“Había un protocolo para esconder las urnas en solo un minuto”

Una enorme pancarta luce en lo alto de la plaza del centro cívico Cotxeres de Sants, entre las naves donde se guardaban los tranvías durante el siglo XX. “El feixisme avança si no se'l combat! [El fascismo avanza si no se le combate]”, reza el cartel, que se erige como una de las pruebas de la fuerza que los activistas y movimientos sociales tienen en este antiguo barrio obrero de Barcelona. Aquí, el pasado domingo, cientos de personas se concentraron durante toda la madrugada, el día y la noche con el único objetivo de que la policía no se llevara las urnas. Y, para ello, recurrieron a esa red de organizaciones tejida desde hace lustros. "Hoy [lunes], por ejemplo, mandé unos mensajes para que nos concentráramos en la puerta por las cargas policiales. Y, pese a que solo había unas horas de margen, nos hemos congregado casi 200 y hemos cortado la calle", explica Joan Manuel Parisi, de 61 años, directivo de este centro y gerente durante casi dos décadas.

Los impulsores del referéndum ilegal se valieron de particulares de toda Cataluña para esconder las urnas durante días y burlar así los controles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No fue hasta la madrugada del domingo cuando las sacaron de sus escondites y empezaron a repartirlas por los colegios electorales. Entre ellos, varios centros cívicos de la capital —locales municipales donde se imparten talleres, cursos y actividades culturales para fomentar la participación de los vecinos y la cohesión social—.

Pero la tarea de los activistas no acababa ahí. Después, debían proteger las urnas. "Estaban muy organizados. Había un protocolo de actuación para esconderlas si venía la policía. En un solo minuto podíamos evacuarlas, junto a los ordenadores. Por eso se le decía a la gente, agolpada delante del edificio, que solo tenían que aguantar dos minutos si venían a llevárselas", detalla Parisi, que cree que los antidisturbios no vinieron a las Cotxeres "porque aquí hay mucho músculo asociativo". Los congregados se habían preparado para hacer cadenas humanas e impedir así el acceso de los agentes.

"Aquí no hubo ningún tipo de incidente, más allá de que se cayó la web de votación en algún momento. Por la noche sí que vimos coches de la policía, pero pasaban de largo", relata Esther Panadero, de 38 años, que regenta un quiosco colocado en la misma acera del centro cívico, a solo tres metros de la puerta. "Pero no había miedo. Ayer era un día de resistencia pacífica", remacha Parisi.

La emoción desborda el relato de los presentes aquí el domingo. “Pasé la noche allí para defenderlo”, cuenta un joven sobre un punto donde se sucedieron las largas colas, los cánticos (con Els segadors como melodía estrella), los gritos ("Hemos votado") y los lemas ("Els carrers seran sempre nostres [las calles serán siempre nuestras]"). Toda una batería de escenas que también se reprodujeron en el centro cívico El Sortidor, en el barrio de Poble Sec. "El domingo no estábamos abierto como centro cívico, sino como colegio electoral", contesta uno de sus trabajadores a EL PAÍS.

Esta respuesta se enmarca dentro de las sanciones a los que se pueden enfrentar los empleados municipales de estas instalaciones, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley del referéndum y de que un informe del secretario del Ayuntamiento rechazase ceder los locales consistoriales. Pese a ello, el Gobierno de Carles Puigdemont incluyó varios de estos centros en la lista de puntos de votación. Y, por su parte, Ada Colau afirmó que facilitaría la celebración de la consulta, pero que no expondría a los trabajadores públicos.