Podemos y la oposición se preparan ya para el final de la legislatura

El pasado miércoles, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo intentaba justificar las razones de encargar a un “relator” la tarea de facilitar las conversaciones entre los partidos en Cataluña, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, entraba en La Moncloa con un documento Excel. Dejaba así por unas horas su permiso de paternidad, porque como explicó la portavoz de la formación morada, Irene Montero, ocuparse del cuidado de sus hijos “no quiere decir que te sepulte la tierra”. Iglesias quería exponer gráficamente a Pedro Sánchez, los incumplimientos del acuerdo firmado entre Podemos y PSOE en octubre para cuadrar los presupuestos para 2019.

Montero efectuó un balance del presupuesto “de mínimos” pactado con el PSOE como el más social y mejor posible, pero también admitió que muchos puntos de esas 50 páginas siguen sin cumplirse. En cada comparecencia, los dirigentes de Podemos destacan como logros frente a los recortes del PP la subida del salario mínimo a 900 euros, el permiso de paternidad de ocho semanas en 2019 con un coste de 300 millones, el alza del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros o el aumento de fondos del plan estatal de vivienda a fin de presionar a los independentistas y convencerse de que ha merecido la pena esa alianza.

Iglesias y Sánchez hablaron de todo eso, y la sensación con la que se marchó el líder de Podemos fue desconcertante. “La posibilidad de que los nacionalistas catalanes apoyen finalmente que continúe el trámite de los Presupuestos está tan abierta como de que no lo hagan”, admiten en Podemos. Y concluyen: “Si se tumban los Presupuestos, no tiene sentido prolongar esta legislatura porque intentar seguir siquiera hasta octubre sería una agonía”. En Podemos tampoco tienen claro, en ese escenario, si la fecha mejor para los comicios generales tendría que ser el superdomingo 26 de mayo con las elecciones locales y autonómicas ya programadas.

En el PP están volcados ahora en la manifestación de mañana para echar a Sánchez de La Moncloa, porque le consideran abiertamente un presidente “ilegítimo y okupa”. Pero al mismo tiempo preparan en el Congreso un camino sembrado de minas parlamentarias. En el debate de las seis enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, el portavoz del PP (aún no se ha decidido quién) reeditará palabras de Sánchez para evidenciar que no se debería prolongar el mandato sin presupuestos ni por la vía de los decretos ley. Y presentarán el triunfo de esas enmiendas como una derrota premonitoria, especialmente por el rechazo de varios de los socios que apoyaron a Sánchez en la moción de censura.

Precariedad parlamentaria

El PP aprovechará su cupo de iniciativas para llevar a pleno la siguiente semana una moción en la que exige a Sánchez explicaciones de su cita en Barcelona el pasado 21 de diciembre con el presidente Quim Torra, y otra proposición de ley que elegirá entre tres posibles: la inclusión como delito en el Código Penal de la convocatoria de referéndums ilegales, el cierre de las embajadas catalanas en el exterior o la limitación de la financiación a partidos que permitan actos de violencia en las calles. Esas votaciones solo persiguen retratar al PSOE y evidenciar su precariedad parlamentaria.

Los populares dicen en público que no descartan incluso una posible moción de censura. Pero Ciudadanos no está en eso, porque los escaños no suman y porque ni PNV o los grupos nacionalistas canarios la apoyarían ahora como sí respaldaron la anterior. En ese contexto resultó muy simbólica la presentación conjunta entre PSOE y Podemos de una reforma electoral sobre el voto rogado. Parecía que iba a contar con el consenso de PP y Cs, para que entrara en vigor antes de las elecciones de mayo, pero ambos partidos se retiraron del pacto a última hora. Y la imagen en el registro juntos de Montero y Rafael Simancas, portavoz adjunto socialista, desprendió entonces un aire melancólico.