La gran odisea de volver a lo público

El veterano funcionario municipal y prestigioso jurista gallego Xoaquín Monteagudo acaba de jubilarse tras culminar uno de los procesos más enrevesados de su carrera: devolver a manos públicas la gestión del servicio de la grúa y la ORA en Santiago de Compostela. Como responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Monteagudo sacó adelante un voluminoso expediente para cumplir una promesa del gobierno de Compostela Aberta, una de las candidaturas de unidad popular que dieron un vuelco al panorama político en España en las municipales de 2015. “La realidad que me encontré es que la legislación es mucho más laxa cuando un Ayuntamiento saca un contrato de millones de euros para la gestión indirecta a través de una empresa privada que cuando se propone gestionar directamente cualquier servicio pequeño”, concluye desde su retiro.

Tras los escándalos de corrupción y los conflictos laborales que sacudieron el sector de las contratas municipales durante la crisis, las denominadas alcaldías del cambio de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz prometieron “remunicipalizar” servicios básicos. Han logrado devolver a manos públicas aparcamientos, funerarias, teatros, guarderías, equipos de salvamento y hasta el izado de una bandera que en Cádiz el PP había encargado a una empresa privada. Pero en la mayoría de los casos, y especialmente en los contratos más grandes, se han topado con un rosario de atrancos, desde los corsés de las leyes de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy hasta recursos judiciales de la patronal CEOE.

La subrogación de la plantilla de la concesionaria ha sido un importante escollo por las restricciones a la contratación que impuso el PP y también por los reparos internos a que esos trabajadores se conviertan en empleados públicos. En Santiago, el servicio jurídico esgrimió que los cerca de 45 trabajadores de la grúa y la ORA no suponían en realidad un incremento de gasto para las arcas locales sino un mero traspaso presupuestario: el dinero que se destinaba a pagar el contrato con la empresa privada se trasladaba al capítulo de personal. Y con este argumento logró saltar el muro.

“El núcleo del debate debería haber sido comparar la eficiencia y la calidad del servicio cuando se gestiona de forma directa e indirecta, pero al final lo fundamental ha sido cómo hacer para asumir el personal”, lamenta Monteagudo. Tras superar las trabas legales con 400 folios de informes y los reparos del interventor y del secretario municipal, el cambio ha entrado en vigor sin ser impugnado por el Gobierno central, aunque está pendiente de un recurso presentado en los tribunales por un abogado a título particular, explica el gobierno local.

Madrid

Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento con el ojo de las remunicipalizaciones puesto en Calle 30, que gestiona la M-30; los contratos de limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de vías públicas y alumbrado; centros culturales, escuelas de música, gestión de parques y jardines, polideportivos y otros. Cuatro años después, la realidad queda lejos de las expectativas. Recuperó la funeraria, "una de las empresas más grandes que se han remunicipalizado", afirma el concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ya que gestiona 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. El Ayuntamiento ha retomado la gestión directa de cinco centros deportivos, cinco aparcamientos y el teleférico de la Casa de Campo, y el servicio de alquiler de bicicletas municipales ha pasado a manos de la Empresa Municipal de Transporte.

García Castaño señala algunas trabas encontradas en el camino. Además de que los contratos de mantenimiento de las vías públicas, alumbrado y limpieza no expiran hasta el próximo mandato, "hay restricciones a la contratación de personal porque la tasa de reposición está muy fijada", dice el concejal. "Madrid ha tenido una dificultad añadida: con la intervención del Ministerio de Hacienda no tenía posibilidad de crear empresas públicas nuevas", añade. ¿Fueron demasiado optimistas en 2015? "Siempre he sido bastante realista. Creo que hay cosas para las que es mucho mejor la gestión pública y otras quizás no tanto. Se han dado pasos importantes", contesta.

Barcelona

Ada Colau cierra su mandato cumpliendo con las municipalizaciones más modestas que prometió en 2015 y con algunas que no había previsto en su programa. Barcelona en Comú propuso hace cuatro años remunicipalizar el agua y el servicio de atención domiciliaria, crear un operador energético verde y recuperar la gestión pública de varias guarderías. Solo ha cumplido las dos últimas. Ha creado una comercializadora eléctrica que ha permitido al Ayuntamiento autoabastecerse y desenchufarse de las eléctricas convencionales. En el caso de las guarderías, el antecesor de Colau abrió tres guarderías públicas pero externalizó su gestión. Nada más llegar, el gobierno de Barcelona en Comú internalizó a sus 31 educadoras e hizo que estos tres centros funcionasen como el resto de 101 escuelas para niños de cero a tres años.

Municipalizar el servicio de atención domiciliaria se descartó por las limitaciones a la contratación. Lo prestan 3.400 personas y cuesta 56 millones de euros anuales. En el caso de la gestión pública del agua, Colau pretendía incluir el proyecto en una consulta ciudadana que la oposición vetó inicialmente y luego fue recurrida en los tribunales. La alcaldesa y las entidades que promueven la gestión pública del agua acusan a la empresa Agbar de presionar para dificultar la municipalización. Durante este mandato ha habido otras dos remunicipalizaciones no previstas: las impuso el grupo municipal de la CUP como condición para aprobar las primeras cuentas de Colau. Se trata de dos servicios de atención a mujeres, que suman unas 50 trabajadoras.

