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El PP maniobra en el Congreso para frenar los decretos del Gobierno

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido un informe a sus letrados para ver si puede parar las iniciativas sociales de Sánchez

Ana Pastor, durante la última sesión del Congreso de los Diputados. En vídeo, el PP lleva los decretos leyes a la Junta Electoral.

La tensa y complicada relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, no se atempera con las Cortes ya disueltas. La bronca tampoco baja de intensidad pese a que ya ha comenzado la larga precampaña electoral. La guerra institucional se ha puesto en evidencia con el anuncio de recursos ante el Constitucional por parte del PP y con una escalada de declaraciones: la portavoz socialista, Adriana Lastra llamó ayer martes "hooligan" a Pastor. La presidenta del Congreso ha pedido un informe a sus letrados para ver si puede frenar los decretos leyes sociales de Sánchez.

El jueves pasado, al final del último pleno de esta peculiar y complicada legislatura, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tomó la palabra y se despidió con un discurso sobre la importancia creciente de la mujer en la política. Aludió a la presencia de diputadas en el hemiciclo, frente al gris y masculino del cuadro que tiene en su despacho de la primera asamblea democrática. Y, emocionada, apeló a su servicio a la causa “por España y los españoles”. Cosechó una ovación cerrada. Los aplausos se oyeron incluso entre la bancada del PSOE. Pero ese supuesto idilio fue muy engañoso.

El día anterior, el presidente Sánchez —secundado por la portavoz socialista, Adriana Lastra— anunció durante la postrera sesión de control al Ejecutivo la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional por “el bloqueo sistemático de PP y Ciudadanos a las iniciativas de ley tomadas en consideración” por la Cámara baja. Los populares, secundados por la presidenta del Congreso, contraatacan con una actitud beligerante contra la querencia del Gobierno por los decretos de última hora.

Pero cada partido tiene sus propias cuitas. El PSOE contribuyó a esa tensión con un comunicado oficial denunciando “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de plazos de enmiendas” como una “constante en la actividad de la Mesa de la Cámara durante la XII Legislatura, suponiendo una continua vulneración de los derechos del Grupo Socialista”. Y Lastra asegura que ese bloqueo ha afectado a medio centenar de iniciativas, varadas a base de proponer prórrogas en las comisiones que debían abordar su aprobación.

El PSOE solo ha dispuesto de 84 escaños en estos nueve meses de su mandato y en la Mesa del Congreso, PP y Cs suman cinco de sus nueve miembros. Cada semana, tras las correspondientes reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, Lastra se quejaba recurrentemente de lo que veía como una estrategia de Pastor para boicotear al Gobierno.

El PSOE, pese a esa realidad, ha sacado adelante 17 leyes y 28 decretos, muchos no solo con el apoyo de sus socios de moción de censura (Podemos, PNV y partidos independentistas catalanes) sino en algunos casos con el PP, como este martes ha destacado Lastra. Pero el conflicto larvado explotó de forma abierta en otoño cuando el Ejecutivo intentó —con todo tipo de estratagemas— aprobar su proyecto de Presupuestos para 2019. Los impedimentos de la Mesa resultaron firmes y frustrantes para Sánchez. Hasta el punto de que algún miembro de la dirección socialista sondeó la opción de reprobar a la presidenta del Congreso, algo inédito y de muy difícil concreción parlamentaria, solo a través de una ley específica.

La disputa no cejó con el anuncio de elecciones anticipadas. Sánchez avisó de que pretendía gobernar hasta el último minuto, con decretos aprobados en Consejos de Ministros enfocados a recuperar derechos sociales. El viernes pasado se registraron tres: el plan de contingencia del Brexit, la equiparación progresiva de las bajas de maternidad y paternidad y una norma para limitar el precio de los alquileres. Y vendrán más.

Las prácticas "caciquiles" del PSOE


Pastor acudió este lunes a la Cope para censurar que ese comportamiento de Sánchez es inédito y lo tildó de “dopaje” electoral con “fines partidistas”. En la Mesa del Congreso pidió el mismo lunes un informe jurídico a los letrados para que le aclaren qué tipo de respuesta debería dar la Diputación Permanente —el retén de guardia de las Cortes en este periodo— a esos requerimientos del Ejecutivo y sobre todo para despejar las dudas de algunos grupos sobre cómo podrían tramitarse luego a los mismos enmiendas con las Cortes ya disueltas y como si fueran un proyecto de ley. Ni al Gobierno ni al PSOE le han gustado nada esas maniobras de Pastor, a la que nunca han apreciado como una figura neutral o arbitral en la Cámara baja.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se lo dejó claro este martes en el programa Los desayunos de TVE. Lastra etiquetó así a Pastor como una “hooligan” militante del PP. Y reiteró que mantendrán su lucha en el Constitucional.

Pablo Casado, el líder del PP, ha respaldado este martes desde Oviedo a Pastor y ha amagado con llevar futuros decretos del Gobierno a la Junta Electoral y elevó de nuevo el tono de sus acusaciones: “El PSOE ha pasado de prácticas caciquiles a mafiosas, con una guerra sucia”.

 

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