La juez cree que Camps “urdió un plan” delictivo con el circuito de la fórmula 1

La juez Carmen García Mingo ha procesado este viernes al expresidente valenciano Francisco Camps, del PP, por, presuntamente, excederse en sus competencias, infringir la ley de contratos, utilizar de forma impropia una empresa pública, alterar documentos y distraer fondos de la Administración en la construcción del circuito de fórmula 1 de Valencia. Un proyecto que, recuerda la magistrada, Camps dijo que le saldría gratis al contribuyente y ha acabado costando más de 300 millones de euros.

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a otras 15 personas, entre ex altos cargos, funcionarios y empresarios, a las que atribuye diversos grados de participación en una "trama urdida" por el expresidente. Camps, según la instructora, puso a la Administración valenciana a su servicio, pasando por encima de la ley, con la "única finalidad" de obtener un "rédito personal a través de su proyección pública y política" a las puertas "de las elecciones autonómicas de mayo 2007", en las que revalidó su mayoría absoluta.

Entre los procesados figura José Mayor Oreja, entonces directivo de FCC, una de las empresas que construyeron el circuito, y hermano del exministro del Partido Popular Jaime Mayor Oreja. La magistrada aprecia "suficientes indicios" de que el empresario entregó 150.000 euros en billetes de 500 a Ricardo Costa vinculados presuntamente con el contrato de la fórmula 1, tal y como declaró durante la instrucción el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Costa fue condenado el año pasado por la financiación irregular del partido y ahora es testigo de la Fiscalía Anticorrupción.

La juez menciona que Mayor Oreja figura en esas mismas fechas, entre marzo y julio de 2008, como pagador de dinero fondos b al partido en los papeles de Bárcenas —con dos apuntes que suman 165.000 euros—. Y señala que otro de los empresarios imputados, Felipe Almenar, de la empresa Cyes —que participó en la construcción del circuito en la UTE liderada por FCC—, fue relacionado en informes policiales con el pago de 200.000 euros a la trama Gürtel, si bien tal acusación fue archivada.

Camps, que ha vuelto a reivindicar su inocencia, su exvicepresidente Vicente Rambla, el exconsejero de Infraestructuras Mario Flores y el resto de acusados quedan a la espera de que el ministerio público y la abogacía de la Generalitat soliciten en el plazo de 10 días la apertura de juicio contra ellos por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y malversación.

Revés ante la campaña

La decisión judicial es un nuevo revés para el Partido Popular valenciano cuando está a punto de arrancar una campaña electoral. Antes de las autonómicas valencianas, celebradas el pasado domingo a la vez que las generales, salió a la luz que el antecesor de Camps, Eduardo Zaplana, ocultó presuntamente en el extranjero 20 millones de euros procedentes de comisiones. Y el cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, fue detenido e imputado junto a su mujer y sus hijas por cobrar presuntamente comisiones a cambio de contratos municipales.

La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que fue consejera de Camps, ya afrontaba los comicios del 26 de mayo en un ambiente de gran desmoralización. Su partido, después de ser el más votado en la ciudad durante casi 30 años, quedó relegado el 28-A a la cuarta posición, por detrás de Compromís, el PSOE y Ciudadanos. Y ahora concurrirá bajo la sombra del procesamiento de su antiguo líder y del nuevo juicio, que empezará el lunes, contra el exconsejero de Cooperación Rafael Blasco, acusado de apropiarse de ayudas al desarrollo. "No es nada nuevo, solo una decisión judicial más, no tenemos nada que decir", declaró la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, en un acto de precampaña de las europeas en el que el también exconsejero valenciano Esteban González Pons presentaba en Valencia al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.

Debate político

Camps ha defendido que la decisión de impulsar el Gran Premio de Fórmula de 1 de Europa, que se celebró entre 2008 y 2012, formaba parte de sus competencias. Y que su meta fue posicionar a Valencia y a la Comunidad Valenciana en el mundo. El debate sobre la "oportunidad, beneficios y retorno" de las carreras, argumenta el exdirigente del PP, no debería ser judicial, sino "político", y las posibles infracciones deberían quedar en el orden contencioso-administrativo.

La magistrada rechaza el razonamiento y mantiene que Camps, "excediéndose de sus competencias" y funciones, "ideó, planificó y promovió la construcción del circuito urbano bajo una pretendida apariencia de legalidad que no se correspondía con la realidad", y que lo hizo con el objetivo de obtener una ventaja "política". La instructora sostiene que el expresidente utilizó para ello a un organismo, el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat, "a sabiendas" de que carecía de competencias para realizar una obra de ese tipo. Recurrió a procedimientos administrativos inadecuados, incumpliendo la Ley de Contratos Públicos. Y en la carrera para que el circuito pudiera inaugurarse en el verano de 2008, como había prometido, vulneró la legalidad con expedientes en los que se alteraron las fechas y se omitieron elementos fundamentales de los contratos, y con adjudicaciones las que sus beneficiarios llevaban trabajando, codo con codo con altos cargos de la Generalitat, meses antes de se celebrara el concurso público.

Las conclusiones de la juez, señala en el auto contra el que cabe recurso, se basan en los atestados de la Guardia Civil y de la policía, en informes de la Intervención General de la Generalitat y en la declaración de una larga relación de testigos. Entre los cuales figuran, además de Costa, otras dos personas que eran entonces muy cercanas a Camps: su asesora y traductora en las conversaciones con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, Belén Reyero y el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.

El expresidente baraja querellarse

El expresidente ha manifestado este viernes ayer que baraja querellarse contra la juez instructora, Carmen García Mingo. Camps considera que la causa en la cual fue ayer procesado "obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura" y acusa a la magistrada de ser una "censora política de Gobiernos", según recogió ayer Europa Press citando a fuentes próximas al exdirigente del PP.

Camps presidió el Gobierno valenciano entre 2003 y 2011. Dimitió en julio de aquel año después de que el juez José Flors le abriera juicio por el caso de los trajes, en el que fue absuelto por un jurado. Está imputado en otras dos causas, que investigan las adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel y la visita del Papa a Valencia en 2006.