Dos pueblos se enfrentan por una calle a golpe de señales

Primero fueron amarillas, luego blancas y finalmente, negras. Las líneas de ordenación del tráfico en una calle compartida entre los municipios alicantinos de Orihuela y Rafal han desencadenado un conflicto territorial en el que los Ayuntamientos de ambas localidades han movilizado a sus servicios jurídicos y han desenfundado sus documentos históricos. Los 12 metros de la calle Infanta Elena, dividida transversalmente en dos tramos, son el campo de batalla que enfrenta a los alcaldes Manuel Pineda (Rafal, PSOE) y Emilio Bascuñana (Orihuela, PP), ambos médicos, excompañeros de trabajo y con una relación históricamente tensa.

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En el corazón de esta pugna territorial parece encontrarse una fábrica que pertenece a Orihuela pero que está situada en territorio rafaleño. Las dos localidades han variado el sentido de la vía y su accesibilidad en función del interés de que el transporte y distribución de los productos de la empresa dispongan de un libre acceso, como quiere Orihuela, o esté más restringido, a petición de Rafal. Según Pineda, el desencadenante de la batalla fue un "ataque a la soberanía legal" de su municipio, en el que los oriolanos instalaron "señales discriminatorias" que permitían el paso "solo a los camiones" que dan servicio a la factoría y que "para llegar a ella han de pisar terreno de Rafal". Desde Orihuela, el concejal de Pedanías, Víctor Valverde, asegura que los rafaleños "pintaron líneas amarillas en la parte de la calle perteneciente a Orihuela, impidiendo el aparcamiento". Tras recibir cerca de un centenar de firmas vecinales reclamando este espacio para estacionar, "borramos la franja amarilla y pintamos líneas blancas".

El último capítulo se escribió hace 10 días. Pineda borró personalmente con pintura negra las delimitaciones marcadas por sus vecinos y denunció públicamente la actitud oriolana. En todo este trámite, los agentes policiales de una y otra localidad fueron enviados a vigilar las operaciones de la parte contraria. “Esto es una ocupación intolerable”, declaró Pineda. “El alcalde de Rafal ha montado un circo y ha actuado de mala fe”, replica Valverde, que opina que el comportamiento de Pineda “es impropio de un diputado autonómico y de un responsable de una Administración local”. Tanto unos como otros han pedido los dictámenes de la Dirección General de la Administración Local, de la Diputación Provincial y del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana.

Un ejército

Ambas partes hablan de evitar una “guerra” y saben que la pugna es muy desigual. Orihuela es el mayor término municipal de la provincia de Alicante, con unos 380 kilómetros cuadrados de extensión que limitan con “12 municipios diferentes”, según Valverde, “y con 24 núcleos de población distintos”, repartidos entre el casco urbano y las pedanías. Rafal, por su parte, “es una isla en medio del gran océano de Orihuela”, como lo define Pineda. Un marquesado de 1,6 kilómetros cuadrados encajado dentro del territorio de sus vecinos. “Uno de los pueblos más pequeños de España”, señala su alcalde.

Sin embargo, oriolanos y rafaleños emplean un vocabulario bélico. “Orihuela tiene un ejército”, señala Pineda, “y nosotros somos 4.000 habitantes y siete policías locales”, bromea, frente a los más de 100.000 habitantes oriolanos. Valverde asegura que no van a empezar una guerra “con todos los municipios que pretendan anexionar” parte de su territorio. Y aquí es donde aparece el otro núcleo del conflicto. Las casas baratas, un grupo de viviendas pertenecientes a Orihuela cuyos vecinos expresaron ya en 2015 su voluntad de depender de Rafal. Y que a principios de este año protagonizaron un pleno municipal en el que todos los grupos políticos del Consistorio rafaleño aprobaron iniciar el expediente para la anexión.

“Se trata de un pequeño grupo de personas, unos 120 habitantes empadronados casi todos en Rafal”, comenta Pineda. Según el primer edil, el suministro de luz y de agua, el saneamiento y el tratamiento de residuos dependen de Rafal. Además, “van al médico en nuestro centro de salud y sus niños estudian en nuestros centros escolares”. La petición formal está en marcha. Y para el alcalde y diputado socialista “puede crear problemas para Orihuela y sus pedanías”, ya que considera que el Ayuntamiento regido por su rival popular “no puede controlar todo su término municipal”.

“Si conseguimos la anexión de las casas baratas”, manifiesta Pineda, “a lo mejor La Aparecida, Orihuela Costa o La Murada”, todas ellas pedanías oriolanas, “piden desmembrarse también”. El edil de Pedanías oriolano tiene un punto de vista diametralmente opuesto. “La población de Orihuela se reparte en muchas pedanías”, afirma, “tenemos bastante experiencia” en la resolución “moderada” de los conflictos entre vecinos. “Que se acuerde Pineda de cuando pide efectivos de Policía Local y Protección Civil para poder celebrar sus fiestas”, sentencia. Los representantes de un lado y otro del conflicto concluyen con una declaración idéntica: “No vamos a permitir que se pierda parte de nuestro territorio”.