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FELIPE VI

El año más político de Felipe VI

La investidura fallida y el ‘caso Nóos’ marcan el segundo aniversario de Felipe VI en el trono

El Rey con el preisdente de la Cortes, Patxi López, en una audiencia. Ampliar foto
El Rey con el preisdente de la Cortes, Patxi López, en una audiencia.

A la pregunta de cómo calificaría el segundo año de Felipe VI en el trono, que se cumple este 19 de junio, un alto cargo de la Casa del Rey resopla: “Ufffff…”. El bufido, pretendiendo un efecto evasivo, no puede resultar más expresivo. Infiere que el período no ha sido como cabía esperar desde la perspectiva de La Zarzuela.

El año ha tenido vida propia y ha situado al Rey en el eje de un período intenso y anómalo en la reciente historia de España. Las consecuencias de la crisis y el hastío causado por la corrupción y la condescendencia de los principales partidos han fraccionado los bloques tradicionales y han abocado a una congestión política que ha alterado las previsiones públicas de la jefatura del Estado.

La Casa del Rey pretendía un perfil bajo de Felipe VI en un ámbito tan desacreditado como el de la política. Calculaba, desde la distancia de la institución, recuperar la confianza y el prestigio perdido de la Corona con nuevos parámetros: austeridad, sobriedad y proximidad como marcas prioritarias. Las guías estaban fijadas desde la proclamación, el 19 de junio de 2014, y solo había que ir fijando las traviesas de la agenda sobre el calendario y combinarlas con una adecuada proyección internacional.

Pero la situación de atasco político, con la prolongación de su cometido constitucional en la investidura, ha derivado en lo que La Zarzuela considera una sobreexposición de la figura del Rey. El riesgo: una devaluación en la percepción ciudadana contra la renta de situación lograda con el cambio dinástico, que puso el cuentakilómetros a cero.

Sin embargo, el naufragio de la investidura, con tres rondas de contactos fracasadas y la frustración social producida por la incapacidad de alcanzar acuerdos por parte de los partidos, no ha tenido consecuencias negativas para Felipe VI. Los sondeos de opinión realizados en este período apuntan que los españoles, pese a la frustración, valoran el trabajo realizado por el Rey en el mandato constitucional de la investidura.

El contraste de la pérdida de confianza en una clase política ineficaz para resolver una situación que exigía altura de miras y la entereza de la jefatura del Estado durante el proceso ha tenido sus consecuencias. La actitud del Rey y sus apelaciones constantes al diálogo y al acuerdo, intercaladas en sus discursos, han contribuido a reforzar su imagen. Pero las nuevas elecciones, con idéntica fragmentación electoral, devuelven al Rey al centro del escenario político con nuevas incertidumbres para La Zarzuela sobre los efectos que le pueda deparar la repetición del proceso.

En el desarrollo de sus obligaciones constitucionales el Rey también ha tenido que afrontar un inesperado pulso con el Gobierno en funciones. Tras declinar la proposición de Felipe VI para intentar la investidura como partido más votado aunque sin apoyos suficientes, el PP pretendió mantener el atasco para forzar la repetición de elecciones, invocando un informe a medida del Consejo General del Estado.

Felipe VI, en cambio, se aferró a la Constitución frente a esta inhibición estratégica para facilitar el flujo institucional. Para no romper la neutralidad, ante a un candidato sin ninguna posibilidad (Mariano Rajoy) y otro con alguna, aunque remota (Pedro Sánchez), el jefe del Estado ofreció al socialista la oportunidad de intentar la investidura.

Este desafío consolidó al Rey en su posición pero ha tenido consecuencias. En privado, Moncloa y Zarzuela se reprochan no haber actuado con la corrección debida y la frecuencia de los despachos del Rey con Rajoy se ha visto perturbada. Además, el choque ha tenido notables secuelas en la agenda internacional del Rey, a la que el Gobierno ha dado la espalda.

La plataforma de despegue para la proyección exterior del Rey con esperados efectos vigorizantes para su imagen en España no ha podido funcionar a pleno rendimiento. Si antes de las elecciones pudo realizar dos viajes de Estado a México y los Estados Unidos, así como estar presente en la cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, después del 20-N ha tenido que aplazar o suspender importantes visitas a Arabia Saudí, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, con los lógicos inconvenientes para su impulso internacional y para los países anfitriones, que ya tenían organizados los viajes.

En este año, la nueva realidad política ha añadido otros problemas para el Rey como la mayor presencia del republicanismo, un acontecimiento que pese a no ser invasivo resulta inquietante para La Zarzuela por su ruido y potencial de contagio. La debilidad del bipartidismo ha dado oxígeno a nuevas organizaciones políticas con una inspiración republicana muy efervescente y un activismo no menos dinámico.

Media docena de Ayuntamientos catalanes han declarado persona non grata a Felipe VI y a la familia real (algo que no le ocurrió a su padre en el País Vasco en los años más duros). Un hecho que, más allá de la tensión territorial de Cataluña, salpica a otros puntos de España y conecta con los ecos de otros Consistorios (incluso algún Parlamento) que retiraran símbolos monárquicos de sus dependencias. Con todo, uno de los golpes de efecto que más ha dolido en La Zarzuela ha sido la decisión del Gobierno de Navarra de sacar a la Casa del Rey de la entrega del premio Príncipe de Viana, al que estaba vinculado desde 1993.

