Cuando 25 años lo es todo

La figura senatorial, desaliñada, del fiscal Zaragoza ha neutralizado el espectáculo mediático y victimista que propagó la defensa de los 12 apóstoles en el banquillo del Tribunal Supremo. Hizo una llamada al orden, al escrúpulo penal y a la rutina. Y compareció —comparece— sepultado entre escritos y legajos, como si hubiera trasladado su propio despacho al sitial de terciopelo que ocupa en el juicio. Y como si las montañas de papel intimidaran el destino de los acusados.

Javier Zaragoza es aragonés. No de Zaragoza, sino de Alcorisa (Teruel). Tiene 64 años. Y disipa con su imagen y con su verbo la abstracción o la evanescencia de la Fiscalía. Quiere decirse que el ministerio público tanto es una institución judicial como una expresión humana.

Zaragoza la ha representado en los escenarios de mayor gravedad y profundidad. Empezando por la experiencia de combatir al terrorismo etarra desde la fiscalía de Gipuzkoa o desde su despacho de fiscal jefe en la Audiencia Nacional. Participó en el juicio del 11-M. Ha sido el azote de las grandes operaciones antidroga. Y se ha significado explícitamente contra del soberanismo.

De hecho, emprendió desde su puesto en la Audiencia las causas de sedición contra los alcaldes catalanes que suscribieron la resolución independentista del Parlament en noviembre de 2015. Terminaron archivándose, razón por la cual la prensa más afín a la propaganda indepe desautoriza su cualificación y su objetividad en el juicio a los artífices del procés.

El desafío de Zaragoza consiste en demostrar que Junqueras y sus compadres cometieron, en efecto, un delito de rebelión. No hay consenso al respecto entre los juristas, como no lo ha habido en la dilatación de la prisión preventiva, pero Zaragoza sostiene que la rebelión puede detallarse conceptual, fáctica y físicamente. Hubo un desafío al Estado y a la Constitución. Se incurrió en violencia e intimidación. Y constituye “una falacia de proporciones colosales”, así lo ha dicho, relacionar el juicio con una persecución de ideas y una causa general al independentismo.

Javier Zaragoza tiene reputación de progresista, de obstinado, de perfeccionista. Y comparte con tres colegas —Cadena, Madrigal, Moreno— tanto el peso de la acusación a los insurrectos como la resistencia a las presiones ajenas al juicio. No solo las mediáticas ni las propagandísticas. También las políticas, entre otras razones porque los partidos independentistas habían exigido al Gobierno que presionara a la Fiscalía para hacer naufragar el delito de rebelión. El brochazo deslucía la separación de poderes y frivolizaba con la autonomía y el criterio de los fiscales mismos, pero el propio Ejecutivo contribuyó al malentendido o a la expectativa cuando la Abogacía del Estado, en contra del criterio de la Fiscalía, optó por degradar las responsabilidades al delito de sedición.

La concesión ha perdido envergadura y credibilidad desde el momento en que se ha roto la negociación para los Presupuestos del Estado. No iba Zaragoza a aceptar consignas ni indicaciones en ningún caso, pero tendrá que esmerarse para conseguir los 25 años de cárcel —el doble de la pena solicitada por la Abogacía del Estado— que le pide a Oriol Junqueras por haber orquestado la gran trama secesionista. Zaragoza tiene que darle la vuelta a la letra del tango de Gardel. Para él —y para Junqueras—, 25 años van a serlo todo.