La España que no puede votar

Pedro Sánchez decía ayer martes en A Coruña que lo que está en juego es “si se desmantela o fortalece el Estado de bienestar”. Pablo Casado, por su parte, invitaba desde Palma a “amalgamar coaliciones y pactos que permitan mejorar la vida de la gente”. Todos aseguran perseguir los mayores beneficios para los ciudadanos. Sin embargo, no hay mucho interés por los colectivos que no aportan dividendos políticos inmediatos, aquellos que forman parte de la España que no puede votar. Las elecciones cada cuatro años invitan al tacticismo y a esgrimir éxitos inmediatos ante la propia clientela.

Ibtissam no podrá votar el 26-M. Nació en Tánger hace una treintena larga de años, es madre de tres hijos y ayer, día soleado de mayo, esperaba nerviosa a la comitiva judicial que la había de desahuciar de su piso, un 4º segunda de la angosta calle Santa Madrona en el corazón del Raval barcelonés. Una veintena de personas se concentran desde las diez de la mañana para evitarlo. Son de todas las edades y de origen magrebí, latinoamericano o español. Tienen en común la determinación de evitar que la vecina pase a engrosar la nómina de los 59.671 desahucios habidos en 2018 en España. El triste liderazgo por comunidades lo ostenta Cataluña con casi 14.000.

“Tenía que elegir entre dar de comer a mis hijos o pagar los 500 euros de alquiler”, dice entre lágrimas Ibtissam. Dos de sus hijos están en el colegio, el tercero se quedó el lunes guardando cama con fiebre en casa de unos amigos. Ante el temido desahucio, la madre buscó esa solución. Ha trabajado de camarera y limpiadora y su marido de transportista hasta que se quedaron sin empleo y sin más ingresos que 200 euros al mes. Ibtissam se ha presentado dos veces al examen para lograr la nacionalidad española. Ha suspendido al tener que hacer frente a preguntas como “¿En qué consisten la tortilla de patatas, el cocido madrileño y la paella valenciana?”; “¿qué es Adif?”; “cita a tres escritores españoles de posguerra y tres novelas que hayas leído”; “nombre del director general de la Policía”; “yacimientos arqueológicos de España”; “¿sabe quién es el secretario general de Podemos?”, o “¿quién es Bárcenas?”

El sarcasmo deja paso a la realidad. La comitiva judicial llega a las 10.45. Las técnicas del Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda (SIPHO) del Ayuntamiento de Barcelona están esperando. No hay desahucio porque no hay mossos y sí manifestantes. En unas semanas volverán a intentarlo. Esta vez quizás con efectivos policiales, cerrajero y especialista en zoonosis, por si hay animales en la vivienda. “Se preocupan más de los animales que de las personas”, afirma indignada una integrante de Raval Rebel, una plataforma vecinal. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca no llega a todo y surgen asambleas por doquier. El Ayuntamiento ha tratado esta vez infructuosamente de mediar entre la propiedad y el inquilino y se ha prestado a pagar el alquiler hasta dar con una alternativa habitacional para la familia. El arrendador no aceptó el pacto propuesto por el SIPHO, el único servicio de este tipo en España y que se activó con la llegada de los comunes de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona.

La tensión le ha causado una terrible jaqueca a Ibtissam. No votará pero tiene más claro que los vendedores del top manta de Barcelona por quién lo haría. Los manteros se han convertido en un caballo de batalla electoral. Se les acusa de hundir el comercio local y ellos se defienden alegando su derecho a sobrevivir y critican a la alcaldesa. “Colau nunca se ha reunido con nosotros y no sabe siquiera dónde está nuestra tienda”, dice Lamine Bathily, senegalés de 28 años. “Llevo 12 años en Barcelona, más que Manuel Valls”, señala en alusión al candidato apoyado por Ciudadanos que promete acabar con sus ventas en 90 días.

Los alcaldables han sido invitados a un debate con los manteros en radio Primavera Sound. Van todos excepto Joaquim Bou, candidato del PP, y Valls. Es terreno resbaladizo para todos menos para los que tienen el manual de grandes soluciones. El pequeño comercio se queja de la venta ambulante. Los asistentes plantean soluciones más civilizadas que enviar a la guardia nacional a cortar de raíz el top manta como sugieren algunos ausentes. Los manteros se quejan de que en campaña los hagan desaparecer de la faz de la ciudad para calmar al comerciante. El convergente Xavier Trías llegó a la alcaldía en 2011 con la promesa de acabar con la venta ambulante y la prostitución callejera, Colau ha capeado el temporal como ha podido y Valls propone una faena de aliño. El problema sigue ahí. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, aludió ayer a este espinoso tema: “Barcelona tiene que brillar y no lo está haciendo como consecuencia de estos elementos”. Hay zonas grises en la sociedad que además de no relucir no dan votos.