El Defensor insiste en que se retiren los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat tras recibir 58 quejas

El 7 de agosto del año pasado, el Defensor del Pueblo amparó a un ciudadano que se quejaba de que la fachada principal del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, mostraba en su fachada principal lazos amarillos, el símbolo de apoyo a los políticos presos por el procés. La institución, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, dirigió entonces un escrito a la consejera del Departamento de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, en el que reclamaba su retirada tras recordar que "la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos". Tras aquella carta, el Defensor del Pueblo publicó en septiembre una declaración institucional en el que reiteraba que la presencia de "símbolos propios de una ideología" en edificios públicos, "máxime teniendo en cuenta que es permanente", era "incompatible" con la neutralidad ideológica. Este martes, el Defensor del Pueblo ha presentado su informe anual en el que vuelve a instar a su retirada, tras detallar que ha recibido 58 quejas sobre este asunto a lo largo de 2018.

El documento del Defensor destaca que la mayor parte de estas quejas -entre ellas la de un diputado de un partido político que envió a la institución fotografías de sedes de la Generalitat y de ayuntamiento catalanes con lazos- estaban aún en trámite al cierre del ejercicio, pese a lo cual la institución ha considerado oportuno formular ahora un recordatorio a la Generalitat y a los ayuntamientos catalanes sobre la necesidad de "respetar la neutralidad ideológica en las fachadas e interior de los edificios públicos" al constatarse que tras el periodo electoral han vuelto a ser colocados en las fachadas de los edificios públicos. El informe recuerda que "la apariencia de imparcialidad es complemento necesario del deber de las administraciones públicas al que se refieren el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 30.2 del Estatua de Cataluña". Y añade que "las instituciones públicas no deben ser correlatos de los partidos políticos y demás entidades de la sociedad civil (real y legítimamente plurales). Representan a todos y precisamente por ello han de guardar una exquisita neutralidad, también en el terreno de los símbolos".

En este sentido, el Defensor del Pueblo recuerda que la Junta Electoral Central (JEC) ya se pronunció con motivo de las elecciones generales de abril y las autonómicas, municipales y europeas de mayo sobre la simbología ideológica en edificios públicos durante el periodo de la campaña electoral y ordenó su retirada. En marzo, la JEC dio al Govern de Quim Torra 48 horas para que retirara las banderas esteladas y los lazos amarillos que pudieran encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat. Según la JEC "el lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones" y recordaba que "el lazo amarillo, se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llevó al límite su pulso con la Junta Electoral y tardó 11 días en retirar definitivamente los lazos amarillos y las esteladas. En su lugar, horas después instaló una nueva pancarta en el balcón del Palau con el lema Llibertat d'opinió i d'expressió. Article 19 de la declaració universal dels drets humans [Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos]. El lazo pasó a ser blanco con una franja roja. El 27 de mayo, al día siguiente de las elecciones municipales y europeas, Torra volvió a colgar en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los "presos políticos y exiliados", con un lazo amarillo.

El Defensor del Pueblo recalca ahora que comparte aquella decisión de la Junta Electoral al considerarla "plenamente coincidente" con la posición que la institución de Fernández Marugán había mantenido antes. No obstante, el documento añade que esa prohibición no debe ceñirse a los periodos electorales, sino que "el deber de respetar no solo la imparcialidad sino también su apariencia subsiste más allá de los procesos electorales que hayan tenido lugar", en clara referencia a que ambos símbolos han vuelto a aparecer en los edificios de la Generalitat.