La Audiencia archiva la causa de la Fórmula 1 contra Camps al no ver delito
El tribunal apoya las tesis de la fiscalía de que la posible prevaricación en la construcción del circuito habría prescrito
La Audiencia de Valencia ha apoyado las tesis de la Fiscalía Anticorrupción frente a las de la jueza y ha archivado la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la que estaba procesado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia.
La Audiencia ha concluido que, si hubo un posible delito de prevaricación en la contratación de las empresas para la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, habría prescrito. Además, rechaza que se produjese el delito de malversación al debido a que no se ha podido constatar que "hubo perjuicio público en la Fórmula 1", según el auto de la Sección Quinta de la Audiencia.
La juez Carmen García Mingo acusó a Camps, del PP, por excederse en sus competencias, infringir la ley de contratos, utilizar de forma impropia una empresa pública, alterar documentos y distraer fondos de la Administración en la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. Un proyecto que, insistió la magistrada, Camps dijo que le saldría gratis al contribuyente y acabó costando más de 300 millones de euros.
El fiscal anticorrupción pidió el archivo y sobreseimiento provisional de la causa al no observar delito alguno o en su caso estar prescritos y exponer que "decir que no iba a costar un euro -a los ciudadanos la construcción del circuito- no es delito", pero fue denegado y presentó recurso de apelación. Las carreras de Fórmula 1 se celebraron entre 2008 y 2012. El circuito está clausurado desde hace siete años.
Ahora la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación contra el auto del 23 de mayo del juzgado número 17, y decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones y su archivo, sin perjuicio de la deducción de testimonio de particulares. Camps está inmerso en otras dos causas: en la contratación para la feria de turismo Fitur 2009 de la empresa Orange Market —la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa—, por el que está procesado en la Audiencia Nacional y por las supuestas irregularidades en la organización de la vista del papa a Valencia en 2006.
Sobre el delito de prevaricación en el causa de la Fórmula 1, respecto a tres contratos de fecha 12 de marzo, 12 de junio y 28 de septiembre de 2007, los hechos tendrían asociada una pena de inhabilitación especial de 7 a 10 años, por lo que, según el Código Penal, el plazo de prescripción sería de diez años.
De ahí que el 28 de septiembre de 2007 es el día que comienza a computarse el plazo, según el auto, que explica que las diligencias se incoaron el 30 de enero de 2018, "único momento" en el que las actuaciones se dirigen de forma eficaz contra sus presuntos responsables, por lo que el día que finaliza el plazo, el 27 de septiembre de 2017, "se había ya sobrepasado".
Por tanto, dicho delito únicamente sería perseguible en virtud de la conexidad con el delito de malversación de caudales públicos agravada, y al respecto, la Sala asegura que no cabe admitir un procedimiento sin futuro.
Una vez analizada la documentación adjunta en el testimonio de particulares, la Sala llega a la conclusión de que, no siendo posible constatar "de forma fehaciente" hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados, según el informe de la Intervención de la Generalitat, "no cabe admitir la prosecución de un procedimiento al que ningún futuro razonable cabe augurar".
No basta, explica el auto, el coste elevado del circuito de Fórmula 1, algo previsible "pese a las manifestaciones del señor Camps en el sentido de que el coste sería '0'", puesto que en términos jurídicos es preciso, para poder perfilar un delito de malversación, conocer siquiera de forma aproximada la cantidad a la que se hubiera perjudicado al erario público.
Ante la conclusión de la Intervención de la Generalitat, que reconoció que "no se dispone de criterio técnico suficiente" para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados, y sin que sea posible la práctica de más diligencias de investigación -por la ausencia de declaración de complejidad- procede a decretar el sobreseimiento provisional de la causa.
La titular del juzgado 17 había incoado procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores por considerar que había indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" de la comisión de los delitos.
"Desde que dejé la presidencia ya no ha habido un Gobierno como Dios manda"
Un par de horas después de hacerse público el auto de sobreseimiento de la causa de la Fórmula 1, Francisco Camps convocó a los medios de comunicación en el despacho de su abogado para reiterar que es objeto de una persecución política por parte del PSOE, de Compromís y Podemos, cargando especialmente las tintas contra el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. "Es una obviedad que el PSOE y Puig, lo único que proponen es arrinconarme, independientemente de las mentiras", y para ello, "utilizan a la Abogacía de la Generalitat que pagamos todos". La Abogacía, personada en la causa, pidió siete años de cárcel para Camps, 50 millones de euros de responsabilidad civil y 20 años de inhabilitación. "Es escandaloso. Lo que tendría que hacer Puig es irse de la presidencia de la Generalitat", afirmó.
Camps empezó su intervención incidiendo que el auto de la Audiencia que archiva el caso refrenda que lo único que hizo "es la mejor gestión posible por el bien común" y refleja cómo ha bajado el nivel político. "Desde que dejé la presidencia ya no ha vuelto a tener la presidencia de la Generalitat un Gobierno como Dios manda", dijo. En esa afirmación incluyó a su correligionario del PP, Alberto Fabra que le sustituyó en la presidencia.
También fue muy crítico con sus antiguos compañeros Ricardo Costa, exdirigente del PP, y Álvaro Pérez, El bigotes, que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reducir sus penas y han declarado contra Camps. "No hay peor colaborador que el que miente a la justicia", agregó.
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