El Gobierno adjudica a Indra sin concurso público el recuento electoral del 10-N

El Ministerio del Interior ha adjudicado a Indra el recuento de las próximas elecciones del 10 de noviembre por el procedimiento de emergencia, es decir, sin mediar concurso público. La empresa se encargará de la gestión y la difusión del escrutinio provisional de los votos por casi seis millones de euros (sin IVA), el mismo precio de adjudicación de las últimas elecciones generales, las del pasado 28 de abril. Interior ha decidido tramitar por esta vía de emergencia todos los contratos de la próxima cita electoral, incluidas las campañas institucionales, el alquiler de Ifema, los sobres y otros aspectos.

Es la segunda vez que el Gobierno recurre a esta forma de contratación para las elecciones generales, una figura muy excepcional pensada para catástrofes naturales. La primera fue en los comicios del 28 de abril, tal y como adelantó EL PAÍS, cuando alegó que el escaso margen de tiempo con el que se convocaron le impedía contratar los servicios y suministros por la vía habitual, la del concurso público. El Ministerio del Interior se vio obligado a pedir un informe urgente a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En aquella ocasión, solo se tramitaron mediante emergencia dos contratos de poca cuantía. Ahora se va a usar este procedimiento excepcional para todos.

El Ministerio del Interior asegura que ha otorgado los contratos a las mismas empresas que resultaron adjudicatarias en las elecciones generales del 28 de abril. En aquella ocasión Indra ganó el recuento de las generales al ofrecer 7,4 millones de euros frente a los 10 millones del precio inicial de licitación, y Scytl (en una UTE con Vector) consiguió el de las municipales y europeas. Scytl, una empresa catalana que en 2015 empezó a competir con Indra por el recuento electoral, cometió varios errores en el traslado de la información de las mesas electorales al centro donde se recopilan los datos. El Ministerio del Interior le pidió explicaciones.

La contratación de Indra, adelantada por La Información, y el resto de licitaciones por procedimiento de emergencia que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior están amparadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Según Interior, la disposición adicional séptima de la ley señala que se declaran de urgencia los contratos vinculados con la celebración de elecciones cuando estas hayan sido convocadas en aplicación del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Este ha sido el caso, ya que la convocatoria de elecciones se produce al no haberse podido constituir gobierno en el plazo de dos meses tras la primera votación de investidura.