Un puñado de etarras aún en la clandestinidad

La disolución de ETA, hace algo más de un año, no supuso el fin de su estructura clandestina. Sin aparato militar, logístico o político, los etarras crearon un pequeño comité encargado de hacer frente a los flecos del fin de la banda, sobre todo de sus militantes aún huidos y en la clandestinidad, como la consecución de documentación falsa. Se trata de entre medio centenar y 80 terroristas, según estiman los expertos en la lucha antiterrorista consultados por EL PAÍS. Una treintena ellos han sido localizados por la policía española en ocho países de Europa, África y América, sobre todo en Venezuela. De ellos, la mayor parte están desde hace años desvinculados de la organización. Solo una decena permanecen integrados en su estructura.

Más información

Prisiones suaviza el protocolo para excarcelar a enfermos “muy graves”

Un preso mata a otro a golpes tras discutir por la litera de la celda

Los expertos plantean mejorar los controles sobre los presos peligrosos

A la cabeza de estos últimos, los expertos policiales sitúan a David Urdín Pérez, joven navarro que fue detenido en 2007 por su supuesta implicación en actos de violencia callejera y que, tras quedar en libertad provisional dos años después, huyó antes del juicio. Pese a su escaso historial y relevancia en la organización, asumió la dirección en octubre de 2017, poco antes de la disolución, tras la detención en Berlín del etarra que realizaba supuestamente esas funciones, Mikel Barrio. Las fuentes consultadas reducen el papel de Urdín a mero transmisor de las consignas salidas de las cárceles y, más en concreto, de David Pla, el etarra que condujo la disolución de ETA.

Pla, detenido en Francia en 2015, salió en libertad en abril y permanece bajo control de las autoridades de París a la espera de que la justicia de este país resuelva sobre una euroorden emitida por España para su entrega. Este etarra fue uno de los encapuchados que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de la violencia terrorista. Al año siguiente se desplazó a Noruega a la espera de poder abrir un canal de comunicación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquellos encuentros nunca se produjeron. Y tanto él como su lugarteniente, Iratxe Sorzabal, además de José Antonio Urrutikoetxea, fueron expulsados por las autoridades de Oslo y volvieron a Francia. Los dos primeros fueron finalmente arrestados en el País Vasco francés.

Sector crítico

Tras la expulsión del país escandinavo, Pla dirigió el proceso de “desmovilización”, un término que la banda armada había copiado del irlandés IRA. En el mismo, incluyó un debate interno sobre un documento que no admitía ningún tipo de enmiendas. La inmensa mayoría de los militantes lo aceptó y desembocó en la disolución de mayo de 2018.

No obstante, un pequeño sector de la banda se resiste desde entonces al adiós definitivo a la violencia y se ha articulado, primero, en torno a una corriente llamada Ibil y, más tarde, a través de Amnistia Ta Askatasuna (ATA, siglas en euskera de Amnistía y Libertad). Como ideólogo de la corriente, los expertos policiales sitúan al preso Iñaki Bilbao Goikoetxea, uno de los más destacados miembros del sector duro. Junto a él se alinean otra docena de reclusos, todos con penas de prisión muy elevadas por cumplir.

Otro de los portavoces públicos de los disidentes, Jon Iurrebaso, arremetió con dureza hace dos semanas en un blog contra el propio Pla, al que acusó de haber convertido el “despropósito” del final de ETA en una “auténtica rendición”.

En un acto celebrado la semana pasada en Pamplona, el coronel Valentín Díaz, uno de los responsables de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, cifró en medio millar el número de personas que se identifican con esta corriente disidente. “Ellos consideran que no se ha conseguido nada” y que “puede haber un momento, ahora no, en el que sea necesario volver a utilizar las armas”, señaló el coronel Díaz. En este sentido, el mando de la Guardia Civil recordó que cuando la organización terrorista facilitó el inventariado de armas que habían ocultado en 14 zulos repartidos en el sur de Francia, en dos de ellos no apareció nada. El oficial de la Guardia Civil apuntó la “sospecha” de que esas armas pudieron haber acabado en manos de la disidencia, aunque consideró que el “riesgo” a corto plazo de que el grupo pudiera cometer un atentado era nulo.