El Gobierno reclama a la Generalitat que retire su plan de acción exterior

Batalla judicial de baja intensidad entre el Gobierno y la Generalitat. El Consejo de Ministros aprobó este viernes, a menos de 20 días de la Diada y poco más de un mes del segundo aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre, el primer paso para recurrir el Plan Estratégico de Acción Exterior que el Govern aprobó el 25 de junio al entender que excede su ámbito de competencias. “El Gobierno español quiere acabar con la acción exterior catalana. No hay ningún otro camino que la confrontación democrática”, reaccionó el president Quim Torra.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez estima que el plan, que presenta a Cataluña como un sujeto internacional —y como un “país” en su versión en inglés—, obvia las competencias estatales en materia de relaciones internacionales y dirección de la política exterior. Tampoco tiene en cuenta la lealtad institucional y coordinación que deben regular las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. El procedimiento, previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, da un plazo de un mes a la Generalitat para rectificar.

“El plan ofrece una proyección de Cataluña como Estado al obviar las competencias estatales y al presentar como acción u omisión a Cataluña como objeto internacional”, observó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. El requerimiento llega dos días después de que la Generalitat anunciase su intención de llevar al Estado a los tribunales por el impago de los anticipos del sistema de financiación a las comunidades autónomas.

El trámite, previo al recurso de inconstitucionalidad, se utiliza frente a actos o acuerdos de un Gobierno autónomo que se consideran “lesivos”, según detalló el ministro Luis Planas, que ha asumido las competencias del Ministerio de Política Territorial tras la designación de Meritxell Batet como presidenta del Congreso. Planas destacó las “expresiones equívocas” y el “uso torcido del lenguaje” que recoge el plan. Uno de los ejemplos que puso fue que se refiera como “ministros” a quienes en realidad son consejeros de la Generalitat, “efectuando una ficción de Estado que no se corresponde con la realidad institucional”.

La Generalitat adelantó en las fechas en que presentó su plan exterior que esperaba tener antes de finales de año tres nuevas delegaciones en México, Túnez y Argentina. El Govern decidió abrir estas delegaciones de nuevo cuño pese a no tener el informe preceptivo —aunque no vinculante— del Ministerio de Exteriores.

La decisión del Gobierno generó irritación en la Generalitat. Torra alegó que la medida refuerza su tesis de que la confrontación con el Estado es la única vía que le resta a la Generalitat. “No hay otro camino que la defensa de nuestros derechos sociales y políticos. Además [el Gobierno central] de ahogar financieramente a Cataluña, también quiere “acabar con la acción exterior catalana”. El consejero de Exteriores, Alfred Bosch, también rechazó la decisión del Ejecutivo de Sánchez: “La acción exterior de Cataluña no solo es legal y legítima sino que es necesaria. Afrontaremos la enésima arbitrariedad del Gobierno español”.

La decisión del Consejo de Ministros se inscribe en la larga pugna que mantiene el Ministerio de Exteriores que dirige Josep Borrell con el departamento que dirige Bosch. La Generalitat reabrió en 2018 seis delegaciones —las de Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Suiza—, lo que comportó que el Ministerio presentara un contencioso-administrativo. Exteriores ya pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cerrara las embajadas de Berlín, Londres y Ginebra por vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y operar “con singular intensidad para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional”. El TSJC rechazó la petición por una cuestión formal.

El Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea se fundamenta en cuatro grandes ideas: presencia, excelencia, influencia y compromiso. El programa, que será elevado al Parlament para ser debatido, abarca asuntos tan dispares como la potenciación de la economía catalana para atraer inversiones; el fomento de la cultura o la presencia de Cataluña en distintos foros internacionales para la cooperación. Bosch asegura que la Generalitat tiene competencias para realizar esas actividades y en diferentes ocasiones ha señalado que no son tan distintas a las que se realizan desde otras comunidades autónomas. Una perspectiva totalmente diferente a la del Gobierno.