El juez investiga anomalías en los contratos de publicidad de Ferrocarrils de la Generalitat

Un juez de Barcelona investiga irregularidades en los contratos de publicidad que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) insertó en distintos medios durante cinco años y hasta 2018. Enric Ticó, que presidió la empresa pública de la Generalitat hasta julio del año pasado, declaró la semana pasada ante la Guardia Civil como investigado, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. Las presuntas anomalías en Ferrocarrils son parte de una investigación más amplia sobre las ayudas en cooperación de la Diputación de Barcelona.

Los agentes preguntaron a Enric Ticó, en la comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, sobre las presuntas irregularidades que han hallado en los expedientes administrativos de publicidad. En el marco de la investigación sobre la Diputación de Barcelona, los agentes localizaron contrataciones menores de inserción de anuncios en medios de comunicación. Por ejemplo, sobre el Vall de Núria o sobre el Cremallera de Montserrat. Los contratos menores —cuyo importe es inferior a 15.000 euros— pueden adjudicarse sin contrato público, o sea a dedo, lo que en ocasiones favorece los tratos de favor.

Las sospechas se centran en ciertas irregularidades de los expedientes administrativos. Las mismas fuentes ponen como ejemplo que algunos de los contratos se adjudicaron sin justificación aparente y por un importe presuntamente superior al de mercado. La cuantía es escasa: en cinco años —de 2013 a 2018— los contratos bajo sospecha suman 23.000 euros. Un portavoz de Ferrocarrils rechazó ayer hacer comentarios al respecto.

La investigación la dirige el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. En mayo del año pasado ordenó a la Policía una veintena de registros por una supuesta trama de corrupción en torno a las ayudas de la Diputación de Barcelona. Las pesquisas se centran en las ayudas, por un millón de euros, que el ente provincial destinó entre 2011 y 2015 a proyectos de cooperación en Marruecos, Bosnia y Honduras. La sospecha es que algunas ayudas no llegaron a su destino. Las irregularidades se produjeron durante el mandato del convergente Salvador Esteve y afectan a diversos cargos provinciales del PDeCAT. El juez investiga a más de 30 personas por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado considera, en sus autos, que hubo “impunidad” en el seno de la diputación con estas ayudas y sospecha también de la relación “personal” entre los políticos y los responsables de las fundaciones que recibían ayudas.