Marchena, el juez que se convirtió en protagonista

Hay una gran diferencia entre ser conocido y ser famoso. El pasado 12 de febrero, día que se inició en el Tribunal Supremo la vista oral del juicio del procés, el magistrado Manuel Marchena Gómez, nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 60 años, ya era un personaje relevante en el mundillo judicial. No solo porque en 2004 se convirtiera en el fiscal de sala más joven del Supremo y en 2007 ya fuera también el magistrado más joven del alto tribunal, sino porque en los últimos tiempos tuvo que lidiar con casos mediáticos y controvertidos, además de verse envuelto hace ahora un año en las refriegas políticas por el control de la justicia.

Pero lo de ser famoso es otra cosa, y le llegó de sopetón, apenas dos días después de iniciado el juicio, cuando uno de los abogados de Vox, Pedro Fernández, intentó meter presión al tribunal exigiéndole que prohibiera el lazo amarillo que portaba uno de los políticos presos. Y entonces Marchena, que parecía estar esperando la oportunidad, le dio un baño al letrado en vivo y en directo ante el gesto de sorpresa de algunos de los independentistas sentados en el banquillo de los acusados.

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Le dijo el juez Marchena al abogado Fernández que el tribunal que él presidía iba a hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó en 2017 a Bosnia y en 2018 a Bélgica por no haber permitido la exhibición en sendos juicios de símbolos religiosos. “Es cierto”, explicó Marchena de forma tan pedagógica como tajante, “que [el lazo amarillo] no es un símbolo religioso, pero el problema es que el rango axiológico con el que lo contempla el convenio de Roma es exactamente el mismo: símbolos religiosos o ideológicos. La Sala quiere interpretar que [el lazo amarillo] es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo”.

El abogado de Vox, ante tal despliegue argumental, no tuvo más remedio que asentir y asunto resuelto. Todavía quedaba mucho juicio por delante, pero ya había nacido una estrella mediática que no hizo más que crecer durante las 52 jornadas y los cuatro largos meses que duró la vista oral. Las frases de Marchena durante las sesiones –“vamos a evitar la ironía introductoria” o “la fiebre no tiene trascendencia jurídica”– se hicieron célebres en las redes sociales y llegaron a ser impresas en chapas y camisetas. Hasta la fiel infantería independentista, que cada día acudía al Salón de Plenos pertrechada de símbolos amarillos, llegó a reconocer en algún momento de debilidad que aquel magistrado tan preparado y ocurrente los tenía despistados. Lo expresó con gracia, ya en la recta final del juicio, una señora muy elegante que, sentada en la segunda fila de los bancos reservados al público, contempló cómo sus colegas independentistas se reían con una de las ocurrencias de Marchena:

–Esto es un teatro. Lo de Marchena es un teatro. Eso sí, lo hace bien. Es un buen actor.

Lo cierto es que, en su vida anterior a la fama, cuando solo era conocido en el ámbito judicial, el buen carácter del juez canario –casado con una alta funcionaria y padre de dos hijos, una fiscal y un abogado– y su sólida formación le permitió navegar bien por los vaivenes de la política sin necesidad de afiliarse a ninguna asociación judicial, si bien se daba por supuesta una tendencia conservadora. En 2013, dos años después de acceder al Gobierno, el presidente Mariano Rajoy valoró la candidatura de Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial, pero el PSOE lo vetó y fue nombrado Carlos Lesmes. De hecho, sigue en el cargo precisamente porque cuando, en noviembre de 2018, el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para aupar a Marchena a la presidencia del CGPJ, la filtración de un mensaje de WhatsApp del senador popular Ignacio Cosidó –aquel en el que daba por hecho que su elección serviría para controlar "la Sala Segunda desde detrás"– provocó que el magistrado renunciase a convertirse en el relevo de Lesmes. Así, como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo –la que ha juzgado los grandes casos de la democracia–, Marchena terminó presidiendo el tribunal encargado de juzgar a los líderes independentistas.

