El fraude de los ataúdes de Valladolid afectó a “miles de personas” durante 20 años

Miles de personas afectadas y décadas de estafa. Este es el panorama que ha dibujado este viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que, acompañada por el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita, ha comparecido este viernes para facilitar detalles de la Operación Ignis, que ha concluido en Valladolid con la detención de catorce personas acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos antes de la cremación. El propietario —en cuyo domicilio se han encontrado casi 1 millón de euros en metálico— y los trabajadores del Grupo El Salvador pueden haber cometido un delito de estafa continuada, con penas de prisión de hasta ocho años y multa de 24 meses.

La delegada del Gobierno ha dado algunos detalles sobre la operación desarrollada el jueves para "desenmascarar" a los autores de una estafa que "toca la fibra sensible de los ciudadanos". Según ha denunciado Barcones, los responsables del fraude no solo sustituían los ataúdes caros, que luego revendían, por otros de mucha peor calidad, sino que además también reutilizaban las coronas fúnebres y las flores en sucesivos sepelios.

Las investigaciones se iniciaron en 2017, a resultas del procedimiento judicial contra un trabajador de El Salvador que, una vez jubilado, extorsionó a la empresa para mejorar su pensión a cambio de no desvelar estas prácticas irregulares. El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y que derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora contra la funeraria a raíz de las indagaciones que la policía comenzó a realizar sobre un dispositivo de almacenamiento de datos del condenado que contenía numerosas pruebas documentales y gráficas de la estafa.

La delegada y el mando policial han declinado entrar en detalles sobre este punto, ya que el secreto de las actuaciones acaba de ser levantado por el juzgado para poder facilitar una primera información sobre una "cuestión tan sensible" para muchos ciudadanos. En cualquier caso, la empresa funeraria no ha sido clausurada y seguirá prestando sus servicios.

Un impresionante volumen de documentación

Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y la cercana Santovenia de Pisuerga, localidades en las que la empresa cuenta con instalaciones dotadas de crematorio. Se han realizado siete registros en ellas y en los domicilios de los presuntos implicados. En el del propietario la policía se incautó de 961.785 euros en metálico.

Además del efectivo, los agentes se han llevado varios ordenadores y "un impresionante volumen de documentación", entre ella los libros de registro. 

Las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015, aunque la policía no descarta que los hechos delictivos investigados puedan ampliarse a otros periodos y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, aunque también podrían presentarse acusaciones por pertenencia a grupo criminal e incluso por profanación de cadáveres.

"Les rogamos que tengan calma, ya que estamos en una primera fase de la operación y nos espera un largo y difícil trabajo", ha insistido Zurita, quien ha confirmado que ya se han recibido las primeras denuncias de posibles familias afectadas por estas prácticas. Además, el jefe de la policía ha pedido a los ciudadanos que estén tranquilos y no "bloqueen" las comisarías con la presentación de denuncias, ya que, según ha explicado, los posibles afectados recibirán el debido asesoramiento de la policía y la autoridad judicial para que puedan ejercitar acciones.