Gobierno y oposición se responsabilizan por la asfixia financiera de las comunidades

La asfixia financiera de las comunidades autónomas volvió a convertirse este martes en un boomerang de ida y vuelta entre el Gobierno en funciones y la derecha y los independentistas catalanes. El PSOE les responsabilizó del bloqueo político que desde el rechazo de los Presupuestos en febrero impide la entrega de 5.000 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró favorable a que el sistema de actualización de las disposiciones a cuenta fuese “automático” y quedase “desligado” del escaso margen de maniobra de un Ejecutivo interino.

La inminencia de unas nuevas elecciones generales, las cuartas desde 2015, se mascaba en el Congreso y el Senado. El ambiente tras el último desencuentro entre el PSOE y Unidas Podemos no podía ser más preelectoral. En este contexto, la responsabilidad por la falta de liquidez de las autonomías, que además de los 5.000 millones bloqueados del sistema de financiación reclaman otros 2.500 millones por un cambio en la contabilidad del IVA, será una de las claves de la campaña electoral si el 10 de noviembre el país tiene otra cita con las urnas.

El PP, que preside cinco comunidades por las nueve del PSOE, retomó con ímpetu sus críticas al Gobierno por las tensiones de tesorería de las autonomías. “Se aferran a un informe dirigido y con respuestas parciales”, cuestionó Javier Maroto, el portavoz popular en el Senado, que puso en duda la independencia de la Abogacía del Estado, que debido a la interinidad del Ejecutivo ha concluido que sería ilegal desbloquear los fondos reclamados. “Es intolerable cuestionar a la Abogacía del Estado”, le reprochó Montero, que culpó a la derecha y los independentistas catalanes del riesgo de colapso por su voto en contra en febrero pasado a los Presupuestos. Una decisión que terminó provocando el adelanto electoral del 28 de abril. “¿No nos pedían ustedes una abstención patriótica? Si son tan patriotas, aplíquense ustedes su propia medicina”, recordó los argumentos empleados por Rafael Hernando, exportavoz popular en el Congreso, para pedir la abstención del PP al igual que el PSOE en 2016.

La ministra en funciones también recalcó que el Gobierno se enfrenta “a las mismas limitaciones” que el del PP en 2016. “¿Por qué no actualizaron entonces las entregas a cuenta? Estamos usando los mismos criterios que el Gobierno de Mariano Rajoy”, sentenció. Montero recordó que se han transferido 72.000 millones de euros a las comunidades hasta septiembre, más de 2.000 millones más que en 2018.

El despliegue del PP, que ha hecho de la carestía financiera de las autonomías una de sus banderas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se produjo por vía doble en las Cortes. La más significativa se produjo en el Congreso, donde presentaron una proposición no de ley sobre financiación autonómica —obsoleta desde 2014, en pleno Gobierno de Mariano Rajoy—, que por lo tanto era más simbólica que efectiva. El diputado Jaime de Olano criticó que el Gobierno dispuso de 74 días “en plenitud de funciones” para evitar la falta de liquidez de los territorios. El PP ya presentó a finales de agosto una proposición de ley en la que se insta al Gobierno a establecer “de forma inmediata” una línea de crédito sin intereses por un importe de 5.000 millones. La cantidad se recuperaría una vez hubiese Gobierno. Carles Mulet, de Compromís, pidió ayer al Gobierno que habilite de manera urgente un préstamo a interés cero a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La estrategia del partido de Pablo Casado de centrar sus ataques al Gobierno por la crisis causada por los problemas financieros de los Ejecutivos autonómicos no fue exclusiva. Junts per Catalunya, ERC y Ciudadanos también requirieron al Gobierno en el Senado. La respuesta que Montero les dio fue en esencia la misma. “Desbloqueen el Gobierno de España y permitan que lleguen recursos a nuestras comunidades autónomas”.