superior de Andalucía estudia el caso de los cuatro aforados autonómicos.

El informe pericial presentado por Griñán defiende, por el contrario, la legalidad de las transferencias de financiación, un instrumento presupuestario común en las administraciones públicas, y focaliza el fraude en la gestión del dinero público que se hizo en la Consejería de Empleo.

Tras cuatro años de instrucción, el caso ERE acumula ya 266 imputados entre ex altos cargos de la Junta, funcionarios, empresarios, banqueros, abogados o sindicalistas. Entre ellos también hay un exfutbolista (Pizo Gómez) y una monja.

En un auto dictado hace una semana, la juez olvida su tesis inicial de la indefensión de los aforados, cita a los interventores para el próximo 19 de febrero y reclama al Supremo la pericial de Griñán, “considerando necesario disponer de dicho informe antes de la ratificación señalada”.

Mientras, el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha presentado un escrito en el Supremo en el que pide a la Sala Segunda de lo Penal que ordene a la juez que se “abstenga” de proceder a la ratificación del informe de los interventores del Estado y que no le envíe el informe elaborado por los dos catedráticos. El escrito incide en que la ratificación del informe debe hacerse en el Supremo y no en el juzgado sevillano, ya que esto causaría “indefensión” a Griñán, porque este no está personado en esta causa sino en la que abrió el Supremo.

El letrado del expresidente abunda en que, con su decisión, la magistrada ha invadido competencias del alto tribunal. Además, recuerda que la juez llegó a fijar dos fechas para la ratificación del primer informe (25 de febrero y 1 de abril de 2014) pero en ambas ocasiones decidió aplazar la medida. El abogado hace hincapié en esos 14 meses de “absoluta inactividad procesal” para cuestionar la actuación de la magistrada.

Las sospechas se ciernen sobre el informe desde hace un año

El informe de la Intervención General del Estado, clave para la imputación de los cinco aforados en el Supremo, arrastra sospechas desde que en diciembre de 2013 los peritos lo entregaran de manera oficial a la juez Mercedes Alaya. La razón es que meses antes la magistrada incluyó citas muy similares en las imputaciones a varios ex altos cargos de la Junta, y esta supuesta ocultación pudo generarles indefensión al comparecer desconociendo los argumentos de los peritos.

“No consta que, alternativamente, el interventor general recabara para sí la fiscalización de los expedientes de transferencias de financiación del programa 31L, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 72.2”, achacó la juez al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en su imputación el 25 de julio de 2013. Seis meses después, los peritos del Estado incluían este párrafo: “En virtud de lo establecido en el artículo 72 y 81 del Reglamento de Intervención, [el interventor general] tampoco avocó o recabó para sí la fiscalización de tales expedientes”.

Otra similitud llamativa figura en la imputación de la exministra y exconsejera andaluza socialista Magdalena Álvarez. “La elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto (...) constituye un minucioso y dilatado procedimiento”, fijó Alaya el 31 de octubre de 2013. Mes y medio después, los interventores destacaron cómo “la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual constituye un dilatado y minucioso proceso”.

La Audiencia de Sevilla advirtió el pasado junio a Alaya de que podía haber conculcado el derecho de defensa de varios imputados al negarles acceso a unas declaraciones clave incluidas en la causa, y le ordenó que las incorporara “de forma inmediata”.

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