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La fragmentación electoral sitúa al Rey de nuevo bajo el foco político

El jefe del Estado se enfrenta a un posible escenario de bloqueo como el de 2016

El rey Felipe VI y la presidenta del Congreso Ana Pastor en la Zarzuela en octubre de 2016.
El rey Felipe VI y la presidenta del Congreso Ana Pastor en la Zarzuela en octubre de 2016. AFP

La interinidad institucional vivida en 2016 como consecuencia de la congestión parlamentaria producida por los resultados electorales de diciembre del año anterior, situó al Rey, de forma involuntaria, en el centro del escenario político. Las elecciones convocadas ayer por Pedro Sánchez para el 28 de abril perfilan un panorama tan fragmentado o más que el que entonces intensificó la relevancia del jefe del Estado ante la situación de cierto vacío de poder.

La inminente disolución de las Cortes y el fraccionamiento de los bloques electorales con actores inesperados vuelven a poner al Rey en medio de la escena política, como sucedió tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 —la legislatura fallida—, que desembocó en la convocatoria electoral posterior, el 26 de junio de 2016. La falta de experiencia de las formaciones para desenvolverse en la nueva realidad del multipartidismo y la complejidad aritmética de los resultados para conformar alianzas que sostuvieran al Gobierno, convirtió lo que hasta entonces había sido un trámite para el jefe del Estado en un dilatado y complicado proceso insólito en la democracia española.

Felipe VI, que afrontaba por primera vez el reto, tuvo que convocar tres rondas de contactos con los representantes de los partidos para poder cumplir con el artículo 99 de la Constitución, que desarrolla este mecanismo según el cual, tras la renovación del Congreso de los Diputados, “previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos” y a través de la presidencia de la Cámara, debe proponer a un candidato que, en caso de superar la investidura, será nombrado presidente.

Aquellas elecciones fueron improductivas por diversas razones. Para empezar, la mayoría que podía propiciar la investidura frente al PP no se puso de acuerdo. A las incompatibilidades —Podemos no apoyaba ningún pacto que incluyese a Ciudadanos y el partido de Albert Rivera no quería apuntalar al PP— se añadieron las ambiciones de los entonces partidos emergentes de canibalizar a las formaciones de lo que denominaban “la vieja política”. El artículo 99 de la Constitución, además, no preveía una anomalía como la que se produjo cuando el candidato del partido más votado, Mariano Rajoy, no aceptó la propuesta del Rey de ir a una investidura que no tenía garantizada. El candidato que recibió la nueva propuesta, Pedro Sánchez, tampoco obtuvo el respaldo de la Cámara el 2 de marzo.

En abril, después de que la política española se hubiese metido en un callejón sin salida, Felipe VI firmó la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. La XI Legislatura había muerto sin haber llegado a nacer. Las elecciones celebradas el 26 de junio de 2016 dejaron el horizonte en teoría más despejado, pero el multipartidismo había venido para quedarse. Con todo, el Rey tuvo que convocar otras dos rondas de consulta con los partidos, y Ciudadanos se vio obligado a viajar desde la socialdemocracia al liberalismo para que finalmente Rajoy resultara investido para una nueva legislatura que no terminaría como presidente y que llevaría a Sánchez a La Moncloa.

El jefe del Estado estuvo en el eje en ese proceso, que terminó con 10 meses de Gobierno en funciones, redujo la actividad institucional y paralizó los estímulos públicos a la economía. Aunque La Zarzuela pretendía que tras el cambio dinástico, y las turbulencias que lo precipitaron, el Rey tuviera un perfil bajo en la vida pública, la nueva coyuntura electoral puso a Felipe VI en el centro del volcán político.

El presidente Sánchez dio ayer salida a la obstrucción política que produjo el rechazo del Congreso a los Presupuestos. Sánchez comunicó al Rey la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas. La Zarzuela evitó dar detalles de cómo y cuándo lo hizo. “Lo ha hecho y es lo que constitucionalmente importa”, excusaron fuentes de la Casa del Rey, tratando de deslindar su figura de un proceso que se ha puesto de nuevo en marcha y que, sin duda, le reserva un enorme protagonismo.

 

 

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