La infanta, en el banquillo

Pero siendo una carga pesada la derivada de la situación política, al segundo año del Rey no le han faltado grados de dificultad añadidos. La celebración del juicio del caso Nóos, iniciado el pasado 11 de enero, constituye un acontecimiento histórico por sentar en el banquillo a la hermana del Rey, la Infanta Cristina, procesada como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a su esposo, Iñaki Urdangarin.

A pesar de que Felipe VI, en una de las decisiones más complicadas de su vida, revocó el ducado de Palma a su hermana como cortafuegos entre la institución que representa y su propia familia, cada comparecencia de Cristina de Borbón en el juicio se ha vivido con palpable incomodidad en La Zarzuela. A pesar de que ya no forma parte de la familia real, no deja de ser la hermana del Rey y conserva sus derechos dinásticos, a los que no ha renunciado pese a las presiones. Los efectos del caso siguen percutiendo sobre la Corona. A ello contribuye el desfile ante el juez de ex altos cargos de La Zarzuela como Alberto Aza, Fernando de Almansa, José Manuel Romero o el secretario de las infantas Carlos García Revenga. Incluso de antiguos amigos íntimos como José Luis Ballester,Pepote, ex director general de Deportes del Gobierno balear.

A la inquietud por el alboroto mediático de Nóos, se ha unido la difusión el pasado marzo de unos mensajes privados entre los Reyes y el empresario Javier López Madrid, una persona de su círculo de amistades, lo que ha supuesto otro contratiempo para la imagen de Felipe VI. Según las conversaciones de ese chat incorporado a una causa judicial, López Madrid, implicado en el caso de las tarjetas black y también investigado en la trama Púnica por la presunta financiación ilegal del PP, recibió ánimos por parte de los Reyes en pleno escándalo, en octubre de 2014. Aunque el Rey había cortado la amistad con el empresario días después, la publicación de los mensajes ha traído nuevas turbulencias a la Casa del Rey.

Pero en este tiempo la Casa del Rey también ha dado significativos pasos para mejorar la imagen de la institución mediante la transparencia. Medidas que eran lógicas tratándose de la jefatura del Estado, pero que su antecesor en el trono nunca había llevado a cabo. Ha sido el año en el que La Zarzuela ha adoptado la nueva normativa de contratación, en la que pese a mantener la naturaleza privada se ajusta a los principios que rigen la contratación pública de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. También ha sido el año en el que la Corona ha hecho públicos sus contratos de 2015 y ha difundido por primera vez la lista de regalos institucionales recibidos. Y la primera ocasión en 40 años en que La Zarzuela se ha sometido una auditoría externa de sus gastos, que cerró con un superávit de 177.130 euros.

Amenaza en Cataluña

En el segundo año en el trono, el mayor problema que el Rey ha tenido sobre la mesa sigue siendo la ofensiva del independentismo catalán, que tras los sucesivos desencuentros entre el Gobierno central y la Generalitat se ha robustecido en las principales instituciones de Cataluña y ha convertido su discurso en hegemónico. No es un problema sobrevenido, pero sí el más trascendental para Felipe VI, que simboliza la unidad y permanencia del Estado y tiene que ejercer una función arbitral y moderadora del funcionamiento regular de las instituciones.

En este período, el Rey, en función de sus limitadas atribuciones, ha tratado de terciar en el conflicto manteniendo abiertas las líneas de diálogo incluso en medio de la escalada. Aunque, a tenor de los resultados, sin éxito. Felipe VI ha estado en medio de dos extremos que parecían retroalimentarse. En uno, el partido en el Gobierno de España, el PP, para el que la custodia de la unidad de la patria representaba una bandera lo suficientemente ancha como para tapar su escandalosa situación judicial por los casos de corrupción. En el otro, Convergència, el partido que gobernaba la Generalitat, para el que la independencia cumplía idéntica función.

Tras una sucesión de llamadas a la unidad en sus discursos, el Rey puso en marcha en julio una serie de audiencias con presidentes autonómicos con el objeto de incluir un encuentro extraordinario con Artur Mas con aparente formato ordinario. En esa audiencia Felipe VI constató que el proceso en el que se había embarcado en entonces presidente catalán no tenía vuelta atrás.

Los mensajes del Rey fueron subiendo de intensidad con el desarrollo del proceso. El 13 de noviembre, un día después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán, intervino directamente en la crisis. En un intenso discurso pronunciado en un acto de la Marca España afirmó que la Constitución prevalecería ante las intenciones separatistas.

La esperanza de La Zarzuela era que las elecciones catalanas primero, y luego las generales, abrieran un nuevo período con nuevos actores que pudieran oxigenar el ambiente y desactivar el enfrentamiento. Los comicios catalanes, lejos de descongestionar la situación, añadieron más leña al fuego. Y La Zarzuela, en un gesto muy criticado desde todo el espectro político, aportó su contribución a la hoguera al negarse a recibir a la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, para que comunicara la investidura del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Las elecciones generales, con su resultado improductivo, no han arreglado la situación y la interinidad del Gobierno de España es percibida como una oportunidad por la Generalitat, aunque zancadilleada por la CUP, consagrada a la causa independentista y aferrada a su hoja de ruta.

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