Corrupción en Melilla: seis imputados en el Gobierno

Entre los investigados que el presidente Juan José Imbroda mantiene al frente del Gobierno de Melilla se encuentran el vicepresidente y consejero de Economía, Daniel Conesa; y el consejero de Educación, Antonio Miranda, además de los viceconsejeros de Administraciones Públicas, Hacienda, y Festejos —María Ángeles Gras, Guillermo Frías y Francisco José Díaz—. También José Pastor, director general de Gestión Económica Administrativa de Medio Ambiente.

Otros seis ex altos cargos melillenses siguen imputados en otros procesos. Entre ellos, María Antonia Garbín, que ocupaba la cartera de Bienestar Social, ha dejado su acta como diputada tras ser condenada en firme a 10 años de inhabilitación por el caso Abogados —contratación irregular de varios letrados por parte de la consejería— el pasado enero.

Los procesos abiertos por corrupción en Melilla, entre ellos el denominado caso Tosca que investiga el amaño de contratos públicos, afectan a empresas privadas acusadas de colaborar en la supuesta trama delictiva. Según las sospechas de la Guardia Civil, toda esta supuesta red delictiva estaría adjudicando esos contratos principalmente a cambio de otorgar empleos a personas cercanas al Gobierno melillense (no solo familiares), tejiendo así una posible red clientelar.

Algunas de estas firmas siguen todavía recibiendo contratos a dedo o por procedimiento negociado —con un margen de discrecionalidad grande por parte del Gobierno de Melilla—. Estos contratos sin concurso público se mantienen a favor de estas empresas pese a que están investigadas en los tribunales por corrupción. El grupo Eulen y su filial de seguridad han conseguido desde 2015 hasta 61 contratos discrecionales (59 menores y dos negociados sin publicidad) pese a su situación procesal. En total, el Ejecutivo les ha adjudicado por esta vía 5,2 millones de euros.

En los últimos años, el PP nacional ha reaccionado a la imputación de altos cargos autonómicos exigiéndoles en muchos casos que dejaran sus actas o cesarán en sus cargos públicos. Por razones parecidas a las que se dan en Melilla dimitieron dos diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid imputados en el caso Púnica; cesó el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; o se vieron forzadas a pasar al grupo mixto del Senado la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya fallecida; o Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, cuya causa archivó hace unos meses el Tribunal Supremo.

El PP se defiende

Miguel Marín, secretario general del PP de Melilla y presidente de la Autoridad Portuaria, considera que las causas abiertas “no tienen absolutamente nada que ver con la corrupción”. “Las cuestiones que se han planteado se refieren a procedimientos judiciales inventados por la oposición, denuncias totalmente surrealistas, cuestiones totalmente administrativas para nada relacionadas con la corrupción política. La práctica totalidad de ellas han sido sobreseídas o archivadas. Y, en lo referente a las que están en curso, estamos hablando de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la corrupción. Es decir, aquí nunca nadie ha dudado de que se haya llevado un solo euro ningún compañero del PP de Melilla, ninguno, eso no está en duda. Nosotros estamos convencidos de que son procedimientos administrativos ajustados a derecho y, por tanto, no entra en colisión con el propio código ético del Partido Popular nacional”.

Por su parte, la oposición denuncia la opacidad en la contratación pública de Melilla, dado que “el 85% son contratos menores que no salen a concurso público”, y cuestiona los procedimientos judiciales en marcha por su lentitud. “En Melilla”, afirma Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE, “hay un dicho que funciona y es que el derecho acaba en el Estrecho. Aquí no dimite nadie. Imbroda lleva un estandarte y es que con él no va a salir nadie”.

El presidente de Melilla llegó a confirmar que María Antonia Garbín, exconsejera de Bienestar Social y diputada en Melilla, repetiría en las listas para las elecciones que se celebrarán en mayo. Pero la Audiencia Provincial confirmó la condena por prevaricación contra Garbín, lo que provocó su dimisión como parlamentaria.

Rachid Bussian, diputado de Coalición por Melilla, asegura que “las adjudicaciones a empresas imputadas por corrupción se han multiplicado en este tiempo”. “Es una forma de financiar ilegalmente al PP de Melilla. Es su forma de seguir en el poder otros cuatro años”, añade.

En 2015, la Guardia Civil llevó a cabo la desarticulación de las tramas corruptas que operaban en Melilla. En aquella operación detuvieron a más de 15 personas, entre ellas cargos públicos y funcionarios del Gobierno de Melilla, y apuntaron a la existencia de una red de contratación ilegal mediante el fraccionamiento de contratos para su adjudicación directa.

Colocación de familiares

La investigación judicial analizó adjudicaciones millonarias supuestamente fraudulentas del Ejecutivo presidido por Juan José Imbroda mediante el amaño de contratos. Uno de los principales beneficiarios, el grupo Eulen, también está siendo investigado por la colocación en sus empresas de personas afines al Partido Popular o familiares del Gobierno melillense como pago por las adjudicaciones conseguidas.

El secretario general del PP de Melilla considera que no pueden vetar a determinadas empresas que no han sido condenadas aún. “Lo que el Gobierno de la ciudad no va a hacer es actuar de juez y, por tanto, si no hay sentencia sobre esas empresas, la Administración está incapacitada para vetar a una empresa en concreto si no hay una sentencia firme. Ninguna Administración pública puede vetar una empresa por el mero hecho de que puedan existir indicios o que pueda haber en marcha un procedimiento judicial determinado. No puede. Ninguna Administración pública tiene la capacidad para poder llevar a cabo esa discriminación. Sería manifiestamente ilegal”.

