El decreto contra la ‘república digital’ asusta a los internautas

El decreto-ley contra la república digital que pretende poner en pie el independentismo catalán y que, entre otras medidas, permite al Gobierno central intervenir “con carácter excepcional y transitorio” las redes y servicios de telecomunicaciones —telefonía, fibra óptica, Internet...— en caso de amenazas para el orden público es acogido con recelo por juristas y expertos. El Gobierno insiste en que la norma, que ha entrado este miércoles en vigor, simplemente busca “garantizar la prestación” de los servicios y “evitar o frenar que se den casos de mal uso o de abuso” por parte de particulares o administraciones, como la Generalitat, que gestionan las redes. Sin embargo, los temores sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales, como las libertades de expresión e información, son la tónica entre los consultados por EL PAÍS.

Miguel Pérez Subías, ingeniero de telecomunicación y presidente de Asociación de Usuarios de Internet (AUI), califica el decreto como “una barbaridad” que, en su opinión, abre la puerta, por ejemplo, a que el Ejecutivo, sin intervención judicial, pueda cerrar una página web. El decreto impide, entre otras cosas, el uso de tecnologías como el blockchain para la acreditación de la identidad de las personas, uno de los métodos con los que la Generalitat podría intentar sustituir al DNI o crear una agencia tributaria paralela. Pérez Subías afirma que “no se pueden prohibir las tecnologías”. Este experto considera que el decreto “no soluciona el problema que pretende atajar y puede resultar peligroso”.

Desde el ámbito jurídico, a Borja Adsuara, abogado experto en protección de datos, el decreto le suscita “dudas de constitucionalidad”. Según él, la norma, aunque no está concebida para ello, puede afectar a derechos fundamentales. “La urgente necesidad no puede hacer que se deje en manos de un gobierno la censura previa y el secuestro de publicaciones, cuando hubiera duda sobre derechos fundamentales tiene que intervenir el juez”, afirma.

Adsuara, por el contrario, ve razonable la protección de los datos de los ciudadanos que se ve reforzada por otras medidas contempladas en el decreto, como la obligación de que los servidores informáticos de las administraciones públicas tengan que estar en países de la UE o, en casos de datos más sensibles, en territorio español. “Es una barbaridad el plan de trasladar los datos y los tramites administrativos para crear una criptomoneda y una agencia tributaria paralela o duplicar en la nube las instituciones de la Generalitat para desconectarla de la Administración española”, afirma. “Es un mundo paralelo virtual, como Los Sims, sin eficacia jurídica en la realidad”, añade.

Enric Luján, profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, opina que el cierre de páginas web es “lo más insignificante” que podría hacer el Gobierno con el nuevo decreto. Según él, el control de las redes permitiría, por ejemplo, que el Ejecutivo pudiera crear zonas sin conexión a Internet de manera "muy segmentada y quirúrgica”. “Permite lanzar actuaciones del Ejecutivo sin control judicial con criterios de urgencia, hasta que se considera que cesa la urgencia, con criterios subjetivos. La ambigüedad en la ley es peligrosa”.