Dolors Bassa dice que el 1-O cedió los centros cívicos para “actividades”

Dolors Bassa elevó este miércoles la dificultad del ejercicio de equilibrio que los acusados por el proceso independentista en Cataluña están realizando en el Tribunal Supremo. La exconsejera de Trabajo de la Generalitat sostuvo que el Govern del fugado Carles Puigdemont “acató” las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían seguir adelante con el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, y que al mismo tiempo cumplieron con la “voluntad ciudadana” de realizar la consulta al entender que ello “no era delito”.

Para salvar esta aparente contradicción, Bassa, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, recurrió a un doble juego de eufemismos y exhibición de desconocimiento. La fiscalía, y sobre todo la Abogacía del Estado, hicieron hincapié en el interrogatorio en la cesión para la jornada del referéndum de los centros cívicos que su departamento gestiona por toda Cataluña. Bassa evitó en todo momento admitir que facilitara esas instalaciones para la consulta, y de hecho, se cuidó incluso de utilizar la palabra referéndum en ese contexto. Ella, dijo, cedió los centros cívicos el 29 de septiembre para “actividades”, como “butifarradas” o “bailes de abuelos” y advirtió de que, por orden judicial, debían quedar desalojados a las seis de la mañana del día 1.

La exconsejera se sacudió cualquier responsabilidad de que los centros cívicos quedaran ocupados por aquellas “actividades” hasta la llegada de las urnas y el inicio de la votación prohibida por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "En ningún momento tiene que ver con el 1 de octubre, lo que es cierto es que el 1-O la ciudadanía estaba haciendo actividades", insistió Bassa, defendida por el abogado Mariano Bergés.

La extitular de Trabajo admitió que en aquellas fechas asumió las competencias de los directores de los centros cívicos, alguno de los cuales se había mostrado “inquieto”, pero no por la cesión del espacio para el referéndum, sino por “las posibles responsabilidades civiles” derivadas de si alguna persona “se hacía daño durante las actividades” en esas instalaciones públicas. Para Bassa, el fin de semana del referéndum fue "como todos los fines de semana en que hay actividades, solo que este fin de semana había muchas más actividades de lo que era normal".

Bassa, de 60 años, antigua sindicalista de UGT y consejera por Esquerra, se separó notablemente de la estrategia Oriol Junqueras y Raül Romeva, y aceptó las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Al igual que el resto de acusados que han prestado declaración hasta ahora, la exconsejera negó que se haya pagado “ni un euro de dinero público” para la organización de la consulta del 1 de octubre.

"No materializamos ninguna acción ni gasto", después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la Ley del Referéndum del 6 de septiembre de 2017, afirmó Bassa. "¿Cómo pensaba que se iba a hacer la votación?", replicó la abogada del Estado. "Cada uno debía pensarlo a su manera, el pensamiento es libre. Mi pensamiento no quiero responderlo", dijo Bassa. La exconsejera se desvinculó –alegando desconocimiento- de aspectos de la organización del 1-O como las cartas que envió Puigdemont a los alcaldes catalanes para que cedieran locales para la consulta. Tampoco aclaró de dónde salieron las urnas. “No tengo ni idea”, afirmó.

Bassa enmarcó la prohibición de realizar el referéndum en un “conflicto competencial” con el Estado y dijo que la celebración de la consulta permitiría “resolverlo”. “Nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del Constitucional. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral", sostuvo.