Los barones del PP exigen al Gobierno una reunión urgente para reclamar la financiación

Los barones del PP han aumentado este miércoles la presión sobre el Gobierno para desbloquear la financiación autonómica. El que ha abierto brecha ha sido el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, al exigir a Pedro Sánchez la convocatoria "urgente y monográfica" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la financiación autonómica. Moreno dice que el Ejecutivo "se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019". Poco después se han sumado otros presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el gallego Alberto Núñez Feijóo, el murciano Fernando López Miras y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco. "Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos funcionen con normalidad", ha escrito Feijóo en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que pide también una reunión "inmediata" del CPFF.

La ministra de Hacienda en funciones, por su parte, ha reprochado a los populares que pidan a un Ejecutivo en funciones la convocatoria de este foro cuando "el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho". Un Gobierno en funciones no puede aprobar los anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, según sostienen el Ejecutivo y la propia Abogacía del Estado.  Este bloqueo ha levantado una polvareda política durante agosto entre el Ejecutivo y las comunidades. Aunque, la ministra Montero ha apuntado que no se va a rendir y que va a continuar "explorando fórmulas que permitan actualizar las entregas a cuenta".

El PP andaluz cree que hay mecanismos para desbloquear esta situación y lograr un acuerdo muy amplio en el CPFF si se convoca. Los populares andaluces, a través de su portavoz parlamentario y ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido que el Gobierno autorice a las comunidades autónomas a tener “más flexibilidad” a la hora de cumplir con las reglas de déficit. El objetivo de déficit en 2019 para las autonomías está fijado en el 0,3% del Producto Interior Bruto. El PP propone que se autorice el doble, el 0,6%. Para las cuentas del 2020, que empiezan a elaborarse en septiembre, el tope está marcado en el 0,1% y reclaman que se aumente en dos décimas, al 0,3%.

Los populares también creen que el Gobierno podría sortear el informe negativo de la abogacía del Estado con un decreto ley que dé cobertura jurídica a las entregas a cuenta a las regiones. Alegan que hay un precedente en 2016, cuando el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy, también en funciones, aprobó un real decreto del 30 de septiembre por el que se aprobaron medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público.

En el texto de ese decreto, el Gobierno de Rajoy alegó razones de “urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general”, como recoge la ley 50/1997, del 27 de noviembre, del Gobierno. Pero a diferencia de la situación actual, los Presupuestos Generales del Estado no estaban prorrogados. Según Nieto, “lo más fácil” sería abordar y acordar ambas cuestiones en una cumbre autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En Andalucía se llegó a un amplio acuerdo en la pasada legislatura para reclamar al Gobierno central, entonces en manos del PP, un nuevo sistema de financiación que pasaba por inyectar 16.000 millones de euros anuales a las comunidades autónomas, de los que 4.000 corresponderían a Andalucía. En la elaboración de ese dictamen aprobado por el Parlamento andaluz participó de manera activa la ministra Montero quien entonces era la consejera de Hacienda de la Junta.

El abogado del Estado envió el martes al Ministerio de Hacienda un informe de 13 páginas, al que ha tenido acceso este diario, en el que ve ilegal desbloquear unos fondos que ascienden a 5.000 millones de euros. Pese a las reclamaciones de Cataluña y las exigencias del PP, el dictamen rechaza que el Ejecutivo en funciones pueda actualizar el importe de las entregas a cuenta a las autonomías. La Abogacía “limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política” para no “condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.

El PP, que ha pedido que se le facilite el informe de la Abogacía, considera que la orden de pago de los fondos a las autonomías no puede quedar reducida a una facultad discrecional del Estado. El proyecto de ley de Presupuestos para 2019 que presentó el Ejecutivo de Pedro Sánchez —fue rechazado por el Congreso— preveía 4.700 millones más en entregas a cuenta para las autonomías, así como otros 2.500 por un ajuste del IVA de 2017.

Los ánimos de las autonomías sobre financiación están encendidos. Cataluña ha iniciado los trámites para llevar al Estado a los tribunales, pero ninguna otra autonomía ha seguido los pasos de la Generalitat. Los 11 gobiernos autónomos consultados por EL PAÍS, de diferente color político, rechazan unirse al frente judicial planteado por el Gobierno Quim Torra para reclamar al Estado más recursos ante la parálisis de las transferencias que ha provocado la falta de Gobierno. Unas ven detrás de la propuesta una “jugada política” y otras desconfían de su eficacia. Con todo, han exigido al Ministerio de Hacienda medidas urgentes para aliviar su asfixia financiera.

Con información de Javier Portillo y Cristina Vázquez.