Las impugnaciones por endogamia tensan el concurso para dirigir RTVE

La lista de los 20 candidatos elegidos por el comité de expertos para formar parte del consejo de administración de RTVE se ha visto salpicada por un aluvión de impugnaciones. Muchos de los excluidos, y también algunos de los seleccionados, han recurrido la resolución por discrepancias en la aplicación de los baremos para puntuar los méritos. Consideran que el concurso ha tenido un “sesgo endogámico” al primar a aspirantes que son periodistas y que, además, acumulan una larga experiencia laboral en la corporación estatal.

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Después de analizar los 95 expedientes admitidos, el BOE publicó el 18 de diciembre el listado de los candidatos con sus respectivas valoraciones. La clasificación está encabezada por la periodista TVE y exdirectora de Informe semanal Alicia Gómez Montano, que obtuvo 83,57 puntos, seguida de Javier Montemayor (83,3), director de contenidos en la televisión de Castilla-La Mancha, y Rafael Camacho (79,2), ex director general del ente público andaluz.

Muchos de los que han quedado fuera, pero también algunos de los seleccionados, han estado ultimando en los últimos días sus recursos ante la Mesa de la Comisión Mixta de Control de RTVE. El plazo termina hoy y fuentes del Congreso aseguran que antes de fin de año el Registro de la Cámara estaba “calentito”. Entre los elegidos, algunos consideran que no les han sido reconocidos años de profesión. Es el caso de Agustín García Matilla, que confía en que los partidos estén ahora “a la altura”.

Quienes han superado el examen recurren para preservar su posición. Los excluidos reclaman que se revisen sus calificaciones. Creen que el proceso ha sido “una farsa” y un “apaño”, ya que los baremos han permitido subir a unos la nota y bajarla a otros. En general critican que se anunciaran las bases para puntuar los currículos después de que estos hubieran sido presentados. “Los baremos se han hecho de tal manera que favorecen la endogamia”, critica uno de los excluidos. En su opinión, la ley establecía que los aspirantes debían ser profesionales del sector de la comunicación, pero la Mesa del Congreso y el Senado y la Comisión Mixta interpretaron que eso significaba ser periodista. “Estaba claro que si no eras periodista y no habías tenido puestos en RTVE ibas a quedar fuera”, explica la misma fuente.

Esta vara de medir ha marginado prácticamente de entrada a determinadas profesiones, entre los que se encuentran los ingenieros de telecomunicaciones. Bajo el paraguas de las normas y los baremos se ha limitado el perímetro de la ley respecto a los aspectos curriculares. En la lista de los 20 electos figura el director de TVE, Eladio Jareño, pero no José Ramón Diez o Ramón Colom, que desempeñaron ese mismo cargo. Ambos han cosechado una nota baja en el plan de gestión.

El proyecto mejor puntuado, con 27 puntos sobre 30, ha sido el de Roberto Mendes, cuyo texto es considerado “muy trabajado, bien estructurado, con alta calidad en sus contenidos, análisis y propuestas”. También destacan los de Juan Jesús Buhigas (24,6 puntos), Juan Manuel Romero (22,5), Agustín García Matilla (22,3) y José Manuel Pérez Tornero (22). Todos han pasado el corte y están en la lista de los 20.

Las críticas más comunes se centran en la valoración de los “méritos”. Las dudas sobre los baremos se plantearon en las primeras reuniones del comité de expertos y para despejarlas se acordaron entonces una serie de criterios interpretativos. Entre ellos, que los editores de los telediarios o jefes de áreas de una redacción pudieran puntuar en el apartado relativo a “realización de funciones de control o similar responsabilidad”. Este criterio ha beneficiado claramente a determinados profesionales de TVE.

Miguel Ángel Sacaluga, que ha sido durante 18 años consejero de RTVE y presenta una larga trayectoria en los Informativos de la corporación, discrepa de la interpretación de los baremos por parte del comité de expertos y solicita en su recurso que se anule aquel acuerdo porque “es contrario a derecho tanto en el fondo como en la forma”. Ubicado en el puesto 23º, reclama que se realice una nueva evaluación “objetiva” de los méritos de todos los candidatos por parte de la Comisión Mixta y mantiene que el proceso ha estado plagado de irregularidades e ilegalidades.

Grupos dispares

Para su evaluación, los 95 expedientes se repartieron en tres grupos. Uno de ellos califica varios proyectos con un cero y en otro abundan los comentarios ásperos sobre los trabajos presentados. De unos proyectos se dice que son pretenciosos o pésimos, o que no cumplen los mínimos estándares de calidad. De otros se critica que parecen un manual copiado de Wikipedia, que tienen nulos análisis, diagnósticos y propuestas, que son superficiales o caóticos y que contienen “información personal que no interesa”.

Algunos de los afectados consideran que este tipo de comentarios “son humillantes” y en ocasiones “infundados”. Sacaluga discrepa de la manera en la que se ha puntuado su documento y de las apreciaciones que aparecen en su ficha. Obtuvo un 6,5 y en la evaluación se dice que “es un proyecto extenso por la gran documentación que aporta pero no por su contenido y sus propuestas, que son escasas o inexistentes”. Reclama la revisión porque “no es cierto que no incluya propuestas”.

Otros candidatos que también han quedado fuera, como el abogado Ángel García Castillejo, han declinado recurrir pese a que tampoco se le valoran sus años de trabajo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o su labor como coordinador de la Ley Audiovisual. García Castillejo cree que el concurso ha sido “una experiencia fallida, con errores de partida” y considera que el principal problema fue que el real decreto no especificara las normas de la convocatoria. Se habría evitado así publicar los criterios interpretativos una vez comenzada la evaluación de los currículos, algo que, para muchos, es un motivo claro de nulidad.