La Fiscalía trabaja en el Supremo en el recurso contra la absolución del expresidente de Murcia

El Ministerio Público no se da por vencido en la causa de corrupción abierta contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el bautizado como caso Pasarelas. Según informan fuentes del organismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya trabaja en el recurso contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que confirmó el pasado mayo la absolución del exdirigente popular al aplicar la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy que limitaba los tiempos de instrucción de las investigaciones judiciales.

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La Fiscalía de Murcia, que pide que se repita el juicio contra el ex jefe del Gobierno autonómico, se ha mostrado siempre muy dura contra la argumentación esgrimida por los tribunales para archivar esta causa. Según la primera sentencia de la Audiencia Provincial, no se tomó declaración a los investigados durante los seis meses previstos en la reforma del PP y, como el ministerio público pidió supuestamente tarde la ampliación del plazo de instrucción, había que dar carpetazo a la causa. Una tesis que avaló hace un mes el TSJ, pero que rechaza frontalmente la acusación pública, que ha llegado a denunciar que esta interpretación restrictiva de la ley "desemboca en la impunidad de hechos delictivos" y, por ello, lleva ahora el caso al Supremo.

Daños a la "imagen"

La absolución de Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarelas —donde se le envió al banquillo por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y fraude durante su época como alcalde de Puerto Lumbreras, en 2006— se ha convertido en el gran ejemplo usado por la oposición y el sector jurídico para arremeter contra la reforma acometida por el PP durante la mayoría absoluta que ostentó en la primera legislatura de Rajoy.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido que se supriman esos plazos máximos de instrucción. Y, en un informe interno de la Fiscalía General del Estado elaborado este año, este organismo concluyó que la modificación legislativa de los populares no solo "ha generado una notable inseguridad jurídica" y "ha provocado notorios problemas en su aplicación práctica", sino que ha dañado la "imagen" del ministerio público, con casos como la absolución del expresidente de Murcia.