El Consejo de Europa reprueba la politización del sistema para elegir el Poder Judicial
La institución cree que no ha habido avance alguno para garantizar la independencia de los jueces
El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), critica con dureza a España por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. En un duro informe que se publica este lunes, la institución recuerda al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados” y destaca que el Gobierno no ha analizado como se le exigió el resultado en este sentido de la reforma de 2013, que mantuvo la elección de los jueces por el Congreso.
Las críticas al sistema español de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son particularmente duras en este informe del Consejo de Europa. Además de recordar la importancia de que el poder político no interfiera en el judicial, rechaza las alegaciones realizadas por el Gobierno para defender el sistema de elección de los jueces y la reforma acometida en 2013 por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
En enero de 2014, al poco de aprobarse la modificación, fue cuando el Greco hizo 11 recomendaciones a España para luchar contra la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. Entre ellas estaba la de analizar y demostrar la efectiva independencia del CGPJ a la luz de la reforma acometida meses antes. Aquella reforma se aprobó con los únicos votos a favor del Partido Popular y mantenía la potestad del Congreso y el Senado para elegir a los 20 miembros del CGPJ.
Además, hasta ese momento, los cargos nombrados por el Consejo —los principales en la carrera judicial— se decidían en su seno por mayoría cualificada de los vocales (tres quintos de los votos). Ahora se hace por mayoría simple lo que es un cambio negativo a la luz de informes anteriores del Consejo de Europa. Este veía en la mayoría cualificada un menor margen para las maniobras políticas, dado que se requería “un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias”.
Para la oposición en bloque, el cambio logró convertir el CGPJ en “una delegación del Ministerio al servicio del Ejecutivo”. El Gobierno español no ha elaborado análisis alguno para demostrar que el máximo órgano de los jueces ha ganado independencia. Solo ha alegado ante el Consejo de Europa que “la reforma buscaba el mayor consenso posible en el sistema de nombramientos de los jueces salidos de sus propias filas, lo que apaciguaría el debate político una vez nombrados los magistrados por parte del Parlamento”.
También alegó España que el método de elección debe ser respetado porque está contenido en la Constitución Española, lo que no convence al Greco, que afirma que “la Constitución no precisa las modalidades de selección de los miembros de la magistratura en el CGPJ”.
Las once medidas anticorrupción
Las seis medidas que España no ha adoptado y que había pedido el Grupo de Estados contra la Corrupción son:
- Que el Congreso y el Senado adopten un código de conducta con medidas prácticas de aplicación.
- Que se realice un registro de lobbistas y un código de conducta para la profesión.
- Que se tomen medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios
- Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
- Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
- Que se amplíen los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces.
Las cinco medidas adoptadas parcialmente son:
- Que se reexamine el tipo de datos que deben hacer públicos los parlamentarios.
- Que los jueces adopten un código deontológico público.
- Que se revise el método de selección y la duración del mandato del fiscal general.
- Que los fiscales adopten un código deontológico.
- Que se establezca un marco reglamentario específico para las sanciones disciplinarias en la fiscalía.
Los expertos europeos en materia anticorrupción muestran en el informe su inquietud por la opinión generalizada entre los jueces de que su máximo órgano rector no respeta el principio de independencia (según un sondeo interno) y por el hecho de que España ocupe todavía el vigesimoquinto lugar (de 28) en cuanto a la mala percepción de los ciudadanos al respecto, según un análisis realizado por la UE. Para el Greco, es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Altos funcionarios
Como conclusión, el informe “deplora” que, contrariamente a lo que expresamente se había preconizado, “no haya habido ninguna reflexión ni ningún compromiso para reforzar la independencia del CGPJ”.
Pero en el terreno de la justicia no solo el máximo órgano de los jueces merece las críticas del Greco. Tampoco está en línea con las recomendaciones anticorrupción el sistema de elección de los altos funcionarios de la judicatura, como son los presidentes de los tribunales provinciales, de los tribunales superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.
En concreto, el Greco ve negativamente el hecho de que España no disponga de criterios objetivos para elegirlos. El análisis considera imprescindibles fijar tales criterios para que los nombramientos “no susciten duda alguna sobre la independencia, la imparcialidad o la transparencia del proceso”. Dichos nombramientos dependen del poder discrecional del propio CGPJ y, en contra de las promesas hechas por el Ejecutivo para modificar la situación, “no se ha tomado ninguna nueva medida legislativa”. España también ha desoído la recomendación hecha en enero de 2014 de aumentar los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios, que es de solo seis meses. La cortedad de dicho plazo, recuerda el Greco, “ha obligado al Tribunal Supremo a anular varias decisiones tomadas por el CGPJ”.
El Consejo de Europa —47 países miembros, de los cuales 28 pertenecen a la Unión Europea— vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos. De él depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Greco se estableció en 1999 para monitorizar el cumplimiento de los estándares contra la corrupción.
España desoye las recomendaciones para atajar la corrupción
Hace casi tres años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa planteó a España 11 recomendaciones para combatir mejor la corrupción entre los parlamentarios, los jueces y los fiscales. La institución con sede en Estrasburgo se manifestaba alarmada por los escándalos de corrupción política del país e imponía unos deberes para intentar resolver la situación. Casi tres años después, considera que ninguna de las 11 medidas propuestas entonces ha obtenido una respuesta satisfactoria. Seis de ellas ni siquiera se han puesto en marcha.
Reconoce el Consejo de Europa que ha habido reformas positivas, como la implementación de la ley de transparencia de 2013, pero recuerda que España es, según la organización Transparencia Internacional, uno de los países de mayor declive registrado en los últimos cuatro años a este respecto, y señala también que el bloqueo político actual ha dejado en suspenso varias reformas en materia de lucha contra la corrupción.
En términos generales, las medidas recomendadas por el Greco se centran en lograr una mayor independencia del poder judicial, pero también de la fiscalía, y en dotar de una mayor transparencia a la actividad parlamentaria, siempre para prevenir la corrupción. La respuesta en los tres capítulos es “decepcionante” y “globalmente insatisfactoria”, según el Greco.
Para reducir la corrupción y evitar conflictos de intereses en el Parlamento, el Greco recomendó a España que estableciese un código de conducta, que elaborase un registro de lobbistas y que publicase gastos, patrimonio, remuneración o regalos recibidos para parte de los parlamentarios. Apenas nada se ha hecho al respecto, más allá de abrir un portal de transparencia en el Congreso y el Senado con los gastos de desplazamientos.
Los expertos europeos en anticorrupción señalan que España tiene que introducir medidas adicionales, como publicar el valor mercantil de los bienes inmobiliarios y vehículos de sus señorías, la razón social de las empresas en las que participan, las tasas de interés de los préstamos que tienen o los desplazamientos pagados por un tercero.
El Greco pedía a España también que examinara el sistema de selección y la duración del mandato del fiscal general. El Gobierno ha alegado en este caso que, una vez elegido el fiscal general, la fiscalía dispone de una autonomía plena de funcionamiento. Las respuestas a este capítulo no se consideran tan negativas; no porque se hayan acometido cambios, sino porque el Greco, advierte, solo pedía examinar la cuestión.
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