El Consejo de Europa avala los “avances” de España en transparencia judicial

Esta decisión del Greco supone un respiro y una medida de gran importancia para la imagen de España, que ha visto como su sistema judicial se ponía en entredicho en el extranjero con la internacionalización del procés. Distintos sectores independentistas esgrimían, para intensificar su campaña de desprestigio, los reproches que el Grupo de Estados contra la Corrupción lleva desde 2014 acumulando por la falta de medidas del Ejecutivo para reforzar la independencia de la cúpula judicial y la lucha contra la corrupción.

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Todo comenzó este martes con una rueda de prensa celebrada en Bruselas, donde el presidente del Greco, Marin Mrcela, avanzó que habían revaluado la situación de España durante su reunión plenaria celebrada entre los pasados 17 y 21 de junio. "Y, debido a los avances logrados en la implementación de las recomendaciones, se ha decidido que ya no esté entre los países con un grado de cumplimiento globalmente insatisfactorio", dijo.

Según señalan fuentes del Greco, esto no significa que España haya cumplido con todas las recomendaciones, pero sí que ha acometido los "avances" suficientes en estas para salir del grupo bajo supervisión especial. Es decir, el Gobierno ya no tendrá que enviar informes periódicos sobre los principales reproches que se le hacían. En lo referente a la independencia judicial, por ejemplo, se le afeaba que no se hubiese implementado un código de conducta y de conflictos de intereses para los jueces de fácil acceso para el público general; así como la falta de "criterios objetivos y requerimientos de evaluación" para los nombramientos de los puestos más altos del poder judicial, como las presidencias de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Esos dos puntos ya han sido considerados "completamente" o "parcialmente satisfechos", según el Ministerio de Justicia.

Otras recomendaciones

"El 31 de diciembre de 2018, España estaba entre los 14 países con un cumplimiento insatisfactorio de las recomendaciones", insistía este martes el órgano dependiente del Consejo de Europa, antes de anunciar la salida de España de ese grupo, donde permanecía desde 2016.

Aunque el órgano había dejado claro el pasado año su confianza en la calidad del sistema judicial español, emitió un duro informe contra el entonces Gobierno del PP por desoír reiteradamente sus advertencias para avanzar en la lucha contra la corrupción, en la que se encuadran estas recomendaciones sobre el poder judicial, a las que se sumaban otras sobre las Cortes. Como la puesta en marcha también de un código de conducta para diputados y senadores que dirima posibles conflictos de interés y establezca protocolos para la aceptación de regalos y comunicación de intereses económicos (algo que hizo la Cámara baja en febrero y para lo que el Senado ha creado un grupo de trabajo).

"Cuatro años y medio después de publicar 11 recomendaciones, ninguna se ha cumplido del todo. Tenemos un pequeño problema", avisaba Gianluca Esposito, secretario ejecutivo del Grupo de Estados, en enero de 2018. "Hace falta un cambio de marchas. Hay más posibilidades de evitar la corrupción si mejoran las medidas preventivas. Eso es particularmente relevante en España porque desde 2013 se señala la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en los poderes políticos", continuaba entonces el presidente del organismo europeo.

El Greco también informó este martes de que, durante su reunión de junio, dio el visto bueno a su informe de evaluación sobre las medidas destinadas a prevenir la corrupción y promover la integridad en los Gobiernos centrales y las fuerzas de seguridad del Estado. "Este informe se publicará una vez que las autoridades españolas lo autoricen", apuntó.