Interior triplica sus trituradoras de marihuana por el alza de incautaciones

La eficacia policial contra el narcotráfico ha puesto en un aprieto logístico al Ministerio del Interior. El “exponencial aumento” de las plantaciones de marihuana desmanteladas en los últimos años por las Fuerzas de Seguridad ha obligado al Gobierno a adquirir 14 máquinas para triturar las plantas intervenidas, según el pliego de licitación al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas se suman a las siete compradas en 2017 y que se habían revelado insuficientes para evitar el colapso de los almacenes en los que se custodia la droga hasta su destrucción final.

En 2013, el primer año en el que las estadísticas policiales contabilizaban la marihuana intervenida por el número de plantas (hasta entonces se hacía por su peso), las Fuerzas de Seguridad se incautaron de 176.165. En 2017, esta cifra se había disparado hasta las 1.124.674. Un 538% más. En 2018, último año del que hay datos, el número de plantas incautadas había descendido a 981.148. Aun así, unas cifras elevadas que, como recoge la Fiscalía en su última memoria, habían situado a las Unidades Regionales de Depósito, en las que se almacenan las drogas hasta su destrucción, “al límite de sus capacidades”; y habían obligado a la policía a llevar parte de la droga depositada provisionalmente en dependencias policiales directamente a su destrucción sin pasar por estos almacenes. A este colapso también había contribuido “ciertos problemas técnicos de las empresas dedicadas a la destrucción, puesto que no es esta la única, ni siquiera la principal actividad” de las mismas, recalcaba la memoria fiscal.

Fue en 2017, el año del récord de plantas de cannabis intervenidas, cuando Interior decidió buscar una fórmula para el tratamiento de la marihuana y apostó por los modelos tradicionales de destrucción de restos de poda. Para ello, adquirió una máquina de la utilizadas habitualmente en labores de jardinería que fuera capaz de triturar ramas de hasta siete centímetros de diámetro y la puso a prueba en una de las provincias donde más cantidad de esta droga se interviene, Granada. “La experiencia resultó positiva y confirmó estas máquinas como el mejor sistema para el tratamiento de las plantas de cannabis intervenidas”, detallan fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), el organismo de Interior que se encarga del gestionar la destrucción de la droga.

2.000 euros por máquina

Interior adquirió ese año otras seis máquinas y las distribuyó por otras tantas provincias. Las 14 que se van a adquirir ahora —habrá, por tanto, 21 en total— se repartirán de dos en dos en otras siete provincias (una para Guardia Civil y otra para la Policía Nacional). “En años sucesivos se pretende alcanzar una cobertura nacional total”, recalcan estas fuentes. Cada máquina cuesta algo más de 2.000 euros más IVA, que saldrán de los 900.000 presupuestados para el transporte y destrucción de todo tipo de drogas.

Pese a la nueva maquinaria, Interior seguirá contratando puntualmente a empresas externas para triturar plantas de marihuana, sobre todo cuando los invernaderos desmantelados tengan 1.500 plantas o más. “En caso de cantidades inferiores, los cuerpos policiales, con la maquinaria suministrada, pueden realizar esta actividad”, destacan las fuentes del CITCO.

Estas máquinas no son, sin embargo, el punto final de la marihuana intervenida. Tras ser triturada para reducir de manera considerablemente su volumen y, de este modo, reducir los problemas de almacenaje que actualmente sufren los depósitos, la marihuana seguirá los procedimientos tradicionales de destrucción: la incineración o el mezclado en plantas de vertederos con residuos sólidos. La memoria fiscal destaca que, en la actualidad, el tiempo que media desde la incautación de un alijo de cualquier tipo de droga hasta su efectiva destrucción oscila entre mes y medio y tres meses.