Bloqueada en casa por obra y gracia del alcalde

Pilar Fernández López, una vecina de Abadín (Lugo) que a sus 69 años se desplaza en silla de ruedas por la poliomielitis que contrajo de recién nacida, lleva desde 2013 reclamando a su alcalde que elimine un desnivel de 15 centímetros. La pendiente del camino público que pasa por delante de la puerta de su casa es para esta mujer un muro insalvable que le impide salir y utilizar parte de las dependencias de su hogar. “No pido ningún favoritismo, exijo que se cumpla la ley gallega de accesibilidad”, recalca Fernández mientras enseña recortes de prensa sobre las cuantiosas subvenciones que ha recibido el Ayuntamiento de la Diputación de Lugo para arreglar viales como el que bloquea su vivienda.

El regidor del PP José María López Rancaño ha ignorado ya una decena de requerimientos de la Valedora do Pobo, institución encargada de defender a los gallegos de los abusos de la Administración, y dos de la Xunta para que resuelva esta penosa situación. Nadie hasta ahora ha logrado que obedezca. Blande una mayoría absoluta de 36 años en un municipio que no llega a los 2.500 habitantes y puede pasar hasta diez meses sin convocar ni un solo pleno ordinario. Hace unos días su propio partido apoyó una iniciativa del PSOE y En Marea en el Parlamento autonómico que insta al Gobierno gallego del PP a intervenir.

La Consellería de Política Social sostiene que conoció el asunto en febrero por una queja de la plataforma ciudadana que apoya a Fernández y confiesa que desde entonces ya suma dos requerimientos sin respuesta del alcalde y una reunión con él en Santiago. “Estamos ya redactando el tercero”, informa un portavoz. Si sigue sin responder, “se estudiará qué medidas se pueden tomar”.

La morada en la que nació y vive Pilar Fernández en la aldea de O Coto es de una sola planta. Pegada a su puerta pasa una vía pública que debe atravesar no solo para salir sino también para llegar hasta otras dependencias de la vivienda. Antiguamente el camino estaba al mismo nivel que el inmueble pero las sucesivas capas de asfalto que ha vertido el Ayuntamiento han dejado la pista por encima, con un 20% de pendiente que para alguien que se desplaza en silla de ruedas es un mundo.

Para salir a la calle, a Fernández, con una discapacidad reconocida del 84%, no le queda más remedio que usar el garaje. La diferencia de altura le impide acceder a la zona de su casa donde antes tendía la ropa. Para colmo, apunta, la pendiente le provoca inundaciones porque el sumidero que está al lado se atasca habitualmente y la corriente de agua se dispara hacia la puerta de su vivienda.

Fue en 2013, al enterarse de que el gobierno local iba a echar otra ración de aglomerado y darle altura a la barrera, cuando Fernández remitió su primer escrito al alcalde exponiéndole el problema. Tanto ese como los siguientes fueron contestados con un sonoro silencio. Y ella no encuentra más explicación a esta actitud que su actividad política hace 25 años, cuando integró las listas de un partido local primero y del BNG después. “Me marqué políticamente y por eso [López Rancaño] toma represalias contra mí”, opina Fernández. “O estás con él o contra él, no hay otra alternativa ni opción de diálogo. Eso lo sabe todo el mundo en Abadín y por eso nadie se atreve a significarse. Pero a mí este señor no me va a doblar ni a callar”.

Para López Rancaño, que luce en su curriculum desde 2005 un honoris causa de la Constantinian University de Rhode Island, en Estados Unidos, por su “innata capacidad de gestión” y su “preparación empresarial y administrativa”, este asunto “no va lento”. Alega que lleva seis años buscando un ingeniero de caminos que le diga que la obra para suprimir la pendiente “es viable”: "De momento no he encontrado ninguno". El proyecto técnico que llegó a presentarle Fernández ante su inacción no le vale porque “lo hizo un delineante”. “Esto no es una caprichada del alcalde. Hay más minusválidos en Abadín y no tengo queja de ninguno. Nunca he tomado represalias contra nadie. Se pusieron 1.500 puntos de luz y no fui mirando a quién se le ponía. Ella tiene recogida de basuras y agua gratuita como cualquier vecino. Esto no es ninguna venganza”, sostiene sobre el activismo político de Fernández.

El caso de esta mujer con discapacidad ha impulsado la formación de una plataforma ciudadana de apoyo que ha difundido vídeos y recogido firmas contra lo que califican de "injusticia intolerable". “El Ayuntamiento levantó esa barrera y tiene la obligación de retirarla. Eso de que la obra no es viable es solo una disculpa. Si en seis años no se encuentra solución es porque no se quiere", concluye Ramiro Martínez, portavoz del colectivo y cura de Cervantes, un municipio lucense situado a 100 kilómetros de Abadín.