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El PP de Castilla y León se enfanga en los tribunales

Los casos de corrupción que salieron a la luz en la última legislatura de Herrera avanzan en los juzgados

 Juan Vicente Herrera conversa con Alfonso Mañueco, en 2017.
Juan Vicente Herrera conversa con Alfonso Mañueco, en 2017. EFE

Hubo tiempos en Castilla y León en los que el PP encadenaba una mayoría tras otra en las urnas. En los que la región exportaba a sus presidentes a Madrid. De José María Aznar a Jesús Posada y Juan José Lucas. Tiempos en los que el último de ellos, Juan Vicente Herrera (2001-2019), pedía una nueva mayoría absoluta proclamando su orgullo porque el PP de Castilla y León no se tenía que “avergonzar de aparecer en los mapas de la corrupción de España”. El feudo popular insuflaba aire a un partido nacional a la baja, carcomido por las corruptelas y asediado por la justicia. Hasta que asomó la vergüenza.

La última legislatura estuvo salpicada por la salida a la luz de tramas propias (Perla Negra, Eólicas, Hospital de Burgos) y de las raíces castellanoleonesas de las nacionales (Enredadera, Gürtel, Púnica). Un entramado judicial que dotó de un nuevo sentido a una frase reciente de Aznar: “No se puede explicar qué es el PP sin Castilla y León”.

El 26 de mayo las urnas dieron la victoria al PSOE por primera vez en 32 años en la región. El PP, de la mano de Alfonso Fernández Mañueco, firmó el peor resultado de su historia con 29 escaños (frente a los 42 de 2015). El triunfo socialista, sin embargo, no parece que vaya a acabar con la era de poder del PP. Mañueco tiene ya al alcance de la mano la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos, el partido que hizo bandera con el lema de la regeneración y basó su campaña regional en la necesidad de un cambio en el gobierno de la Junta.

El próximo presidente tendrá que hacer frente a las investigaciones en marcha. “En Castilla y León había un manto de silencio y un control sobre los medios de comunicación que permitió durante años mantener el sistema”, explica un político regional. Hasta que llegaron los primeros casos y las primeras condenas.

El propio Herrera se vio obligado a pedir perdón y a crear una comisión de investigación en sede parlamentaria sobre varias de las tramas que apuntaban a miembros de sus Gobiernos. El gesto, sin embargo, no tuvo mucho recorrido y le valió incluso un tirón de orejas de parte del Tribunal Constitucional, que en febrero de este año, ya sin tiempo para nada y con el fin de la legislatura asomando, afeó la parálisis de la comisión y ordenó que avanzara en su labor. “Hay un intento muy claro del PP por evitar cualquier tipo de esclarecimiento”, lamenta José Sarrión, exdiputado en las Cortes por IU. Otro miembro de la Cámara anticipa unos años difíciles para los populares: “Aquí la ola de la corrupción llegó 15 años más tarde que en Valencia, pero ya no hay marcha atrás”.

Estas son las tramas que afectan a la comunidad:

Operación Enredadera. Hay un nombre que está presente en la investigación de varias tramas de corrupción. Se trata de José Luis Ulibarri, el magnate de la construcción y de los medios de comunicación de la región, incluido el 50% de Radiotelevisión Castilla y León, que pese a estar en manos privadas recibe dinero de la Junta. Imputado por la trama Gürtel, por la que la Fiscalía le pide siete años de cárcel, Ulibarri fue encarcelado durante dos meses en 2018 y señalado como presunto cabecilla de la red Enredadera, que investiga el amaño de concursos públicos en Ayuntamientos de toda España.

Dos de los políticos locales que figuran en la investigación son el hasta ahora alcalde de León, Antonio Silván, y el último consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, autor del “yo soy la Administración” que dirigió a Ulibarri en una de las conversaciones incluidas en el sumario del caso al que tuvo acceso eldiario.es.

Trama de las eólicas. En abril de 2017, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra una veintena de personas por la trama que, en connivencia con la Consejería de Economía, se repartió durante más de una década el mercado eólico de la región. El fiscal cifró en 81 millones de euros el reparto de comisiones y mordidas.

