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Granada, capital de la marihuana

La Guardia Civil desmantela en la provincia casi una plantación casera por día

La Guardia Civil interviene una plantación ilegal de cannabis en Granada.
La Guardia Civil interviene una plantación ilegal de cannabis en Granada.

La primera cosecha cubre los gastos. La segunda, por si te pillan. La tercera ya da beneficios. Esa es la pauta de rentabilidad de la marihuana, explica un teniente de la Guardia Civil. Y cada cosecha dura tres meses. Si no hay contratiempos, en seis meses llegan los beneficios. Pero esta mañana de marzo, los contratiempos han llegado sin avisar a una vivienda en una localidad del área metropolitana de Granada. Una docena de agentes de la Guardia Civil ha irrumpido en la casa y ha descubierto casi 600 plantas de marihuana. Su llegada ha roto la puerta y la pauta de rentabilidad. Estas macetas ya no darán un euro.

El año 2018 acabó con 123.000 plantas de marihuana intervenidas en la provincia de Granada por la Guardia Civil y 458 personas puestas a disposición judicial. La producción de cáñamo en esta zona de Andalucía ha alcanzado tales niveles que en algunos lugares hasta ha acarreado serios problemas de suministro eléctrico a la población, porque la cantidad de energía que consumen las plantaciones caseras provocan frecuentes cortes de luz. “Mucha de la marihuana que se produce en Granada acaba en Holanda, Francia y en otros países de Europa porque las redes de distribución de esos países vienen, con camiones incluidos, aquí a buscar su suministro”, explica uno de los investigadores de la Guardia Civil

Todo comienza con un olor o un chivatazo. En este caso, los agentes lo intuyeron por el aroma y comenzaron la investigación, explica el agente que la ha dirigido. “Una noche incluso estuvimos por allí de madrugada. No pudimos avanzar mucho porque unos perros empezaron a ladrar y tuvimos que irnos para no delatarnos”, cuenta. Antes de empezar la operación, hay tranquilidad y buen humor. No parece que en un rato vayan a echar abajo una puerta sin saber seguro quién habrá al otro lado. Los encargados de irrumpir primero en la vivienda son cuatro miembros de una patrulla lince —equipos itinerantes— de la Unidad de Seguridad Ciudadana. “Abrimos, limpiamos y después entra el resto de compañeros”, resumen. El resto son ocho agentes que se harán cargo de la incautación propiamente dicha. A ellos se unirán cinco trabajadores del equipo antifraude de Endesa y dos de la empresa de agua. Diecinueve personas y ocho vehículos en total.

El jefe del equipo distribuye las tareas. Dos tirarán la puerta abajo con un ariete. Otro entrará primero con su escudo antibalas. Y luego, el jefe. Todos, pistola en mano. El año pasado, hubo en Granada 341 intervenciones como la de hoy. Y este grupo ya está muy experimentado. Llaman tres veces a la puerta de la casa, situada en un callejón estrecho y con apenas 30 metros de largo. Como nadie responde, el ariete entra en acción. La puerta es metálica, no se abre fácil y requiere varios golpes. Finalmente, el primer agente logra cruzar el umbral al grito de “¡Guardia Civil!” mientras blande su escudo. Pero las precauciones son innecesarias: no hay nadie dentro.

El teniente sale satisfecho. “La casa está llena de plantas”, dice. No hay nadie porque el sistema está totalmente automatizado. Un marcador indica 25º de temperatura y un 15% de humedad. “El dueño solo viene aquí para regar, es lo único que no funciona de modo automático”, explica el teniente. El recuento final será de 575 macetas distribuidas en cuatro habitaciones perfectamente pertrechadas para que las cosechas se multipliquen.

Las plantas, en su gran mayoría, están solo a dos o tres semanas de poder ser recogidas. Las de una habitación, dicen los agentes, apenas tienen una semana de cultivo. Una cosecha como esa genera aproximadamente 30.000 euros. Por cuatro al año, 120.000. En las paredes, a modo de recordatorio, hay anotaciones a lápiz de cuándo se cortó una cosecha o cuándo se plantó la otra. Una inscripción indica que hubo alguna especialmente prolífica, con un millar de plantas.

Las plantaciones de marihuana bajo techo suelen usar viviendas alquiladas a nombre de algún testaferro, que solo cobra por dar su nombre. El negocio requiere una inversión en material eléctrico y de ventilación: aire acondicionado para oxigenar la habitación, ventilador para mover el aire, extractores con filtros de carbono para sacar ese mismo aire y que el olor no salga fuera, así como focos para dar calor. Todos esos componentes se pueden comprar legalmente en tiendas especializadas, desde las semillas a la tierra, pasando por los focos o los extractores. Por dar de alta la luz no hay que preocuparse. Se engancha clandestinamente a la línea general y a tirar.

La operación sigue su curso. Mientras unos agentes guardan las 30 plantas y las cinco hojas necesarias para que un laboratorio certifique que lo incautado es marihuana, otros, tijeras en mano, cortan todas las demás para destruirlas.

Cuando, una hora y media después de salir del cuartel, la Guardia Civil emprende el regreso, aparece una brigada civil para completar el trabajo. Es el equipo antifraude de Endesa, que se afana en hacer las mediciones que prueben que los responsables de la plantación han cometido un fraude eléctrico. Antes de empezar a inutilizar la instalación, hay que ponerla a toda potencia para ver qué consumo genera. En el caso de la vivienda intervenida en esta operación, el medidor indica 110 amperios. “Ese es el consumo de 20 o 30 viviendas normales”, dice uno de los trabajadores, que también ha medido el consumo de las casas aledañas. Han probado en seis viviendas y en cuatro, la medición apunta al fraude. Y una, con las ventanas tapiadas y 56 amperios en el marcador, algo más que fraude. Pero para entrar en esa casa no hay orden judicial. Habrá que esperar a otra oportunidad. En Granada nunca faltan: de promedio, casi cada día es desmantelada una plantación de marihuana.

 

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