El juez imputa a dos candidatos a alcalde del PSOE por el caso de los enchufes de la Diputación de Valencia

El juez Miguel Ángel Casañ ha citado como investigados a dos alcaldes del PSPV-PSOE, Salvador Femenía, de L'Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, de Rocafort, que se presentan a la reelección el 26 de mayo. El magistrado, que los los ha imputado junto a otras siete personas vinculadas al mismo partido y a Compromís, cree que fueron enchufadas como altos cargos en una empresa de la Diputación de Valencia. Un caso que llevó hace un año a la detención del entonces presidente de la Corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, que está acusado de los delitos de malversación y prevaricación.

Rodríguez fue forzado a abandonar la Diputación y hace unas semanas, a renunciar a ser candidato del PSOE por Ontinyent, el pueblo del que es alcalde. El PP ha pedido este miércoles a los socialistas y a Compromís que aparten de sus listas municipales a los implicados en el caso. Fuentes de la dirección del PSPV-PSOE han descartado que el partido vaya a hacerlo, al considerar que no se trata de un asunto de corrupción, sino en todo caso de un error administrativo achacable a quienes eligieron la fórmula de contratación, no a quienes fueron contratados con ella.

El alcalde de L'Alqueria de la Comtessa estuvo contratado dos años en la empresa pública de la Diputación Divalterra como responsable de las brigadas forestales antes de convertirse en 2017 en diputado provincial. El alcalde de Rocafort solo ocupó el cargo, en cambio, 26 días, entre febrero y marzo de 2018 y asegura que dejó el puesto cuando supo que la forma mediante la que había sido nombrado —como personal de confianza en un puesto de alta dirección en vez de mediante concurso público— estaba siendo discutido. Jiménez añade que renunció al finiquito y cobró solo por los días trabajados.

Fuentes de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia señalan que los nueve ex altos cargos han sido citados como investigados para concederles una garantía procesal de la que carecerían si fueran llamados como testigos, y que el objetivo de la citación es interrogarlos sobre las circunstancias que rodearon las contrataciones. Entre los nuevos investigados existe malestar por el hecho de que el magistrado haya notificado las citaciones, en plena campaña electoral.

Cuotas al partido

Las defensas del expresidente de la Diputación de Valencia y de los otros cuatro cargos de la institución detenidos en 2018 mantienen que las nueve contrataciones fueron legales y que así lo avalaban informes jurídicos internos. La Fiscalía considera, en cambio, que las contrataciones fueron innecesarias, que su única motivación fue la adscripción de los elegidos al PSOE y Compromís, y que los responsables de la Diputación soslayaron las normas de contratación de la Administración a pesar de que fueron advertidos en contra por el secretario del consejo de administración de Divalterra y el auditor interno, cometiendo así los delitos de malversación y prevaricación.

Un nuevo informe aportado a la causa por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía destaca que para varios de los supuestos enchufados su contratación implicó un gran aumento salarial respecto a sus ocupaciones anteriores. Una de ellas pasó de ingresar 7.000 euros al año a ganar 52.000. Otro, de 11.000 a 54.000. El informe también indica que los cuatro investigados de Compromís, entre ellos José Luis Melero, que va de número dos en la lista de Silla, pasaron de abonar a su formación política cuotas de 86 euros anuales a pagar 720 euros. Esto es, 60 euros al mes, unas cantidades que fuentes de la investigación consideran demasiado pequeñas como para abrir una investigación por financiación irregular.