Valencia

El gobierno local de Compromís, PSOE y València en Comú (Podemos e independientes) ha recuperado la gestión directa de algunos servicios. Dos céntricos aparcamientos de 800 plazas han pasado a ser explotados directamente por el Consistorio. El Ejecutivo de Joan Ribó ha remunicipalizado el Teatro El Musical -tras el fiasco protagonizado por el anterior gestor privado, el promotor de espectáculos José Luis Moreno- y el espacio escénico La Mutant, el Parque Gulliver, los albergues de animales y tres escuelas infantiles de las 12 de titularidad municipal, concretamente las que tenían una matriculación más baja. “Si antes costaban unos 300 o 400 euros mensuales, ahora se paga 32. Además están las becas de comedor”, explica la concejal de Educación, María Oliver.

Las áreas de Hacienda y de Gobierno Interior han creado una oficina de control y seguimiento de las contratas municipales que gestionan los grandes servicios municipales en la tercera capital española. Ribó anunció hace pocos días que si gobierna impulsará la creación de una empresa pública comercializadora y distribuidora de energía eléctrica 100% renovable para impulsar la energía verde y abaratar facturas. En un primer momento abastecería a los edificios municipales.

Zaragoza

El servicio de atención telefónica, con 14 trabajadoras, ha sido remunicipalizado pero de una manera rocambolesca. Nada más llegar al gobierno, Zaragoza en Común aprobó retomar la gestión directa del servicio pero, antes de que entrase en vigor, la medida fue recurrida en los tribunales por la CEOE. Esta impugnación permitió seguir a la concesionaria pero, según cuenta el gobierno local, a los dos meses dejó de pagar los sueldos. “El gobierno de Zaragoza no podía permitir que hubiera unas trabajadoras sin cobrar realizando su trabajo de atención al teléfono de información y acordó pagar directamente las nóminas”, explican las mismas fuentes. Las empleadas reclamaron ante la justicia ser trabajadoras del Ayuntamiento y ganaron. El 010 lleva un año siendo gestionado directamente y se han ahorrado 120.000 euros, un 20% del coste, señala el gobierno local.

Galicia

En Santiago, tras recuperar la gestión directa de la grúa y la ORA, Compostela Aberta promete hacer lo mismo con el abastecimiento de agua. Desde el gobierno de Martiño Noriega piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “facilite que los municipios puedan decidir cómo gestionar sus servicios”. En A Coruña lleva tres años intentando sin éxito “remunicipalizar” cinco bibliotecas municipales que estaban en manos de una empresa privada. La subrogación del personal es el gran atranco. “Ha sido un trabajo infinito, es unos de los expedientes mayores que he visto”, señala José Manuel Sande, concejal de Culturas de Marea Atlántica. “Hay una facilidad insultante para privatizar lo público y unas dificultades inmensas, incluso internas, para hacer algo sensato”.

El gobierno de Ferrol logró devolver a la gestión directa el servicio de socorrismo, integrado por 53 personas durante tres meses al año. Lo intentaron con la recogida de basura. “Entre la oposición, las grandes multinacionales y la maquinaria administrativa fue imposible”, afirma el alcalde, Jorge Suárez, de Ferrol en Común. “La legislación nacida de la crisis beneficia al sector privado, a los grandes magnates de la construcción que quedaron sin negocio”, añade en alusión a compañías como ACS, FCC o Ferrovial, que gestionan los grandes contratos.

Cádiz

En Cádiz, José María González Kichi prometió el rescate de más de 10 servicios municipales entregados a empresas privadas durante gobiernos del PP. Cuatro años después, su gobierno ha conseguido rescatar tres, vinculados a los servicios de limpieza, socorrismo y mantenimiento de las playas de la ciudad. La medida, que ha afectado a entre 30 y 200 trabajadores -en función de si es temporada baja o alta-, fue impugnada en los juzgados por la Subdelegación del Gobierno, entonces bajo el gobierno del PP. Cuando los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, la ya Subdelegación socialista recurrió la decisión, que está pendiente de sentencia.

Otro de los servicios que González ha recuperado es el del izado y arriado de la inmensa bandera de España que el anterior gobierno del PP instaló en un mástil de la plaza de Sevilla. Cada vez que por motivo de los fuertes vientos que azotan la ciudad había que mover la bandera, una empresa cobraba hasta 145 euros. Ahora se encarga un operario municipal. El actual gobierno afirma que si sigue en el poder las nuevas remunicipalizaciones llegarán solo si existe “respaldo de los trabajadores” afectados.

Con información de Gloria Rodríguez-Pina, Clara Blanchar, Cristina Vázquez y Jesús A. Cañas.