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El juez investiga un fraude en las ayudas del Govern al deporte catalán

La Guardia Civil practica registros en Barcelona y detiene al secretario general de Deportes, Gerard Figueras, por presuntas irregularidades en las subvenciones

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Gerard Figueras, segundo desde la derecha, junto a la comitiva policial.

Un juez de Barcelona investiga un supuesto fraude en las ayudas públicas que el Gobierno catalán concede en el ámbito del deporte. La Guardia Civil detuvo este martes al secretario general de deportes de la Generalitat, Gerard Figueras (PDeCAT), y a otras tres personas ligadas al partido por su implicación en el desvío de fondos. Los investigadores ignoran, por ahora, el destino final de ese dinero. La investigación alcanza a las subvenciones otorgadas a la plataforma pro selecciones catalanas, a la gestión del canal olímpico de Castelldefels e incluso a la candidatura Barcelona-Pirineos para acoger los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

La Guardia Civil detuvo en Vic a Figueras y lo trasladó después a la sede de la Secretaría General del Deporte, en Esplugues (Barcelona). Los agentes registraron su despacho y otras dependencias del organismo y también del Consejo Catalán del Deporte, encargado del reparto de las subvenciones. En la operación, ordenada por el juez, también fueron arrestados Lluís Pallisera (subdirector de gestión de esa misma secretaría), la exconcejal por Barcelona del PDeCAT Maite Fandos y un exempleado del partido soberanista y apoderado de Equacat, Àlex Gallo.

En los autos de entrada y registro, el juez señala que el Consejo Catalán del Deporte maneja “abundantes fondos públicos” que fueron distribuidos, según los indicios de la investigación, “de forma ilegítima en función de criterios políticos o de amistad, al margen de los criterios tasados legalmente”. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, atribuye a los cuatro detenidos los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. “Hablamos de corrupción pública imbricada profundamente en el seno de la Administración catalana en la que muy probablemente han participado también políticos”.

El juez ordenó expresamente a los agentes los expedientes sobre ayudas públicas recibidas por cuatro entidades entre 2014 y 2019: la plataforma pro selecciones catalanas, la Federación Catalana de Gimnasia, la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas (UFEC) y Equacat, la empresa pública de la Generalitat que “explota y gestiona la actividad lúdica y deportiva” del canal olímpico de Castelldefels.

“Estamos sorprendidos de que aparezca nuestro nombre. Lo tenemos todo en regla y hemos sido muy escrupulosos al pedir subvenciones”, explicaron ayer fuentes de la plataforma que apoya el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas catalanas. Desde 2015, la entidad ha recibido al menos 2,2 millones de euros en ayudas del Consejo Catalán del Deporte.

La operación de ayer es una fase más en la macrocausa que el juez Aguirre mantiene abierta sobre presuntas irregularidades en las subvenciones públicas en Cataluña, la mayoría en entes gobernados por el PDeCAT (la antigua Convergència). En mayo de 2018, los agentes practicaron ya una veintena de registros por las ayudas, por valor de un millón de euros, que la Diputación de Barcelona adjudicó hasta 2015 —en época del convergente Salvador Esteve— para proyectos de cooperación en Marruecos, Bosnia y Honduras. La causa ha encontrado indicios de irregularidades, también, en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat.

Las fundaciones

Las intervenciones telefónicas son, por ahora, la principal prueba de la que dispone el juez. Los investigadores, sin embargo, ignoran por el momento el destino final de los fondos que presuntamente desviaron y si sirvieron para el enriquecimiento personal de los investigados, para financiar al PDeCAT e incluso para sufragar gastos del procés.

Una de las pistas que tienen en su poder es que, tanto en las ayudas sobre cooperación como en las del deporte, aparecen vinculadas dos fundaciones: Catmon e Igman, ambas en la órbita de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Figueras aprobó “pagos por publicidad institucional” en las revistas que editan esas dos fundaciones “de modo arbitrario y sin justificación”, según la resolución judicial. En una de las conversaciones, Figueras sondea al presidente de la UFEC para “pasarle una subvención” y que ésta sea trasladada a la fundación Catmon. El PDeCAT aseguró ayer, en un comunicado, que “no tiene nada que ver con ninguna práctica de financiación irregular”, y que “no puede haber ninguna prueba que pueda implicar directa o indirectamente” al partido.
La causa apunta también a la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030. Desde su cargo de asesora en la Diputación de Barcelona, la exconcejal Maite Fandos debería hacerse cargo de una fundación que permitiría “vehicular” el dinero público otorgado al proyecto. 

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