Competencia vetó un plan de los bancos para repartirse los créditos a los partidos

El maratón electoral —cuatro elecciones generales en cuatro años, además de autonómicas, municipales y europeas— ha supuesto a los partidos un desembolso extraordinario. Esos gastos, unidos a los errores de cálculo o expectativas frustradas —el PP, por ejemplo, pasó de 137 a 66 diputados— han complicado mucho su situación económica.

Los principales bancos acudieron a la CNMC para tratar de repartirse por cuota de mercado los préstamos que solicitaban los partidos, pero ante la negativa de Competencia, las formaciones políticas recurrieron a otra vía: el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Instituto les prestó dinero para las campañas de las elecciones generales, operación que repitió, según una portavoz, en los comicios del pasado mayo. Según las entidades, en abril el banco público aportó una cantidad significativa del total: unos 40 millones. Hasta entonces el ICO nunca había prestado dinero a los partidos. Las funciones de este organismo, según su web, son “promover actividades económicas que contribuyan al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional”.

Fuentes del PP señalan que acudieron al ICO al percibir la reticencia de los bancos a facilitarles las cantidades que solicitaban. La institución les puso como condición (además de contar con representación parlamentaria) disponer del préstamo de una entidad privada. El dinero, según fuentes del organismo público, se prestó en condiciones de mercado y se hizo de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y como anticipo de las subvenciones previstas para los partidos.

El ICO financió 363.073 euros de la campaña del PSOE en las elecciones de abril, señalan fuentes del partido, informa José Marcos. El techo de gasto en la campaña socialista de las generales era de 14,5 millones, aunque gastaron 9,4 millones. El partido consiguió otros 2,45 millones con microcréditos. En el PSOE valoran la opción, inexistente hasta este ejercicio, de financiarse a través del ICO. Insisten en que para acceder a la línea de crédito les exigieron garantías y aseguran que les prestaron dinero a un interés ligeramente por encima del mercado

La financiación de las campañas estaba resuelta hasta que quebró el Banco Popular, la entidad que se ocupaba fundamentalmente de los partidos. Al ser absorbida por el Santander, la entidad presidida por Ana Botín se negó a asumir ese papel. Además, si algunos bancos no dan créditos, los que sí están dispuestos a hacerlo reciben más presión de los partidos. Todos los bancos consultados coinciden en que prestar a los partidos es molesto e incómodo. No solo porque tienen fama de ser malos pagadores, sino por las implicaciones que conlleva. “Además”, añade un responsable de riesgos, “no son organizaciones con las que te puedas enfadar”.

Enfado con el PP

Ejecutivos de las entidades recuerdan con especial reproche la comisión organizada por el PP en el Senado sobre la financiación de los partidos en la que se citó a los jefes de los grandes bancos aunque, finalmente, no declararon. “Primero nos ruegan que les prestemos para las campañas y después nos acusan de tener turbias intenciones por dejarles dinero, pese a que lo hicimos con transparencia y con la intención de que el sistema electoral funcione”, apunta un alto responsable de un banco. En opinión de varios ejecutivos, debería haber una legislación más transparente sobre este asunto y que todos los bancos estuvieran obligados a realizar créditos en función de su cuota de mercado. “Habría que disciplinar más a los partidos para que no gasten más de lo que ingresan”.

Una portavoz del ICO señaló que aún no han recibido nuevas peticiones, pero el PP y el PSOE estudian hacerlo. Los populares están pendientes del aval del Tribunal de Cuentas al último ejercicio presentado para desbloquear la subvención que les corresponde. Tras el batacazo de abril meditaron realizar un ERE, pero los pactos autonómicos y municipales les han permitido sortearlo. El secretario general, Tedoro García Egea, ha recolocado en el Gobierno de Madrid, en el Ayuntamiento de la capital y otros consistorios a trabajadores que tenían un pie en la calle. De momento no está sobre la mesa la venta o alquiler de la sede del partido.