El Congreso podrá investigar el pasado económico y curricular de los diputados

El nuevo Congreso que salga tras las elecciones del 28-A podrá investigar y verificar las actividades que hayan desarrollado en el pasado los electos diputados y que les hayan proporcionado ingresos económicos. De oficio o por motivo de una denuncia, incluso anónima. Y sus sociedades patrimoniales. La ampliada declaración de intereses económicos afectará también a posibles regalos u obsequios. Son algunas de las novedades del Código de Conducta aprobado en la última Mesa del Congreso por impulso de la actual presidenta, Ana Pastor.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de Europa creado en 1999 para mejorar la lucha contra la corrupción de sus actuales 47 estados miembros. Su primer informe, ya con España dentro, data de 2013 y en el mismo ya incluyó una serie de recomendaciones sobre las carencias que evidenció en el Parlamento español. Luego repitió esos toques de atención en 2016 y 2017.

En esas conclusiones el Greco ya fijó que las cámaras españolas deberían de tener un Código de Conducta para sus representantes de más fácil acceso, que incluyera asesoramiento sobre prevención de conflictos de intereses, regalos y otras ventajas y actividades complementarias como intereses financieros o requisitos de publicidad. Los parlamentarios españoles ya efectúan ahora una declaración de intereses económicos, pero muy genérica. El formulario tiene una casilla para “otros intereses a declarar” y en la mayoría de los casos no declaran nada. Las cámaras, además, no tienen medios ni instrumentos para supervisar la veracidad de lo confesado. Y se han observado en el pasado carencias y falsedades (hasta en los currículums, títulos y biografías entregados por sus señorías) que no han tenido consecuencias. Ahora se podrán reclamar las titulaciones oficiales.

El 28 de febrero pasado la presidenta del Congreso actual, la popular Ana Pastor, llevó de manera personal a una cita de la Mesa que rige la cámara la aprobación de un nuevo Código de Conducta vinculante y la creación de una Oficina de Conflicto de Intereses para resolver las dudas, aplicar normas más duras y vigilar que se formalicen. No hubo consultas previas ni mucho debate, según fuentes parlamentarias consultadas. Tenía prisa por dejar el asunto aprobado. Lo complicado ahora será su ejecución. Un cometido que fuentes del Congreso admiten que no será nada fácil.

En el Parlamento español de la XIII legislatura habrá bastantes novedades, muchas reglas serán diferentes y los instrumentos para exigir su cumplimiento siguen siendo por ahora los mismos.

Los parlamentarios electos ya tienen que rellenar ahora una Declaración de Actividades e Intereses, pero lo hacen con escasa precisión y sin consecuencias si aportan datos e información falsa. Se pide que se indiquen los ingresos actuales, sin añadir mucho más. Los nuevos diputados deberán aportar las ganancias del pasado, precisando “el nombre del empleador y el sector de la actividad”, como destaca en su valoración de las innovaciones Miguel Ángel Gonzalo, secretario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso. Y deberán facilitar si tienen o han tenido sociedades patrimoniales, algo que ahora no se les exigía.

Los parlamentarios se estrenarán confesando así por escrito si obtuvieron antes de ser elegidos “donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que sea relevante por su valor u otra causa”. El registro de intereses será publicado vía electrónica y en el Boletín de las Cortes. Sobre los regalos se precisa que deberán abstenenerse de recibirlos si se considera “razonablemente” que puedan pretender influir en su conducta. Si los obsequios se recogen en viajes oficiales y superan “cierto valor” deberán ser entregados a la Secretaría General de la Cámara, que los inventariará y publicará en el Portal de Transparencia.

Otra aportación obligada será que los diputados tendrán que hacer pública su agenda institucional en ese Portal, incluyendo especialmente las reuniones con representantes de entidades o grupos de interés, es decir lobbies.

Las normas aprobadas, que heredará y tendrá que articular la siguiente Mesa que saldrá de las elecciones del 28-A, serán de obligado cumplimiento hasta que en el futuro se aborde la eternamente pendiente revisión del vigente Reglamento del Congreso. En ese texto se quiere establecer qué se considera en España por lobby o grupo de interés. El Código retocado ahora los retratra como “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas” con iniciativas legislativas.