Los tribunales desbaratan el discurso más radical de PP y Cs sobre el ‘procés’

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés dictada este lunes desmonta, junto a la emitida el pasado julio por el Constitucional sobre la aplicación del artículo 155, el discurso más radical del PP y Ciudadanos respecto al desafío independentista. Ambos órganos han descartado en solo cuatro meses que se produjera un delito de rebelión en Cataluña en el otoño de 2017 y que se pueda intervenir la autonomía de forma "general" e "indefinida", como han propuesto las fuerzas de la derecha durante los dos últimos años.

A diferencia de lo ocurrido tras la resolución del Constitucional, cuando PP y Cs rehusaron comentar el varapalo, los líderes de las dos fuerzas tuvieron que salir este mismo lunes a tratar de minimizar el impacto de la sentencia sobre sus tesis. Pablo Casado fue el primero que compareció, sin preguntas, para celebrar las condenas a los dirigentes secesionistas y presentar, de seguido, una batería de reformas para endurecer el Código Penal, como recuperar el delito de rebelión impropia, tipificar el de referéndum ilegal y obligar a los sentenciados por rebelión o sedición a cumplir íntegramente sus penas. "Hoy es un día para la satisfacción. Se ha hecho justicia", dijo después Albert Rivera, que matizó de seguido: "Mucha gente piensa que esta sentencia no es suficiente. Y les digo que no están solos".

"Pedimos a PP y Cs un comportamiento más leal y moderado. Deberían dejar de utilizar Cataluña", les ha respondido este martes Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones. "Habría que preguntar a Casado y a Rivera si es que no acatan o no les gusta la sentencia. Tenemos que respetar al alto tribunal y acatar la sentencia. Les pido que hagan ejercicio de responsabilidad, porque nos jugamos mucho", ha añadido también Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Aunque, relamente, lejos quedan ya las palabras más duras de las fuerzas de derechas.

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Sublevación de las pasiones

Por ejemplo, cuando el dirigente del PP calificó al Ejecutivo socialista como "indecente" por "forzar a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas". O cuando el líder de Cs sentenció el mismo 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament declaró unilateralmente la independencia, que se había producido una "rebelión": "Y una rebelión es un delito" —línea argumental que reforzó posteriormente con el fichaje de Edmundo Bal, el abogado del Estado que denunció que fue "castigado" por defender la misma tesis que la Fiscalía—.

A este respecto, el Supremo se muestra tajante. En su resolución, donde no hablan en ningún momento de "golpe de Estado" —un término que no ha parado de utilizar la derecha desde el 1-O—, los magistrados consideran que el desafío secesionista de 2017 "no tiene encaje en el delito de rebelión". "No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión", apuntan los jueces del alto tribunal, que reiteran que, para calificar los hechos de esa forma, la violencia tendría que haber sido "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines" que alentaron los procesados. Una dimensión que descartan: "Es violencia para lograr la secesión".

Un duro golpe del Supremo a la línea más dura de la derecha que tiene una segunda derivada. La resolución del lunes critica también a aquellos políticos que plantearon el debate sobre el indulto cuando aún nadie había sido condenado. Y aunque hubo líderes de la izquierda, como Miquel Iceta (PSC) y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se pronunciaron sobre el tema, PP y Ciudadanos interpelaron constantemente a Pedro Sánchez para que dijera en público que nunca iba a concederlos. A todo ello, el Tribunal Supremo lo considera una "falta de rigor y responsabilidad institucional".

Suspender la autonomía

Durante meses, el PP y Cs compitieron también por presentarse a la sociedad como la formación más decidida a volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña, incluso sin un límite temporal definido. Lo reiteraron sobre todo durante la campaña para las elecciones generales de abril, cuando el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, pidió a los ciudadanos la mayoría absoluta en el Senado "para acabar de una vez con todas" con "la anomalía democrática" en Cataluña; y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que era el momento de aplicar ya el 155 ante "un presidente que no respeta y dice que no quiere respetar la Constitución y las leyes", en referencia a Quim Torra. El 155 "no entiende de tiempo", repetían en Cs.

Pero el 5 de julio enmudecieron. En dos sentencias publicadas ese día, el Tribunal Constitucional fijó los primeros límites para aplicar este artículo. La medida debía ser siempre un recurso "excepcional y subsidiario", subyugado a un "límite temporal". "No es un fin en sí mismo", advertía. Es un "último recurso". Así que nada de activarlo de forma genérica e indefinida. "El fallo entierra el discurso desleal de la derecha de un 155 preventivo e indefinido", apuntaba entonces Ander Gil, portavoz en el Senado del PSOE, que ha encontrado en el Supremo un nuevo respaldo contra la tesis de la derecha.