La Rey Juan Carlos encarga investigar el título del líder del PP aragonés a una docente relacionada con el caso

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha abierto una investigación para aclarar si hay indicios de delito en la licenciatura en Derecho que el líder del PP de Aragón, Luis María Beamonte, obtuvo en 2017, pero la jefa de la inspección de servicios de la institución, encargada de esta labor, está relacionada con el caso: Sara Núñez era entonces la vicedecana de Estudiantes de esa facultad, la de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entre las competencias de este vicedecanato están, según coinciden en señalar varias fuentes académicas y un exvicedecano, los procesos de convalidaciones, un aspecto clave del expediente de Beamonte, pues le convalidaron 45 asignaturas, algunas de ellas dudosas. Además, el vicedecano de una facultad es miembro de la comisión de convalidaciones que las examina y decide sobre ellas.

Portavoces de la URJC aseguran que la actual jefa de inspección "no formó parte de ninguna comisión" en su etapa como vicedecana, aunque no detallan quiénes integraban la comisión de convalidaciones que se ocupó del expediente de Beamonte. La universidad también sostiene que Núñez “no tuvo relación alguna con este expediente”, pero admite que se ha abstenido de investigarlo: “A pesar de ello, y por sus atribuciones en el cargo, nombró a un instructor de otra facultad para que lleve el caso, desde que fue remitido al servicio de inspección la semana pasada". Sin embargo, en la práctica la jefa de inspección supervisa la investigación directamente e incluso está presente en los interrogatorios de profesores.

Tal como publicó EL PAÍS, Beamonte, candidato del PP a la presidencia de Aragón en las elecciones del domingo, terminó Derecho en 2017 en la URJC, 35 años después de empezar la carrera y cuando el título ya no se ofertaba. Lo hizo con 45 convalidaciones, entre las que hay al menos siete asignaturas sin una correspondencia aparente con ninguna de las que cursó anteriormente. Sobre todo tres materias relacionadas con el derecho comunitario europeo, porque es imposible que el líder del PP aragonés las estudiara en los ochenta: aún no se ofertaban y España entró en la UE en 1986. Beamonte solo hizo dos exámenes en los que obtuvo sendos sobresalientes, y se le matriculó en un “grupo especial” en el que era el único alumno. Pero lo más extraño es que llegó a mentir y ocultar su titulación en la Rey Juan Carlos en septiembre de 2018, cuando tuvo que dar explicaciones sobre su currículum. Tras la publicación de la noticia reconoció en rueda de prensa que aquella decisión fue “un error”, por no querer verse mezclado en los escándalos de la URJC. Beamonte esgrimió el mismo argumento que Pablo Casado para rechazar un trato de favor: "He hecho lo que me han pedido".

Al margen de las convalidaciones, la tramitación de la matrícula y la creación de un grupo especial corresponderían a la facultad. En resumen, aclarar este caso conlleva el interrogatorio de los responsables de la facultad y los profesores involucrados, y supone para la jefa de la inspección investigar a sus propios compañeros. Y para el instructor que ha nombrado, quizá interrogarla a ella en razón del cargo que ocupaba entonces. La universidad afirma que tiene todo el interés en aclarar el caso y que si se hallan indicios de delito trasladará el expediente a un juez.

Este caso es el primero bajo investigación en la URJC que afecta a una licenciatura, y no a un máster, tras los escándalos en 2018 de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Es decir, queda fuera del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) de Enrique Álvarez Conde, donde se circunscribía hasta ahora el alcance de irregularidades. Sin embargo, hay elementos comunes: cuatro profesores que estuvieron imputados o prestaron declaración en aquellos sumarios, aparecen en el caso de Beamonte.

En 2017 el secretario de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales era Jesús Primitivo Rodríguez, un profesor que estuvo imputado en el caso del máster de Cifuentes. La decana era Pilar Laguna, que ya tuvo protagonismo en el escándalo del máster de Pablo Casado. En el curso 2008-2009, cuando el líder del PP obtuvo el título, era la vicerrectora de Títulos Propios y Posgrado. También fue una de las componentes de la comisión de convalidaciones que permitió a Casado convalidar automáticamente 18 de las 22 asignaturas del curso. En su comparecencia ante la juez, Laguna defendió que había sido un trámite regular. El Tribunal Supremo rechazó finalmente imputar a Casado, aunque apreció que recibió un “trato de favor”. A raíz de esta decisión, la juez archivó la mayor parte del caso en octubre de 2018. Por otro lado, la URJC también investigó la licenciatura del líder del PP en Administración y Dirección de Empresas (ADE), cursada entre 2007 y 2014, pero concluyó que no había irregularidades.

Beamonte ha explicado a este periódico que la persona con la que habló para matricularse fue el vicerrector de estudiantes, que en ese momento era José Ramón Monrobel. Luego ha sido decano de la propia facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018. Monrobel era del equipo del entonces rector, Fernando Suárez, a quien Beamonte conocía porque había pasado al menos tres veces por los cursos de verano que la URJC organizaba con el ayuntamiento de Tarazona, donde él era alcalde. Suárez, conocido por ser acusado de 15 plagios, también llegó a estar imputado en el caso máster, hasta que fue archivado por el carpetazo impuesto por el Supremo. Otro catedrático que acudió a Tarazona fue Rogelio Pérez Bustamante, que abrió el curso en julio de 2016. Justo tres meses después Beamonte trasladó su expediente a la URJC y el profesor que le examinó de las dos únicas asignaturas que tuvo que superar fue precisamente su hijo. El político popular aseguró a EL PAÍS que no lo sabía. Este docente, David Pérez Bustamante, aseguró a este periódico que no conocía a Beamonte y en toda la universidad es sabido que no tiene relación con su padre por cuestiones personales.

Es el departamento quien asigna los profesores a cada asignatura. El director de departamento de las dos únicas asignaturas por las que se examinó Beamonte, Derecho Financiero y Tributario I y II, era Pablo Chico de la Cámara, que también estuvo imputado por el escándalo del máster de Cifuentes. Fue el catedrático que envió un correo electrónico para que se cambiara, dos años después del curso, la nota de un examen en el que la expresidenta madrileña constaba como no presentada. Por eso fue una de las tres personas que salió a dar explicaciones sobre el caso en marzo de 2018, junto al rector, Javier Ramos, y a Enrique Álvarez Conde, director del máster y responsable del Instituto de Derecho Público (IDP). En conversación con este periódico, ha negado cualquier relación con el caso de Beamonte.