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El Gobierno reconoce el arraigo a la mujer boliviana que iba a expulsar tras años de residencia en España

La orden que devolvía a su país a la mujer, de 65 años y con nietos españoles, se paralizó el pasado jueves

Carmen Leigue y su hijo Eric, el pasado jueves a la salida de la comisaría de Paterna, donde estuvo detenida dos días.
Carmen Leigue y su hijo Eric, el pasado jueves a la salida de la comisaría de Paterna, donde estuvo detenida dos días.

Carmen Leigue, boliviana con 17 años de residencia en Valencia, se quedará en España después de que el Gobierno español haya revocado este lunes definitivamente la orden de expulsión que pesaba sobre ella desde finales de enero. El Ejecutivo, que iba a deportarla la pasada semana porque no tenía tarjeta de residencia en el país, le reconoce el arraigo social. 

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana paralizó el pasado jueves su expulsión -la devolvían esa misma noche a Bolivia- después de que sus representantes legales recurrieran la orden que la tuvo retenida durante dos días en una comisaría de Paterna (Valencia).

Leigue fue identificada a finales de enero por agentes de la policía en un barrio de Valencia cuando salía de una tienda de teléfonos. La mujer no pudo renovar en 2017 su permiso de residencia porque no cotizó el tiempo que exige la ley.

Según fuentes oficiales, la expulsión ha quedado revocada porque, a tenor del recurso presentado por su abogada, se ha presentado la documentación suficiente para reconocer el arraigo social de la mujer. Un juzgado no le reconoció solo unos días antes esa vía.

Las mismas fuentes han señalado que, en paralelo a la revocación de la expulsión, se analizará todo el procedimiento desde el principio para saber por qué no se presentó en su momento toda la documentación.

La mujer trabaja como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos, y tiene dos hijos y tres nietos españoles, según fuentes de la plataforma por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO), que el jueves lanzó la voz de alarma en torno a su caso. Este parentesco le permiten obtener el permiso de residencia en España.

La plataforma argumentó que la orden de expulsión estaba desde el 28 de enero en la comisaría y no fue notificada a tiempo a su abogada, lo que impidió que la letrada pudiera actuar para paralizar la expulsión.

Cristina Martínez, portavoz de la plataforma CIE No, se ha felicitado por el desenlace del caso pero ha insistido en que "hay muchas Carmen". "Afortunadamente esta historia tendrá un buen final pero nos tiene que servir para conocer que hay muchas personas que sufren la irregularidad sobrevenida y se encuentran con todas las trabas del mundo", ha dicho Martínez.

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