El juez refuerza los indicios sobre la caja b del PP de Aguirre

La segunda jornada de declaraciones de imputados en la última fase del caso Púnica de corrupción sirvió ayer para reforzar los indicios sobre la financiación ilegal del PP madrileño durante la etapa de Esperanza Aguirre. Altos cargos de la Comunidad de Madrid relataron al juez instructor que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que sus departamentos debían contratar publicidad. La investigación ha desvelado que parte del dinero de estos contratos sirvieron luego para nutrir la caja b del partido.

El juez de la Audiencia Nacional había citado ayer a nueve personas como imputadas en relación con la caja b del PP de Madrid entre 2003 y 2015. De ellos, uno —Álvaro de Arenzana, ex vicedirector del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade)— no se presentó al llamamiento del magistrado. Otros tres se acogieron a su derecho a no declarar: Juan Miguel Madoz, administrador de la mercantil Swat; José Luis de Rojas y Celia Caño, directivos de la empresa de publicidad Equmedia, que supuestamente sirvió para desviar al PP fondos del Canal de Isabel II.

El resto de imputados hicieron, según fuentes jurídicas, declaraciones fundamentalmente exculpatorias, en las que pusieron el acento en el hecho de que los contratos de publicidad realizados con el sistema del 1% madrileño —la aplicación en los contratos de grandes obras públicas de ese porcentaje para promoción— estuvieron debidamente fiscalizados por los funcionarios de la Comunidad y se cumplieron a rajatabla.

Sin embargo, según las mismas fuentes, los investigados pusieron de relieve el hecho de que todas las adjudicaciones de publicidad —que después acababan nutriendo la caja b del PP regional— eran controladas directamente por Isabel Gallego, directora general de Medios. Gallego era colaboradora directa de Esperanza Aguirre. No obstante, según fuentes presentes en el interrogatorio, los imputados no hicieron ayer referencia directa alguna la expresidenta regional. Sólo uno de los interrogados, Carlos Holemans, director creativo de El Laboratorio, empresa que organizó la campaña electoral de Aguirre de 2011, dijo que coincidió con la política en dos reuniones, aunque tuvieron como objeto la estrategia de comunicación y no la financiación de la campaña. Estos servicios, según Anticorrupción, fueron facturados por 1,2 millones, pero el partido solo declaró a la Cámara de Cuentas como gasto electoral un total de 217.000 euros.

El publicista ha explicado que tuvo varias reuniones con la entonces presidenta y candidata Esperanza Aguirre, a las que también acudió su sucesor, Ignacio González; y los exconsejeros Francisco Granados y Borja Sarasola. Holemans afirmó que realizó servicios electorales para el PP madrileño, y ha dicho que estos se facturaron durante ocho meses, si bien el periodo electoral comprendía dos, del 28 de marzo al 27 de mayo.