Cataluña moviliza el voto ¿a favor de...?

El yo no voto de muchos ciudadanos tras la convocatoria electoral de unos comicios solo ocho meses después de los anteriores no ha desaparecido, pero ha dado paso a la duda. La reacción política, social, junto a los disturbios en la calle, por la sentencia de condena de políticos independentistas catalanes trasciende con mucho a esa comunidad autónoma y ha puesto a Cataluña como centro de la campaña para las elecciones del 10 de noviembre. Porque campaña hay, todos los días.

La efervescencia política ha vuelto y tras el desánimo han llegado la pasión y la discusión sobre lo más llamativo: los desórdenes, y la respuesta del Estado.

Todas las miradas se fijan en La Moncloa, donde la preocupación se ha instalado ante la imposibilidad de prever la evolución de los acontecimientos. Pero no solo por la violencia en las calles —el Gobierno la distingue de la actitud pacífica de la mayoría de los catalanes, aunque la normalidad no hay por qué resaltarla— sino por la actitud de los autodenominados partidos constitucionalistas: PP y Ciudadanos.

La continuidad de la crisis catalana y la respuesta a la sentencia han abierto la puerta a que la intención de voto cambie de un partido a otro, además de hacer que los abstencionistas se replanteen su inhibición. En las cúpulas de los partidos así lo creen y quienes recibían malas estimaciones de los estudios demoscópicos ven la oportunidad de remontar. Para ello necesitan alejarse del Gobierno en funciones.

Alejarse de Pedro Sánchez y criticarlo por no utilizar la suficiente energía y los instrumentos necesarios para que no haya algaradas. Lo acusan de dejación de funciones, como repiten Albert Rivera y Pablo Casado; se sitúan al lado de las fuerzas de seguridad del Estado que, desde su perspectiva, tampoco numéricamente tienen la dotación adecuada. No, no hay acuerdo ni lo habrá, reconocen en las direcciones de sus partidos.

Las condiciones que ponen para estar al lado del Gobierno, de momento, son imposibles. El PSC no va a romper sus pactos en poblaciones de Cataluña con partidos independentistas y el Gobierno no ve ninguna razón técnica para aplicar la Ley de Seguridad del Estado, ni para activar el artículo 155 de la Constitución. Pero tampoco puede parecer débil ni connivente con el independentismo.

En ese difícil equilibrio, el Gobierno no cabe de satisfacción ante la coordinación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil y se zafa como puede de justificar por qué no atiende las llamadas del presidente de la Generalitat. A La Moncloa, la espera para introducir otros temas se les hace eterna. Quedan 20 días para las elecciones en los que Pedro Sánchez aún cree que podrá convencer de que su opción es la que ofrece más garantías ante la crisis territorial. El independentismo no se lo va a poner fácil y su división no será aprovechada por los constitucionalistas, afanados en conseguir el voto del de al lado.