Cómo pudo acceder Villarejo a los teléfonos de altos cargos del Estado

Según un informe presentado por Villarejo al BBVA, el banco que le contrató supuestamente para conocer la ofensiva de Sacyr contra su presidente, Francisco González, Sebastián llamó a Rupérez el 18 de enero de 2005 a las 17.32, cuando se encontraba en su oficina de La Moncloa. Según el documento de las supuestas escuchas, publicado por Moncloa.com y El Confidencial, Sebastián puso al aparato a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para que participara de la conversación con el directivo del citado banco.

Presidencia del Gobierno contaba entonces con un Servicio de Comunicaciones dirigido por un teniente coronel del Ejército e ingeniero de telecomunicaciones, al que estaban adscritos policías nacionales, guardias civiles y especialistas en informática. En el marco de la seguridad general con la que contaban todos los altos cargos, De la Vega y Zapatero disponían de un sistema propio que anulaba sus teléfonos fijos y móviles de “forma que jamás podían ser interceptados”, señala un alto responsable de seguridad en La Moncloa en aquellas fechas. “El sistema anula el ADN del teléfono, de forma que este no existe ni puede ser rastreado”, afirma.

Los teléfonos de Presidencia no se pincharon, según exjefes de seguridad de La Moncloa

El teléfono de Miguel Sebastián que figura en el supuesto informe de escuchas remitido por Villarejo al BBVA no contaba con este sistema de seguridad, pero varios responsables de La Moncloa consultados coinciden en afirmar que el teléfono supuestamente pinchado fue el de Ignacio Rupérez, el entonces directivo del Banco Santander.

“Tengo serias dudas de que el teléfono intervenido fuera el de Miguel Sebastián. Todo apunta a que si se intervino algún teléfono para grabar esta supuesta conversación fue el de la persona que le llamó. Nuestros sistemas de seguridad no sirven de nada si hacemos, recibimos o atendemos una llamada de una persona que tiene intervenido su teléfono. Eso es lo que parece que ha ocurrido en este caso”, señala un alto responsable de la seguridad en La Moncloa durante aquella época. Es decir, cualquier sistema de seguridad se viene abajo si se atiende la llamada de una persona cuyo aparato está intervenido.

Durante las dos legislaturas en las que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, la seguridad de La Moncloa estuvo al cargo del comisario Segundo Martínez, especialista durante varias décadas en la lucha contra el terrorismo de ETA en el País Vasco y Navarra.

Un sistema hacía imposible de rastrear los aparatos del presidente y la vicepresidenta

En el marco de la Operación Tándem, que ha llevado a Villarejo a prisión por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan, entre otras actividades ilegales, a varios empleados de compañías telefónicas que supuestamente facilitaron al comisario jubilado el listado de las llamadas de las personas a las que espiaba por encargo de sus clientes. Villarejo habría tenido acceso al tráfico de llamadas de las personas a las que investigó en este caso y posteriormente pinchado supuestamente el teléfono de las más vulnerables entre las que destaca la del mencionado directivo bancario.

En la fecha en la que se produjeron las supuestas interceptaciones telefónicas, el responsable de seguridad en Telefónica era el comisario jubilado Florencio San Agapito que ocupó cargos en Interior con UCD y el PSOE. Dos años después, en abril de 2007, fue detenido en el marco del caso Malaya, una trama de corrupción urbanística en Marbella. Fue condenado por blanquear dinero de Juan Antonio Roca. Durante las supuestas escuchas operaban también otras compañías en el mercado. Hasta ahora no se ha podido acreditar que empleados o responsables de ninguna de ellas colaborara con Villarejo en sus actividades ilegales.

 Un teléfono no puede ser intervenido sin autorización judicial, pero el juzgado que investiga el caso Tándem indaga en supuestas interceptaciones telefónicas realizadas por empleados de varias compañías de los que se habría servido el ahora comisario jubilado Villarejo para alguna de sus actividades delictivas. Entre los detenidos de la Operación Tándem figura el comisario Enrique García Castaño, un experto en la lucha antiterrorista que estuvo al frente de la UCAO, la Unidad Central de Apoyo Operativo, encargada de facilitar la tecnología para los seguimientos policiales y escuchas telefónicas. El hombre que mantenía el contacto con los responsables de seguridad de todas las operadoras.

“Villarejo no contaba entonces, hace 14 años, con tecnología suficiente para intervenir conversaciones de altas autoridades del Estado, sí para interceptar las de particulares. Alguien de las compañías telefónicas le ha tenido que ayudar”, señala un alto cargo policial que ha trabajado con él. “Cuidado con Villarejo. Ha podido conseguir el tráfico de llamadas de estas personas, cosa muy fácil, y hacer un informe ad hoc con supuestas conversaciones para el banco que le pagaba. ¿Dónde están los audios?”, advierte un comisario con el que ha mantenido una estrecha relación personal y profesional.

El Código Penal establece en su artículo 197 que descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, apoderarse de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

En 2004, Villarejo estaba adscrito como agente encubierto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para la que trabajaba desde su reincorporación a la policía en 1993. En aquellas fechas, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era Alberto Saiz, nombrado por el entonces ministro de Defensa, José Bono.

Expertos consultados destacan la facilidad con la que ahora se puede intervenir un teléfono. “Hay maletines de fabricación israelí que solo cuestan 60.000 euros”, señala un especialista. “Todos los servicios tienen problemas con la seguridad de sus comunicaciones. Tantos problemas que hasta la OTAN utiliza los datos para comunicarse porque considera que es más difícil de interceptar”, explica un comisario.