Y en ese momento, al producirse el salto de jurista conocido a juez famoso, la biografía de Manuel Marchena fue sometida a un escrutinio minucioso, en especial desde los sectores independentistas, en el intento de advertir a los suyos de que la ecuanimidad que intentó practicar el presidente del tribunal durante el juicio solo era fachada y, si acaso, el miedo a que en un futuro el Tribunal de Estrasburgo le enmendara la plana. Alguno de los medios que con menos disimulo se ha entregado en brazos de la causa independentista llegó a resaltar que el padre de Marchena fue un oficial de la Legión que estuvo destinado en El Aaiún cuando el Sáhara era una colonia española para asegurar que el magistrado “era un lobo con piel de cordero” y que cuando reprendía a algún testigo o a algún abogado defensor “afloraba el legionario que lleva de casa”.

Luciano Varela

Fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Lleva 12 años en el Supremo. Antes, presidió la Audiencia Provincial de Pontevedra. Será su último trabajo antes de la jubilación. Instruyó en el Supremo una de las tres causas abiertas al juez Baltasar Garzón por su instrucción de los crímenes del franquismo. Ascendido al Supremo gracias al PSOE, Varela consideró que Garzón había cometido prevaricación y le sentó en el banquillo. En el juicio, fue absuelto por seis de los siete magistrados que conformaban el tribunal. El ponente de la sentencia fue el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quién escribió: “Aunque [Garzón] haya incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas, que han sido oportunamente corregidas en vía jurisdiccional, no alcanzan la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación, y no merece el reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación". Varela formó parte del tribunal que sí condenó a Garzón por prevaricación en el caso Gürtel (intervino comunicaciones de los encarcelados con sus abogados) con los votos a favor de, entre otros, Marchena y Martínez Arrieta.

Andrés Martínez Arrieta

Lleva 21 años en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde ingresó con 43 años; entonces fue el magistrado más joven en ese órgano judicial. Entre sus causas, instruyó el caso de Santiago Corella El Nani, que terminó con tres policías condenados por la detención ilegal y la desaparición del delincuente. Ya en el Tribunal Supremo, fue el ponente de la sentencia que mantuvo la inhabilitación para el dirigente abertzale Arnaldo Otegi hasta 2021. Fue fundador de la moderada (centrista) asociación judicial Francisco de Vitoria.

Juan Ramón Berdugo

Conservador. Lleva 15 años en la Sala de lo Penal del Supremo. Elegido por la mayoría conservadora del Poder Judicial que en aquellos años impuso su rodillo en la Sala de lo Penal. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. Entró para ocupar la vacante que había dejado Cándido Conde Pumpido, nombrado fiscal general del Estado por el Gobierno socialista.

Antonio del Moral

Conservador. Lleva siete años como magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, antes estuvo como fiscal en el mismo órgano judicial entre 1999 y 2012. Ha sido ponente de la sentencia que condenó a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y de la que rebajó la inhabilitación al expresident Artur Mas por el referéndum ilegal del 9-N. Su incorporación al tribunal del procés se produjo para reemplazar al exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, que a su vuelta al Supremo se apartó del caso. Fue instructor de la causa abierta y archivada en el Supremo a la exalcaldesa de Jerez por el caso Gürtel.

Ana Ferrer

Progresista. Lleva cinco años en el Tribunal Supremo. Es la primera mujer que ha llegado a magistrada de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tomó posesión en 2014. Como jueza en los tribunales de la plaza de Castilla instruyó el caso Roldán. Y antes de llegar al Supremo, había presidido desde 2008 la Audiencia Provincial de Madrid. Fue, además, la ponente de la sentencia por el desastre del Prestige, por el que el Supremo condenó al capitán del buque a dos años de prisión como autor responsable de un delito imprudente contra el medio ambiente y una responsabilidad civil de 1.500 millones de euros.

Andrés Palomo

Lleva cinco años en el Tribunal Supremo. Independiente (no asociado), se manifestó a favor de la primera huelga de jueces y fiscales. Fue el instructor de la causa que se siguió contra el exconseller Francesc Homs, diputado nacional, por la que fue condenado a 13 meses de inhabilitación. Ha sido ponente de la sentencia que anuló por falta de pruebas la condena a 119 años de cárcel a la etarra Itziar Alberdi Uranga por el asesinato en 1991 de tres policías a quienes les estalló un paquete bomba que ETA envió al Ministerio de Justicia.

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