Hospital de Burgos. El último caso que ha llegado al juzgado es el que afecta al Hospital Universitario de Burgos, inaugurado en 2012 y de gestión mixta. Los partidos de la oposición , —PSOE, Podemos, IU y hasta el posible futuro socio de gobierno del PP, Ciudadanos,— presentaron el miércoles una denuncia contra el PP por el presunto sobrecoste y las irregularidades en la adjudicación y construcción del centro. Con un presupuesto inicial de 1.010 millones de euros, el hospital acabó costando 1.667.

La denuncia cuestiona también el proceso de adjudicación a la UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que figuraba el grupo del constructor Antonio Miguel Méndez Pozos, propietario a su vez del otro 50% de Radiotelevisión Castilla y León. Méndez Pozos fue condenado a siete años de prisión en los años 90 por el llamado caso de la Construcción, que se llevó también por delante al entonces alcalde de Burgos, José María Peña San Martín (PP).

Perla Negra. Con este nombre de barco pirata se conoce al enorme edificio que acabó con la imputación de toda la cúpula de la Consejería de Economía de principios de los años 2000, dirigida por Tomás Villanueva (que falleció de un infarto en 2017) y bajo la presidencia de Herrera. La justicia investiga el proceso de adjudicación, el sobrecoste en la construcción, las comisiones y la compra a precios inflados de los terrenos donde se levantó, a pocos kilómetros de Valladolid.

Gürtel. Jesús Merino, exvicepresidente y exconsejero de Fomento (1991-1999), fue condenado a tres años y siete meses por blanqueo de capitales, cohecho y falsedad continuada de documento mercantil. El juez acreditó que Merino cobró más de 300.000 euros en comisiones por interceder a favor de las empresas de Francisco Correa en obras públicas adjudicadas en Castilla y León.

Púnica. La Audiencia Nacional investiga, en una pieza separada de la trama de corrupción Púnica, las implicaciones de la red en León. El expresidente de la Diputación leonesa Martín Marcos Martínez Barazón es uno de los imputados por presunta malversación y falsedad documental al haber utilizado dinero público en beneficio propio.

Una vicepresidencia maldita

Los cuatro presidentes del PP de la Junta de Castilla y León que han ostentado el poder en la región en las últimas tres décadas han tenido que soportar la caída en desgracia de sus número dos. Incluso el fulgurante paso de José María Aznar, que estuvo al frente de la Junta entre 1987 y 1989, se vio salpicado por la condena de su vicepresidente Miguel Pérez Villar a ocho años de inhabilitación por conceder 151 millones de pesetas de subvenciones mineras a una empresa de su esposa.

Sería el primero de una lista que llegó hasta la última legislatura. El caso más sonado es el de Jesús Merino, vicepresidente en la segunda legislatura de Juan José Lucas (1991-2001), y condenado por Gürtel a tres años y siete meses de cárcel.

Años más tarde, la polémica envolvió a María Jesús Ruiz, vicepresidenta con Juan Vicente Herrera de 2004 a 2007, por varios proyectos iniciados y que nunca se llevaron a cabo. El más mediático fue el conocido como la Ciudad de Medio Ambiente, que acabó tumbado por el pleno del Tribunal Constitucional en 2013. Ruiz abandonó el PP en 2019 después de tres décadas en diversos puestos para presentarse como cabeza de lista al Senado por Soria por la Plataforma del Pueblo Soriano (no logró el escaño).

Tomás Villanueva fue uno de los hombres fuertes en los Gobiernos de Herrera, de los que formó parte durante 12 años como vicepresidente y consejero de Economía. En los últimos años se había visto envuelto en las investigaciones de la trama Eólica y la Perla Negra. Murió de un infarto en septiembre de 2017, un mes antes de su primera declaración por el caso de las eólicas. El entonces presidente de la Junta le dedicó una carta póstuma: “Hoy sólo quiero reiterar a Tomás todo mi afecto y todo mi respeto. Pedirle en público perdón por cuantas limitaciones, torpezas o ausencias mías le hayan podido doler estos años, y particularmente en los difíciles tiempos más recientes”.

El último caso conocido es el de Rosa Valdeón, exvicepresidenta de Herrera desde junio de 2015 hasta su dimisión en 2016 por triplicar la tasa de alcohol en un control policial. No sería la última vez, En noviembre de 2017 abandonó definitivamente su escaño en las Cortes tras otro positivo al volante.

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