La guerra de los lazos amarillos

En Cataluña hay una guerra de símbolos en los edificios públicos. Desde hace semanas, la Junta Electoral Central y los independentistas echan un pulso en el que se dirime la neutralidad de los centros de votación del 21-D. El ente fiscalizador ha ordenado que se retiren de Ayuntamientos y sedes de la Administración las pancartas que piden la libertad de los exconsejeros en prisión; los lazos amarillos contra el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y la ANC; y cualquier símbolo relacionado con el programa de Junts per Catalunya, ERC o la CUP. ¿Su argumento? Que lo que es de todos no puede usarse como altavoz de las opiniones de una parte. No obstante, alcaldes y responsables han reaccionado manteniendo esos símbolos con otros formatos. Es como el juego del gato y el ratón.

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Los partidarios del independentismo han respondido a las resoluciones de la Junta y a las visitas de los Mossos para que las cumplan agudizando el ingenio.

Allí donde antes había lazos amarillos, ahora hay estrellas de ese color o carteles en los que se puede leer “aquí había un lazo amarillo”. Allí donde había pancartas pidiendo la libertad de los presos, o democracia, ahora hay otras que solicitan “libertad de expresión”; que directamente dicen “pancarta censurada por la Junta electoral”; o que ironizan con un “tú ya me entiendes”. Y allí donde había árboles de Navidad con pespuntes amarillos ahora hay una gran bolsa negra con copias de las resoluciones de la Junta.

“Desde el punto de vista jurídico, en la medida en que se puede decir estrictamente que ya no es un símbolo identificable con unas candidaturas, es complicado hacer nada”, razona un miembro de la dirección de Ciudadanos, el partido que más recursos y consultas ha registrado. “Desde el político, forma parte de la manera de hacer de los partidos separatistas, que se ríen de las instituciones y las normas”, opina. “Igual que despreciaban las sentencias de los tribunales, ahora hacen lo mismo con las resoluciones de la Junta”.

Junts per Catalunya no quiso valorar la situación al considerar que son decisiones autónomas de los Ayuntamientos —la candidatura de Carles Puigdemont no agrupa solo a su partido, el PDeCAT—. Por su parte, ERC tampoco dio su opinión.

Cambiar los colores, las formas y las palabras no es la única estrategia con la que los partidos independentistas y sus representantes municipales han reaccionado a las decenas de resoluciones contrarias a sus intereses. Primero hubo un enfrentamiento entre partidos constitucionalistas e independentistas por dominar el nombramiento de los ocho vocales no judiciales de las cuatro Juntas provinciales de Cataluña, que se decide en función de la representación de las últimas autonómicas. Al resolverse las designaciones salomónicamente —la mitad pactados por los independentistas, la otra por Ciudadanos y el PSC—, llegó la segunda fase.

“Presentan recursos inútiles sobre asuntos ya resueltos que obligan a reiterar lo ya dicho”, explica una fuente conocedora del funcionamiento de las juntas, inundadas de recursos que han aumentado exponencialmente su volumen de trabajo.

Hay un ejemplo paradigmático. La JEC resolvió la pasada semana que no era competente para decidir si Joaquim Forn y Jordi Sánchez podían hacer campaña desde la cárcel para Junts per Catalunya, puesto que esa decisión corresponde al juez del Tribunal Supremo que instruye el caso. No obstante, el presidente del organismo y un vocal emitieron un voto particular (sin efecto en la decisión final) mostrándose a favor de que los dos detenidos pudieran pedir el voto desde prisión. A los pocos días, el representante de ERC pidió a la JEC que ejecutara ese acuerdo inexistente para que Oriol Junqueras pudiera participar en la campaña. “Una pérdida de tiempo”, resumen desde el organismo sobre las reuniones empleadas en redactar una nueva resolución sobre un asunto ya cerrado previamente.

El pulso no tiene por qué detenerse tras el 21-D. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha sido la más afectada por las resoluciones de la JEC, que considera que TV3 y Catalunya Ràdio no han informado con neutralidad y respetando el pluralismo político en los casos concretos que han denunciado Ciudadanos y el PP. Como consecuencia, durante los tres próximos meses se tramitarán al menos tres expedientes sancionadores. Al final de ese camino puede haber multas de un máximo de 3.000 euros. Y ha quedado entreabierta una puerta que fuentes jurídicas consideran improbable abrir: la de la denuncia penal por delito electoral.