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El Supremo ratifica la condena de siete años para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo

La sentencia confirma la "connivencia y cooperación" de los condenados en la alteración del precio de los terrenos municpales

Miguel Zerolo Aguilar
El exacalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de siete años de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, Miguel Zerolo, por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. También se mantiene la misma pena de siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes; otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, cooperadores necesarios para los dos delitos. Además, el Alto Tribunal también mantiene las penas de inhabilitación especial para cargo y empleo público de ocho años y nueve meses para Zerolo y Parejo; siete años para los dos empresarios y ocho años y siete años y medio para Víctor Reyes y José Tomás Martín, respectivamente.

 Las conclusiones del caso se basan en la existencia de un entramado corrupto para beneficiarse de la plusvalía de terrenos de titularidad pública, ya que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó a la empresa Inversiones Las Teresitas más de 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, una cantidad que, según la arquitecta municipal Pía Oramas, superaba en 30 millones el valor real de dicho suelo.

Según informa el Supremo, la sentencia confirma la "connivencia y cooperación" de los condenados en la alteración del precio de los terrenos, con perjuicio a las arcas municipales y que suponen un delito de malversación y prevaricación, ya que se dictaron resoluciones "a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido". De hecho, expone que el gasto necesario para la compra hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos. La sentencia da por cerrado el caso --aunque queda la posibilidad de que los condenados soliciten amparo ante el Constitucional-- y abre definitivamente la vía civil para que el Ayuntamiento pueda solicitar la devolución del dinero, 52,8 millones más intereses, con lo que cifra final ronda los 100 millones.

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