El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, entra en prisión por corrupción urbanística
El también exsenador de Coalición Canaria afronta siete años de cárcel por su implicación en el denominado Caso de Las Teresitas
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo, se ha presentado este lunes voluntariamente en el centro penitenciario Tenerife II, en compañía de su abogada, y ha entrado en prisión. Zerolo ingresa en la cárcel después de que el Tribunal Supremo ratificara una condena de siete años por dos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, en el noreste de Tenerife.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó la ejecución de la sentencia este lunes, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena que se le impuso por su implicación en el que se considera el mayor caso de corrupción de la historia reciente del Archipiélago. En un primer momento, el juez de la Sala II de la Audiencia tinerfeña, Joaquín Astro Landete, estuvo a punto de dictar una orden de busca y captura ya que no había rastro del exsenador de Coalición Canaria, pero éste finalmente procedió a entrar en el centro penitenciario de forma voluntaria, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Las conclusiones del caso Las Teresitas se basan en la existencia de un entramado corrupto para beneficiarse de una plusvalía en la compra de unos terrenos que en realidad eran de titularidad pública. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó a la empresa Inversiones Las Teresitas más de 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, una cantidad que, según la arquitecta municipal Pía Oramas, superaba en 30 millones el valor real de dicho suelo.
La Audiencia provincial también ha dictado órdenes de detención para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, condenado a siete años, y el empresario Antonio Plasencia, con una pena de cinco años y siete meses, quienes fueron conducidos a la prisión de Tenerife II. Ignacio González, otro empresario también condenado a cinco años y siete meses, alegó problemas de salud a la hora de su detención por lo que se encuentra a la espera de que sea examinado por un médico forense.
Otros dos condenados, el exdelegado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, tienen cinco días para su ingreso voluntario en prisión al haber sido condenados a penas menores que los anteriores (cuatro años y seis meses Juan Víctor Reyes y cuatro años José Tomás Martín) y ser menor el riesgo de fuga. Con la entrada en prisión de los condenados, se da por cerrado el caso de corrupción urbanística más importante de la historia reciente de Canarias.
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