Los intentos por deshacer lo que Franco dejó “atado y bien atado”

En Apuntes de un condenado por el 23-F, escrito en la cárcel, el excoronel Ignacio San Martín recuerda una "emocionante" excursión al Valle de los Caídos - “Nuestras mujeres depositaron flores en la tumba. Se rezó por el caudillo…”- antes de explicar el “malestar militar” preludio del intento de golpe de Estado. Treinta y siete años después, en 2018, el teniente coronel José Ignacio San Martín Naya, su hijo, suscribía con más de un centenar de militares una “declaración de desagravio” a la “vilipendiada figura del general Franco” que, “llegado el momento crucial para la supervivencia de la nación española, asumió la responsabilidad para ejercer el mando único de la España agredida y asediada por el comunismo internacional”. El texto reclamaba al Gobierno que abandonara “la perversa pretensión de exhumar” sus restos y exigía “gratitud” hacia el dictador.

FRANCO: El SUPREMO avala la EXHUMACIÓN del VALLE DE LOS CAÍDOS y que los restos vayan a EL PARDO

En 1993, un joven de 21 años llamado Santiago Cantera se presentó a las elecciones generales y europeas por una rama de Falange Española. El pasado 9 de octubre firmó, como “prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, negando la entrada a la basílica para exhumar a Franco. Unos días antes, el 24 de septiembre, el Supremo había avalado por unanimidad el traslado de los restos del dictador.

Llevó 18 años construir el monumento, 13 más de lo que Franco había previsto. Y la democracia ha tardado cerca de medio siglo en arrebatárselo para que deje de ser lo que el dictador quiso que fuera: un monumento a sí mismo y a su triunfo en la Guerra Civil. “La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascenden­cia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya no pueden quedar perpetuados por los senci­llos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia. Es necesario que las piedras que se levanten ten­gan la grandeza de los monumentos antiguos y que desafíen al tiempo y al olvido”, dejó escrito Franco en el decreto de 1 de abril de 1940 en el que declaró “la urgente ejecución de las obras”. El mausoleo se inauguró finalmente en 1959. También la democracia ha invertido más tiempo y esfuerzos de los previstos en empezar a cambiar su significado. “Es urgente porque vamos tarde”, declaró Calvo el 24 de agosto de 2018, cuando se aprobó el real decreto ley para la exhumación. Aún quedaban 14 meses más de obstáculos en los que iba a aflorar esa última resistencia franquista. Lo que sigue es la historia del trabajoso camino que ha recorrido el país hasta levantar una losa de 1.500 kilos y deshacer los nudos que el dictador creía haber dejado atados y bien atados.

Leguina: “Forman parte de la historia; dejémoslos en paz" (1983). En 1982, el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo dictó la ley reguladora de patrimonio nacional, que en una disposición adicional anunciaba una comisión con las partes afectadas (el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, el Gobierno madrileño, el Ministerio de la Presidencia y los benedictinos) para elaborar una propuesta sobre el régimen jurídico de la Fundación del Valle de los Caídos, administrada por los benedictinos desde 1958. En julio de 1983, el entonces presidente de madrileño, Joaquín Leguina (PSOE), admitía que el monumento tenía “connotaciones claramente antidemocráticas”, pero consideró "absurdo y arbitrario" cualquier proyecto que implicara el traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera. "Forman parte de la historia; dejémoslos en paz". La comisión no prosperó.

Las peticiones del PNV: “Va siendo hora…”. En 2001, el diputado peneuvista José Juan González de Txábarri defendió en el Congreso una proposición no de ley para condenar el alzamiento militar recordando que en “esa mole faraónica” llamada Valle de los Caídos “nada honra” a los caídos por la República ni a los que fueron obligados a construirlo. El PP tumbó la iniciativa. En 2004, el senador Iñaki Anasagasti también urgió al Ejecutivo a intervenir. “Va siendo hora de que un gobierno socialista se cuestione si es de recibo que en el siglo XXI se tenga en el Valle de los Caídos un inmenso monumento a una de las partes de la contienda y enterrado en él al máximo responsable de aquella barbarie”.

El PP, en 2003, como en 2019: “A ver si así saca votos…”. El 24 de septiembre de 2003, como recuerda Fernando Olmeda en su exhaustivo El Valle de los Caídos, una memoria de España, la diputada socialista María José López mantuvo un rifirrafe en el Congreso con la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, por la subvención de 150.000 euros que el Gobierno del PP había concedido a la Fundación Franco en los últimos años. Del Castillo respondió con una frase idéntica a la que su partido repite estos días, esto es, que el PSOE quiere hablar de Franco “a ver si así saca votos”. Amparo Valcarce le replicó recordando a la ministra su pasado comunista: “Hay que ver qué recorrido el suyo: ha ido desde la Bandera Roja al Valle de los Caídos”. Un día después del 28 aniversario de la muerte de Franco, la socialista también afeó al Gobierno que hubiera permitido a los invitados de la fundación a la misa por Franco no pagar la entrada al monumento.

Fin a las concentraciones franquistas (2007). Durante el debate de la ley de memoria histórica, Izquierda Unida, ERC y el BNG plantearon convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y hablaron del traslado de los restos de Franco. El texto finalmente aprobado se limita a prohibir “actos exaltadores del franquismo” como los que llevaban años celebrándose cada 20-N.

El auto de Garzón (2008). El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ocho exhumaciones de restos de republicanos enterrados en el Valle, pero la Audiencia suspendió su orden. El magistrado terminó sentado en el banquillo acusado de prevaricación por abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El Supremo finalmente, le absolvió.

El Comité de expertos (2011). “Le pido por favor al Gobierno de Mariano Rajoy que no meta este informe en un cajón”. El ruego del entonces ministro de la presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, cayó en saco roto. El Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero había llegado con la bocina, al final de su segunda legislatura, a la presentación del informe de la comisión de 13 expertos que se había encerrado durante seis meses para decidir cómo transformar el monumento. El documento, que recomendaba el traslado de los restos de Franco, se presentó en una rueda de prensa el 28 de noviembre de 2011, una semana después de las elecciones que aquel año se celebraron, precisamente, un 20-N. El PP lo metió, efectivamente, en un cajón.

El aval parlamentario (2017 y 2018). Dos veces ha votado el Congreso sobre la exhumación de Franco y dos veces ha ganado el sí por mayoría. En 2017 se trataba de una proposición no de ley del PSOE. El PP se abstuvo y Ciudadanos votó a favor. En 2018, el Congreso convalidó el decreto ley para exhumar a Franco. El partido de Albert Rivera, en esta ocasión, se abstuvo.

El aval judicial. El pasado septiembre, el Supremo avaló por unanimidad la decisión del Gobierno de exhumar a Franco, rechazando los recursos de su familia, que ha batallado hasta el final. “No se pretende más que retirar del primer plano, desde luego en un lugar de titularidad estatal, cuanto signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil”, argumentaron los magistrados. José Yusty, responsable del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, hijo y nieto de almirantes franquistas, también trató de suspender la exhumación alegando motivos de seguridad para los operarios. Esta semana, el mismo día que el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazaron el último intento de los nietos de Franco por detener la exhumación, el juez Yusty archivó su causa.

Cuarenta y cuatro años después de la muerte de Franco, la democracia salvó el último obstáculo.