Más de seis millones a dedo a empresas investigadas

 El Gobierno de Melilla adjudicó seis millones de euros entre 2015 y 2017 en contratos a dedo a 13 empresas imputadas en Ópera y Tosca, las dos grandes causas que investigan una posible trama corrupta por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental y malversación de fondos públicos, entre otros, según se desprende del análisis de las adjudicaciones de la ciudad.

A pesar de su situación judicial, las compañías implicadas consiguieron en dos años, 93 contratos que no pasaron por concurso público abierto. Los seis millones incluyen solo contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, el más discrecional que existe, o como contratos menores, de menos de 15.000 euros en el caso de servicios o menos de 40.000 euros en el caso de contratos de obra —respectivamente, 18.000 y 50.000 antes del cambio legislativo efectivo desde marzo de 2018—.

Las firmas con más contratos adjudicados son la empresa de servicios Eulen y su filial Eulen Seguridad, con más de 600.000 euros acumulados en 59 contratos menores adjudicados sin concurso, que van desde encargos de un día a trabajos de siete meses. Desde que está imputada, esta empresa cuenta también con dos adjudicaciones en procedimiento negociado sin publicidad, el más opaco permitido legalmente por valor de 4,6 millones.

Las pruebas obtenidas por la Guardia Civil en el marco de Tosca revelan que Eulen y su filial Eulen Seguridad habrían incurrido en fraccionamiento de contratos, duplicación de contratos, confección de pliegos, desvío de fondos públicos por trabajos no realizados, uso de sociedades pantalla y malversación. Según la Guardia Civil, el Gobierno de Melilla actuó de forma “deliberada, planificada y orientada a beneficiar arbitrariamente” a Eulen, “sorteando concursos públicos” y en connivencia con el interventor de Melilla, nombrado por el Gobierno local. Preguntada por EL PAÍS, la empresa ha declinado hacer comentarios.

Un ejemplo de ello, según las pesquisas del instituto armado, es una serie de contratos que Eulen recibió en 2015. Se trata de cuatro adjudicaciones a dedo y con un importe idéntico (15.496 euros cada una) para la gestión de cuatro instalaciones deportivas. De haberse tratado de una adjudicación en bloque, el Gobierno melillense habría estado obligado a convocar un concurso público. Esta dinámica también se repite, por ejemplo, en el contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del Fuerte Rostrogordo: el Ejecutivo melillense divide en dos contratos esta tarea sin justificar por qué. De ir juntos, estos dos contratos, de 18.000 y 14.298 euros respectivamente, habrían sido ofertados por procedimiento abierto (concurso público).

Trabaja en otro sector Huracán producciones, la segunda empresa que más ha facturado entre las imputadas en el marco de las operaciones Ópera y Tosca. A finales de 2010, la compañía costeó un viaje a Milán con todos los gastos pagados a varios cargos de la Comisión de Festejos y al viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, hoy imputado en un proceso judicial. Uno de los invitados al viaje fue José Imbroda Domínguez (fallecido en 2014), miembro de dicha comisión, vicepresidente de la Autoridad Portuaria y primo del presidente de Melilla. La Guardia Civil considera que en este viaje se dan “firmes indicios de cohecho” por constituir “una dádiva a funcionarios”.

Fue adjudicataria de 26 contratos menores por valor de 158.000 euros entre 2015 y 2017. Entre los contratos adjudicados a dedo llaman la atención los de la cabalgata de Reyes del mismo año que ascienden a 9.820 y 14.500 euros, por lo que sumados habrían obligado a licitar en procedimiento abierto. También hay un concierto de Gospel en el que Huracán obtiene tres contratos a dedo y con un concepto similar, por valor de 18.000, 6.405 y 9.672 euros.

Sociedades bajo sospecha

Otras sociedades también se encuentran bajo sospecha. Por ejemplo, Carmelo Martínez Lázaro, SL, en cuyas actuaciones la Guardia Civil ha rastreado posibles delitos de prevaricación y concierto con otras compañías para obtener contratos públicos de diversa índole, desde limpieza y mantenimiento de parques públicos y dependencias del Gobierno, hasta labores de salvamento en las playas de la ciudad, campañas de sensibilización y realización de encuestas. Entre 2015 y 2017, esta empresa fue adjudicataria de 65 contratos menores o negociados, que suman 415.000 euros. Según los investigadores, esta empresa se habría puesto de acuerdo con otras para licitar en concursos públicos sin que hubiera una concurrencia real. Precisamente fue Abdelkader Kasem, propietario de una de ellas, el que dio inicio a la Operación Ópera tras confesar que la Consejería de Medio Ambiente le pedía fraccionar sus facturas.

La Guardia Civil investiga también los contratos de Lunamar, que facturó 217.000 euros a Melilla en el periodo señalado en contratos menores. Los agentes creen que esta empresa se estaría presentando a concursos públicos sin relación con su objeto social para favorecer la adjudicación a otras compañías. Según la documentación del instituto armado, los contratos que le fueron adjudicados de forma directa tienen las cantidades a percibir escritas a lápiz.

Esta información se ha realizado en colaboración con la Fundación PorCausa.