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El PSOE gestionará el 70% del presupuesto de diputaciones y gobiernos insulares

A falta de que se constituyan oficialmente algunas corporaciones, los socialistas presidirán 29

PSOE
La nueva presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

Si el dinero sirve de medida del poder, el PSOE ha ganado mucho en las diputaciones y gobiernos insulares después del 26 de mayo. En la legislatura pasada, gestionaba el 43% del presupuesto conjunto de estas administraciones; en esta, las instituciones que presida gastarán el 70% de los casi 10.000 millones que suman sus presupuestos con los datos de 2019. En este avance, ha sido decisivo que la socialista Núria Marín se haga cargo de la Diputación de Barcelona, la más grande de España. También una moción presentada en Tenerife les dará otra presidencia. A falta de que se constituyan oficialmente algunas corporaciones, el PSOE gobernará 29.

El proceso se ha producido con mucho menos ruido que el generado en la constitución de Ayuntamientos o el que se está armando para acabar el mapa autonómico, en el que todavía faltan por cerrar los Gobiernos de Madrid, Murcia, Aragón y La Rioja. En cambio, en las provincias casi todo está ya decidido. En aquellas que falta concretar quien gobierna, como León, Lugo o Segovia, parece que ya solo es cosa de un trámite. En esos dos primeros territorios, los acuerdos de socialistas con los nacionalistas del BNG y los leoneses de UPL están prácticamente hechos; en Segovia el PP tiene mayoría absoluta pero la junta electoral se ha demorado en publicar los resultados definitivos. Fuera de la península, las mociones de censura de Tenerife, donde todo apunta a que los socialistas incrementarán su poder, y La Palma, que previsiblemente favorecerá a los populares, terminarán de abrochar este eslabón.

Las forales vascas, fuera del cálculo

Los territorios forales vascos (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) y las diputaciones que los rigen tienen más presupuesto que las provinciales. Si algo les diferencia de estas últimas, es su capacidad de recaudar: las diputaciones vascas tienen sus propias haciendas que recaudan los impuestos directos (IRPF y sociedades) e indirectos (IVA). Las tres diputaciones gestionan en conjunto 16.000 millones en 2019. No han sido incluidas en el cálculo de EL PAÍS por las diferencias de competencias entre los gobiernos insulares, las diputaciones provinciales y las forales. Incluirlas desvirtuaría las proporciones reales.

Muy criticadas durante la crisis, las diputaciones tienen gran importancia en la España vaciada. “Desde las ciudades grandes quizá no se entiende su papel, se encargan de cubrir las necesidades que los pueblos más pequeños no pueden atender (obras, carreteras, contratos de basuras)”, explica el catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Velasco. Su financiación —cerca de 6.800 millones en el conjunto de las 38 diputaciones— procede al 100% de las arcas de la Administración central, “lo que beneficia también a esos pueblos más pequeños”. La elección de sus miembros es indirecta: los resultados en cada partido judicial en las elecciones municipales deciden la distribución de los diputados provinciales.

Más competencias tienen los Cabildos y Consejos insulares —“están a medio camino entre las comunidades autónomas y las provincias”, apunta Velasco—, y, en consecuencia, sus presupuestos son mayores (los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria rozan los 1.000 millones). Su elección es directa: en estas circunscripciones, el día de las elecciones hay una urna más. En esto se acercan a los territorios forales vascos, no incluidos en esta información.

En la configuración del mapa, la capacidad del PSOE de negociar con las formaciones a su izquierda y fuerzas regionales, nacionalistas y soberanistas ha sido clave. Estos han sido los escenarios más significativos.

El PSOE gestionará el 70% del presupuesto de diputaciones y gobiernos insulares

Barcelona. La incógnita se ha despejado esta semana. La socialista Núria Marín era elegida tras un pacto del PSC con JxCat que elevó mucho la tensión entre las fuerzas independentistas. En la última legislatura, fue precisamente la fuerza que gobernó la diputación con más presupuesto de toda España (1.170 millones en 2019). El partido de Puigdemont también ha perdido el Gobierno en Lleida y Tarragona a manos de ERC y solo conserva Girona.

Castellón. La misma noche del 26 de mayo ya corrió la noticia: el PP perdía 24 años después la diputación. La institución que Carlos Fabra —condenado en 2013 a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros— dirigió entre 1995 y 2011, y a quien sucedió Javier Moliner entre 2011 y 2019, pasa a manos del PSOE. Para llegar a la presidencia, el socialista José Martí logró los votos de la coalición valencianista de Comprimís. Las mismas fuerzas han renovado el mandato de Toni Gaspar en la Diputación de Valencia. El PP solo conservará Alicante gracias a los votos de Ciudadanos.

Castilla-La Mancha. En esta comunidad las cinco diputaciones pasan a estar gobernadas por el PSOE. El PP presidió las de Cuenca y Guadalajara la legislatura pasada, pero ahora ha cambiado el color. En esta última, Ciudadanos entra en el equipo de gobierno.

El PSOE gestionará el 70% del presupuesto de diputaciones y gobiernos insulares

Zamora. Lo más significativo de la composición del amplio mapa provincial de Castilla y León es que Ciudadanos, que hasta hace poco cargaba duramente contra estas instituciones, presidirá la Diputación de Zamora. Lo hará con su único diputado aquí y gracias al apoyo de los representantes del PP. Los naranjas también tendrán vicepresidencias, como la de Ávila. Los cambios llegan en Soria, donde el PP ha desplazado al PSOE, y en León, donde los socialistas gobernarán con el apoyo de los leoneses de UPL.

Canarias. Uno de los vuelcos más contundentes se ha producido en estas islas por las mociones de censura presentadas esta semana. En los Cabildos, el cabeza de lista del partido más votado resulta elegido presidente automáticamente, pero una moción puede cambiar el resultado. Coalición Canaria perderá el Cabildo Insular de Tenerife, donde gobernaba desde 1987, cuando se confirme el pacto del PSOE con dos consejeros de Ciudadanos para presentar una moción de censura. Lo mismo sucederá en La Palma, donde el PP será el beneficiado del acuerdo para otra moción.

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