El Poder Judicial investiga si la Generalitat ha accedido a datos reservados de ordenadores de jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a investigar si la Generalitat ha accedido a los ordenadores de jueces de Cataluña para consultar información sobre procedimientos judiciales. La decisión la ha tomado este jueves la Comisión Permanente del Consejo después de que, hace unos días, algunos jueces y magistrados catalanes se encontraran, al encender el ordenador, con un mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a todos los ordenadores de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”.

Las relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat son tensas desde hace tiempo, sobre todo a raíz de los procesos judiciales abiertos contra líderes independentistas. Ya hace dos años, el CGPJ rechazó un plan del Govern que contemplaba que funcionarios de la Generalitat visitaran los juzgados catalanes y accedieran a sus sistemas informáticos para evaluar el funcionamiento de la justicia en la comunidad. Ahora ha sido un mensaje enviado a los ordenadores gestionados por el Govern el que ha encendido la mecha.

Según la información facilitada al CGPJ por distintos jueces, el mensaje informaba de la posibilidad de acceso por parte de la Generalitat a los datos del dispositivo amparándose en una instrucción autonómica de 2018. El texto incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una “manifestación expresa” del conocimiento de la instrucción y una pestaña de “confirmación de lectura” que había que pulsar para poder seguir utilizando el dispositivo. Si no se aceptaban esos términos, el ordenador no podía usarse, según han informado fuentes del CGPJ.

El Departamento de Justicia rechaza las sospechas del Poder Judicial y sostiene que el mensaje se envió a todos los ordenadores gestionados por el Govern, tanto los de los jueces como los de los funcionarios de la Generalitat. El mensaje, afirman fuertes del departamento, se limita a recordar que el uso del ordenador ha de ser estrictamente profesional. Las mismas fuentes señalan que los jueces, al ser funcionarios del Estado, ni siquiera debieron haber recibido ese mensaje, que fue remitido por error por el Departamento de Políticas Digitales del Govern. Las mismas fuentes lamentan que ningún órgano judicial haya pedido explicaciones al departamento —salvo una carta que fue entregada el miércoles— para aclarar posibles dudas, informa Jesús García.

La Comisión Permanente, en un comunicado, recuerda que los ficheros de datos existentes en los juzgados y tribunales de Cataluña son, en buena medida, tratamientos de datos jurisdiccionales. Además, “en no pocas ocasiones”, son datos englobados en lo que la Ley Orgánica de Protección de Datos considera categorías especiales y que también están incluidos en los artículos 9 y 10 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hacen referencia a datos que permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; así como a condenas e infracciones penales.

Los responsables de la información jurisdiccional son los juzgados y tribunales, que son los únicos que pueden autorizar el acceso a ellos, advierte el Consejo. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece las condiciones para acceder a esa información y esas condiciones, según el CGPJ, no pueden alterarse mediante otra norma ni por una instrucción, como la aprobada por la Generalitat. Además, añade el órgano de gobierno de los jueces, “el acceso debe limitarse a lo imprescindible, lo que excluye la posibilidad de accesos generales o indiscriminados; y debe hacerse con conocimiento individualizado del responsable de tratamiento y bajo su supervisión”.

 Lo que ha aprobado este jueves el Consejo es abrir diligencias informativas para investigar posibles accesos indebidos. La investigación correrá a cargo del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Permanente ha acordado también requerir a la Generalitat para que suspenda provisionalmente la actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales y para que, en el plazo de 15 días, informe de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en juzgados y tribunales de Cataluña.